El juez Alejandro Recarey aceptó la “medida de no innovar solicitada” y ordenó a OSE que “no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo”, según la sentencia a la que accedió El Observador, y de esta forma frenó el que se iba a construir en Arazatí para tener una nueva fuente de agua para potabilizar.
La demanda había sido presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y por la organización social los Tucu Tucu y apuntaba contra el Ministerio de Ambiente, OSE y el Ministerio de Salud Pública. Los tres ya informaron que apelarán la decisión de aceptar la medida cautelar pedida por las organizaciones.
La paralización de la obra es “hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”, según había informado El País.
La demanda plantea que el proyecto viola la Constitución porque el artículo 47 de la carta magna die que "el servicio público de saneamiento y el servició público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".
El proyecto, dice la sentencia, plantea que será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura de la toma de agua del Río de la Plata y hará su potabilización para luego entregársela a OSE en Melilla.
"De modo que la tarea de despeje jurídico pertinente pasa por definir qué fases de la producción de aguan quedan incluidas en 'abastecimiento'", agrega el documento.
Luego de hacer un repaso por distintos temas vinculados al proyecto y aclarando que se trata de una medida cautelar que no se expresa sobre el fondo del asunto, el juez Recarey decidió acceder al pedido.
"Se dispondrá la admisión de la medida cautelar, porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable. En infracción constitucional", dice el fallo y agrega que también se podrían estar vulnerando normas atinentes a la Política Nacional de Aguas.
"Eso en cuanto hay extremos indiciarios serios, que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podían disfrutar (proveniente de otras fuentes más limpias)", agrega.
Tras la apelación de OSE, el MSP y el Ministerio de Ambiente será ahora un Tribunal de Apelaciones el que decida al respecto.
Recarey es el mismo juez que en julio de 2022 accedió a un recurso de amparo presentado por los movimientos antivacunas que obligó a suspender la vacunación anticovid en niños menores de 13 años.
Por esa decisión, la Suprema Corte de Justicia decidió separarlo del cargo y suspenderle el cobro de su sueldo, al entender, entre otras cosas, que había puesto "en riesgo la salud y la vida de los menores de 13 años durante un tiempo indeterminado".
Los cuestionamientos al proyecto Neptuno
El proyecto Neptuno, en el balneario Arazatí en San José, es una obra del gobierno que nació a partir de una iniciativa privada del consorcio Aguas de Montevideo –conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast–, que posteriormente ganó la licitación. Plantea la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana que será alternativo y complementario al de Aguas Corrientes.
El proyecto fue cuestionado por la oposición frenteamplista que entendía que era necesario avanzar primero con la represa en Casupá, un proyecto de menor escala que funcionaba como un apoyo de la planta de Aguas Corrientes.
Las organizaciones civiles, al igual que el Frente Amplio, cuestionan que el lugar de dónde se va a tomar el agua para el potabilizar en este proyecto tiene una mayor salinidad así como también señalan que puede haber floración de cianobacterias.
