La jueza Diovanet Olivera rechazó la solicitud de dos abogados de víctimas de Conexión Ganadera de convocar a una nueva audiencia para analizar las medidas cautelares fijadas sobre Daniela Cabral, viuda del fundador de la empresa Gustavo Basso, luego de que se constataran fallas en el dispositivo electrónico que monitorea el cumplimiento de su prisión domiciliaria.
Tal como había informado El Observador, la jueza había solicitado un informe a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) para conocer por qué razón la tobillera electrónica había dejado de emitir señal por algunos minutos el 7 de mayo entre las 21:34 y las 22:15.
Dicho informe concluyó que la interrupción en la señal "no significa que el usuario salió del domicilio". Y explicó que "la alerta en el sistema se genera cuando el dispositivo Tracker y la tobillera se aleja entre si a una distancia de 5 metros".
Con esa respuesta, varios abogados que representan a damnificados entendieron que no ameritaba tomar más acciones, pero otros dos —Juan Pablo Decia e Ignacio Durán— habían pedido igualmente que se realice una audiencia judicial.
Este viernes, sin embargo, la jueza Olivera rechazó la solicitud.
En el escrito, al que accedió El Observador, la jueza aludió a lo "manifestado por Fiscalía" —encabezada en este caso por Enrique Rodríguez, de Lavado Activos— en el sentido de "no instar medidas adicionales tras el informe aclaratorio del organismo de contralor de la medida cautelar", en relación al informe de la Dinama.
De esta manera, Olivera entendió que "no corresponde acceder a la solicitud de nuevos informes ampliatorios y audiencia de revisión de medida cautelar".
