La coalición presentó su programa de gobierno y Álvaro Delgado se diferenció del Frente Amplio señalando que no son “lo mismo” y que no esconden lo que piensan
Los candidatos de los cinco partidos que integran la coalición firmaron este lunes el “Compromiso País”, el programa de gobierno que funcionará como hoja de ruta si Álvaro Delgado llega a la Presidencia.
El postulante del Partido Nacional destacó en conferencia de prensa las coincidencias de los socios, cuyos técnicos –liderados por Agustín Iturralde– comenzaron a discutir las propuestas hace una semana, el lunes siguiente a la elección.
Acompañado por Valeria Ripoll, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Eduardo Lust, Delgado planteó que el 27 de octubre la ciudadanía envió un “mensaje” al no otorgar mayoría en las dos cámaras a ningún bloque, lo que constituía un “paradigma nuevo” que los obligaba a buscar acuerdos.
El nacionalista –que de cara al balotaje se presenta como candidato de la coalición– se diferenció del Frente Amplio señalando que no eran “lo mismo” y que no necesitaban esconder sus ideas para ganar la elección.
El programa tiene 33 páginas, está dividido en 22 capítulos y mantiene la mayoría de las propuestas del Partido Nacional e incorpora los principales énfasis de las campañas de los socios como la salud mental, adicciones y seguridad (Partido Colorado), el desarrollo de las pymes (Cabildo Abierto), primera infancia (Partido Independiente) y delitos ambientales (Partido Constitucional Ambientalista).
Aunque las ideas de los blancos son preponderantes, hay una que estaba en el programa y que volvió a quedar por el camino: la libre importación de los combustibles.
Según supo El Observador por fuentes de la coalición, los nacionalistas plantearon incorporarla pero la idea no fue apoyada por los socios. “Profundizar el trabajo en la distribución y comercialización de combustibles de forma de lograr una reducción del precio al público a través de las ganancias de eficiencia en cada etapa de la cadena", dice el programa.
El documento recoge un tema que los colorados –particularmente Robert Silva– consideraban “innegociable”: “impulsar la realización de concursos transparentes para el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos como norma” algo que se promoverá tanto a “escala nacional como departamental, respetando las autonomías constitucionalmente consagradas”.
En el documento, los líderes de la coalición se comprometen a que la tarifa eléctrica “siempre ajuste por debajo de la inflación de forma que siga bajando en términos reales”.
A su vez, plantean avanzar “decididamente” en reformas microeconómicas para que Uruguay sea un “país más barato para vivir y para producir”.
Proponen una política de tarifas para corregir una “inequidad” y que las Pymes paguen costos similares a las residencias particulares en agua y saneamiento. También plantean modificar las regulaciones de cinco grupos de productos (higiene personal, alimentos, tecnología, energía eléctrica y combustibles) para bajar el costo de vida de forma “significativa y rápida”.
Otra de las propuestas, que sigue una preocupación central de Cabildo Abierto, es facilitar el acceso al crédito y evitar la usura. El programa habla de analizar los cambios a la ley 18.212 que regula las tasas de interés y señala que Defensa del Consumidor implementará mecanismos que otorguen garantías para que los deudores puedan reestructurar sus créditos de forma razonable.
En las internas, Delgado planteó que pensaba una disminución de los funcionarios públicos de un 1% anual, aunque en el nuevo programa la meta no aparece y la redacción se limita a señalar que implementarán una “reducción gradual” a partir de la “no reposición de una parte de las vacantes”.
El capítulo de empleo, a su vez, reitera la idea de actualizar las categorías laborales en cada sector de actividad y pone como objetivo la creación de 15 mil puestos de trabajo para jóvenes mediante procesos de contratación ágiles y baratos.
En materia de infraestructura y transporte, los socios de la coalición proponen desarrollar una política de riego, dotar al puerto de Fray Bentos de mayores oportunidades de carga y avanzar con proyectos innovadores en carriles como 18 de julio, avenida Italia y 8 de octubre para “cambiar sustancialmente” la movilidad de la zona metropolitana.
También se comprometen a seguir con el proyecto de universalización de saneamiento iniciado en la administración de Lacalle Pou y reformular el proyecto de la represa en Casupá para explorar “alternativas de financiamiento”.
Una idea que se arrastra desde hace años y que se recoge de los programas de Guido Manini Ríos y Eduardo Lust es la de evaluar la viabilidad de construir un puerto de aguas profundas en el litoral atlántico.
Durante la campaña, Delgado enfatizó en la primera infancia como un tema central de su gobierno, algo en lo que coincidió con el Partido Independiente. El programa recoge esas inquietudes y mantiene la extensión del bono crianza para familias vulnerables con el propósito de lograr una “significativa reducción de la pobreza de los niños y sus familias”.
En materia educativa, el documento incluye la propuesta del PC de establecer la obligatoriedad de la educación desde los tres años y tiene una redacción polisémica sobre la idea del Partido Independiente de unir Secundaria y UTU ya que habla de la “unificación de la gestión de la educación media integrando Secundaria y UTU”.
Una de las pocas propuestas que fue ampliamente debatida antes de las elecciones fue la idea de Delgado de dar un premio económico a los estudiantes de hogares más vulnerables para que terminen el liceo.
La idea era pagarles $80 mil cuando aprobaran quinto y $160 mil cuando terminaran sexto, y se mantiene aunque fue modificada ya que se irá pagando mensualmente como forma de acompañar el progreso, según dijeron fuentes a El Observador. El texto del programa dice genéricamente que implementarán “políticas de acompañamiento económico que permitan a los estudiantes de quintiles más vulnerables finalizar el liceo”.
Para los docentes, plantean que puedan elegir horas por tres años y que las ATD tengan voto secreto. “Se estudiará la concentración de todas las competencias del sistema CTI en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura que pasaría a llamarse Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología”, dice otro punto.
Con la seguridad como principal problema para los uruguayos, el programa de la coalición mantiene la creación del grupo “antimafia” y propone la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tendrá al Instituto Nacional de Rehabilitación a su cargo.
También plantea trasladar a un servicio descentralizado la Secretaría Antilavado (Senaclaft) que funciona en Presidencia y la UIAF del Banco Central.
Los colorados, que reunieron a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) antes de la presentación de Delgado, destacaron que la mayoría de sus propuestas en seguridad se mantuvieron.
Una de las ideas cabildantes era la de crear una cárcel de máxima seguridad, la cual fue incluida. También se propone, como novedad, modificar el decreto que regula el patrullaje de las fuerzas armadas en la frontera para permitirles mayor “flexibilidad”.
El capítulo incluye, a su vez, la incorporación de “al menos 1.500 funcionarios policiales, con especial énfasis en las comisarías de zonas críticas y la Guardia Republicana ampliando sus efectivos y sus bases operativas”.
En sus recorridas por el Uruguay, Manini Ríos hizo del combate al consumo de drogas una de sus banderas, algo que fue recogido en el documento, que habla de reforzar las campañas de bien público, potenciar el programa Familias Fuertes del MSP (liderado por Lorena Quintana que fue compañera de fórmula de Manini) y continuar el programa "Uruguay Previene" de la Junta Nacional de Drogas.
Por el camino quedaron algunas ideas del Partido Independiente que iban en la dirección contraria como son eliminar el registro de compradores de cannabis y limitar las cantidades; la habilitación de nuevos puestos de venta y la propuesta de fomentar una “mirada alternativa al prohibicionismo”.
