Desde que Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege fueron detenidos en Uruguay en enero de 2018, la justicia argentina, que pretende imputarlos por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación, ha venido reclamando que se resguarden los bienes que el exsindicalista de Empleados de la Minoridad y la Educacion (Soeme) compró en Uruguay.
Sin embargo, los bienes que quedan decomisados son pocos y como en Argentina no fueron condenados, el juez de La Plata Ernesto Kreplak no tiene la potestad de decidir sobre ellos. Por ahora uno de los bienes incautados y que está decomisado a pedido de la justicia argentina es el chalet Sounion de Playa Verde. Esa propiedad fue una de las que la justicia de Crimen Organizado decomisó cuando condenó a Balcedo y a Fiege en 2020 por proceso abreviado.
Pero la casa aún no fue rematada. Si bien en febrero de 2022 el entonces prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, autorizó la venta del chalet por medio de subasta pública, el 15 de junio de ese mismo año otra resolución dejó sin efecto la venta que estaba prevista para el 14 de junio de ese año. El motivo fue que la Justicia de Crimen Organizado no hizo lugar al levantamiento del embargo dispuesto sobre el inmueble que fuera decretado en cumplimiento de una solicitud de cooperación penal internacional, por carecer de competencia para ello, y mantuvo la medida cautelar.
La última resolución sobre el chalet publicada en Presidencia con fecha 25 de julio de 2024 da cuenta de que se contrató un servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes para ese chalet y para Quincho Grande, dónde recidió el narco mexicano Gerardo González Valencia, también decomisado. Se le adjudicó la licitación a la empresa Ricci García Gonzalo Ernesto por un total de $ 702.720 anuales. En el caso del chalet Sounion el precio mensual de mantenimiento es de $ 8.000 mientras que el de Quincho Grande es de $ 40.000.
Según informó Infobae el 2 de enero, Kreplak envió un nuevo exhorto a Uruguay reclamando que todos los bienes identificados en el expediente sean puestos en manos de Interpol para resguardarlos, hasta que puedan ser condenados en Argentina. Además pidió información sobre la entrega de 25 hectareas de la chacra “El Gran Chaparral” tras un remate judicial, donde viven Balcedo y Fiege.
Parte de la chacra, en total unas 25 hectáreas que corresponden a los padrones 7816 y 1459 fueron decomisadas y rematadas y están en litigio judicial. En octubre pasado, la jueza civil de 11° Turno, Lola Gómez, ordenó que Balcedo y Fiege debían entregarla a Ana Paola Palma, hija del presidente del Liverpool Fútbol Club, José Luis Palma, quien las adquirió en una subasta.
Fiege dijo a El Observador que esas hectáreas no han sido entregadas y siguen en juicio. Además aseguró que "el 80% de los bienes les fueron devueltos" por la justicia.
_CDS7923.webp
Paola Fiege es esposa del empresario argentino Marcelo Balcedo,
Camilo dos Santos
El juez de La Plata acusa a Balcedo de la desviación de 600 millones de pesos argentinos que correspondían a los aportes de los afiliados al Sindicato, entre 2012 y 2018. Al actualizar esa cifra según la tasa activa del Banco Nación, alcanzó a $2.515.707.600.
Fiege sostuvo que ellos quieren declarar por videoconferencia ante Kreplak para que se esclarezca su caso pero no se ha concretado esa declaración. Insiste en que no se ha probado en Argentina que se hayan apoderado de los bienes del Soeme porque nunca se hizo una auditoría. En Argentina han sido condenados varios integrantes del sindicato.
La devolución de los bienes a Balcedo y Fiege por parte de la Justicia
Cuando el exsindicalista y su pareja fueron condenados por proceso abreviados, el 1 de octubre de 2020, se declararon culpables, él por lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas, mientras que ella se hizo autora del delito de asistencia para el lavado de activos. A cambio, entregaron algunos bienes para ser rematados y otros como medida cautelar mientras durara el cumplimiento de la condena y luego les serían devueltos.
La entonces jueza de Crimen Organizado María Elena Mainard autorizó el decomiso de algunos bienes entre los que estaba el chalet de Playa Verde, US$ 4 millones depositados en el BROU, dos automóviles Porsche, un Chevrolet Camaro, y una camioneta Rover Range, así como armas y municiones (dos Glock calibre 40, una carabina Colt calibre 22, un revolver Ruger calibre 38, cartuchos y cargadores).
En esa misma sentencia se ordenó devolverles US$ 2,6 millones y $26 mil depositados en el BROU, y se levantaron las inmovilizaciones de las cuentas que tenían en Scotiabank y otras dos cuentas del BROU.
06ac17chacra_10x5_mu_20180109115859_961.webp
El Gran Chaparral, la mansión del empresario argentino Marcelo Balcedo en el departamento de Maldonado
Marcelo Umpiérrez
Los bienes que quedaron embargados mientras cumplían la pena, y les serán devueltos o ya les fueron entregados, son varios padrones de Maldonado que componen la chacra El Gran Chaparral, propiedad de Balcedo y Fiege o de sociedades a su nombre, los derechos de propiedad de otros dos padrones así como la camioneta Ford Raptor, el Mercedes Benz McLaren, la Ferrari, la camioneta Dodge, un camión con volcadora, cuatro motos de agua, un jet ski, un cuatrociclo, tres tractores, otros tres vehículos todoterreno, retroexcavadora, compactador, rotativa y cargador frontal.
Algunos de esos bienes como las motos de agua, tractores y otros vehículos fueron decomisados en la sentencia de la Justicia por la que se condenó por lavado de activos, a Damián Burgueño, quien fuera abogado de Balcedo, a la pena de 2 años y 8 meses con libertad a prueba.
Los bienes que sí se remataron en agosto de 2021 fueron el Porsche Panamera por US$ 81.000 más comisión, el Chevrolet Camaro 2SS fue rematado a US$ 55.000, mientras que la camioneta Range Rover 5.0 HSE Supercharged fue subastada en US$ 78.000.
Cómo sigue el caso Balcedo en Uruguay
En los próximos días se vencerá la pena que Balcedo está terminando de cumplir y ambos quedarán a disposición de la justicia argentina, y libres de causas en Uruguay.
Su abogada Adriana Falco confirmó a El Observador que cuando la pena se termine “en estos días" quedarán sujetos al proceso administrativo de la extradición pedida por Argentina. "Hay una solicitud de refugio en trámite, por recursos. Una vez agotados los mismos, deberá de producirse la extradición”.
La justicia rechazó en primera y segunda instancia el pedido de refugio que había pedido su anterior defensor Marcelo Domínguez, y ahora Falco recurrió la última sentencia. La Comisión de Refugiados sugirió el rechazo por entender que no se fundamenta la persecución política que alegaron. Como informó El País, se afirmó que “los requerimientos judiciales de la República Argentina no resultan arbitrarios”.
