El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y a la Comisión de Seguimiento Carcelario un extenso informe con más de 40 medidas para reformar el sistema penitenciario uruguayo. El documento, al que accedió El Observador, también fue remitido a organismos del Poder Ejecutivo y Judicial, plantea que solo un Pacto de Estado, sostenido en el tiempo y con respaldo político e institucional, puede garantizar una transformación real y duradera del sistema.
El planteo parte de un diagnóstico reiterado: el sistema carcelario uruguayo está en crisis, afectado por el hacinamiento, la violencia, la obsolescencia edilicia y la falta de actividades educativas, laborales y de rehabilitación. Según el Comisionado, la situación requiere acciones inmediatas, pero también cambios estructurales de mediano y largo plazo, articulados entre distintos poderes del Estado y con participación de la sociedad civil.
Acciones urgentes
Entre las medidas de corto plazo se propone la creación de un Grupo Ejecutivo ad hoc, liderado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) e integrado por organismos clave como ASSE, MIDES, el sistema educativo, el Ministerio de Obras Públicas, la Junta Nacional de Drogas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Su objetivo sería atender de forma prioritaria las situaciones más críticas, sobre todo en el área metropolitana, con foco en unidades como el Comcar, Canelones, Penal de Libertad, Maldonado y la Unidad 5 Femenina.
Se plantea además la elaboración de un Plan Estratégico de reformas, con metas, cronograma, recursos asignados e indicadores claros, y un llamado a reforzar los rubros presupuestales destinados al funcionamiento y mejora del sistema. Como medida clave, se propone también avanzar hacia la descentralización del INR, dotándolo de autonomía y capacidad de gestión, más allá de la eventual creación de un Ministerio de Justicia.
El informe detalla 23 medidas específicas que abarcan desde la mejora de la alimentación, la atención de salud mental y adicciones, hasta reformas edilicias, aumento de las actividades educativas y deportivas, mejor coordinación con las familias de los internos y más control sobre los sectores de alta conflictividad.
A mediano plazo, el informe sugiere reformar la normativa penal y procesal para reducir la población carcelaria y fomentar el uso de medidas alternativas, especialmente para delitos leves o personas con bajo perfil de reincidencia. Se propone restablecer la redención de pena por trabajo o estudio, ampliar los criterios para la libertad anticipada y permitir la suspensión condicional del proceso en más casos.
Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas del mundo, lo que, según el Comisionado, no puede considerarse un éxito de política pública sino una señal de alarma. Este fenómeno se vincula tanto con reformas legales restrictivas como con factores sociales estructurales: pobreza, consumo problemático, ruptura de vínculos familiares, falta de oportunidades y atención insuficiente en salud mental.
Un nuevo modelo integral de rehabilitación
El tercer eje del informe apunta a construir, en el mediano plazo, un nuevo modelo integral de sanción penal basado en las “Reglas Mandela” y centrado en la rehabilitación y la reinserción social. Entre las 19 medidas estructurales se destacan:
-
Creación de Centros de Inserción Social o unidades “de medio camino”, que combinen supervisión con libertad controlada y programas formativos para personas con penas leves o en proceso de egreso.
Implementación de un módulo especializado en salud mental para personas con patologías crónicas, que hoy se agravan dentro del régimen carcelario.
Constitución de una Fiscalía Penitenciaria que atienda delitos dentro de las cárceles, con conocimiento específico del sistema.
Creación de un fondo concursable para actividades socioeducativas, que permita incorporar de manera estable a organizaciones de la sociedad civil.
Formalización del trabajo carcelario, garantizando condiciones laborales dignas, aportes previsionales y autonomía económica.
Reformulación del modelo penitenciario para mujeres, con una subdirección técnica nacional especializada, medidas alternativas diferenciadas y programas específicos para madres con hijos.
Fortalecimiento de la educación en cárceles con una oferta adaptada a las necesidades reales y orientada a la inserción laboral.
Ampliación del apoyo postpenitenciario, reforzando programas como el PIA del MIDES y la Dirección Nacional del Liberado, con foco en el acompañamiento de los primeros seis meses tras la liberación.
El informe también hace un llamado a reforzar la actuación del Poder Judicial en la garantía de condiciones mínimas de cumplimiento de pena, y a equilibrar los recursos entre Fiscalía y Defensa Pública para garantizar el acceso igualitario a la justicia.
