La violencia armada que afecta a niños y adolescentes en Uruguay tiene una dimensión que va más allá de las disputas entre grupos criminales. Mientras los adolescentes siguen concentrando la mayor parte de las víctimas, los registros muestran un crecimiento particularmente preocupante entre los más pequeños: los niños de hasta 14 años heridos por armas de fuego pasaron de 15 en 2023 a 27 en 2025. En dos años, el aumento fue de 80%.
El dato forma parte de un informe elaborado por un grupo de trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, integrado por organismos estatales, organizaciones sociales y especialistas. El documento analiza cómo la violencia territorial afecta la vida cotidiana, la educación, la salud y las posibilidades de protección de niños y adolescentes.
El panorama que surge de los registros es preocupante. Entre 2023 y 2025, el Ministerio del Interior contabilizó 238 menores heridos por armas de fuego. En el mismo período, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) registró 326 atenciones de niños y adolescentes por heridas de bala en sus servicios de urgencia y emergencia.
Las cifras no son directamente intercambiables: corresponden a registros diferentes y no permiten establecer cuántos episodios estuvieron vinculados específicamente con la violencia territorial. El propio informe advierte que las estadísticas disponibles también incluyen situaciones de otro tipo, como accidentes domésticos o episodios relacionados con la caza.
Pero la evolución de los datos entre los más pequeños es una señal de alerta. Mientras el total de menores heridos por armas de fuego pasó de 74 en 2023 a 81 en 2025, los casos de niños de hasta 14 años aumentaron de 15 a 27.
La adolescencia continúa siendo la etapa de mayor exposición. Los jóvenes de entre 15 y 17 años representan el 73% de los menores heridos por armas de fuego registrados por el Ministerio del Interior durante esos tres años. También concentran el 59% de los homicidios y el 60% de las tentativas de homicidio contabilizados en el informe.
El documento plantea que el fenómeno no puede entenderse exclusivamente desde la seguridad pública. En algunos territorios, las economías ilegales ofrecen a adolescentes con pocas oportunidades de integración laboral y educativa ingresos, reconocimiento, pertenencia y una identidad que no encuentran en otros espacios.
Esa mirada no desconoce la participación de algunos jóvenes en actividades delictivas, pero advierte que pueden encontrarse simultáneamente en situaciones de vulnerabilidad y de involucramiento en hechos violentos. Para el grupo de trabajo, responder únicamente con medidas punitivas deja fuera parte de las condiciones que alimentan el problema.
La violencia se extiende más allá de Montevideo
Aunque la capital concentra la mayor cantidad de homicidios de menores registrados durante el período, en 2025 el 53% de los casos ocurrió fuera de ese departamento. El informe identifica una expansión territorial que obliga a mirar también lo que sucede en el interior del país.
Sin embargo, uno de los diagnósticos más críticos del documento no está en las estadísticas, sino en la respuesta institucional.
Cuando una familia con niños enfrenta una amenaza de muerte, no existe una ruta estatal suficientemente clara, ágil y coordinada para garantizar su protección inmediata. Los mecanismos disponibles están repartidos entre diferentes organismos, fueron concebidos para situaciones diversas y pueden depender de la capacidad de articulación de los funcionarios que intervienen.
Cuando una familia con niños enfrenta una amenaza de muerte, no existe una ruta estatal suficientemente clara, ágil y coordinada para garantizar su protección inmediata Cuando una familia con niños enfrenta una amenaza de muerte, no existe una ruta estatal suficientemente clara, ágil y coordinada para garantizar su protección inmediata
El problema se agrava porque denunciar no siempre es una decisión sencilla. En contextos donde existen amenazas y temor a represalias, acudir a las autoridades puede exponer todavía más a una familia. Pero no denunciar también puede dificultar la activación de los mecanismos de protección.
El informe señala que los equipos que trabajan en los barrios pueden conocer situaciones de riesgo sin contar con herramientas suficientemente seguras para transmitir esa información. Y cuando una amenaza puede convertirse en un ataque en cuestión de horas, los tiempos habituales de las instituciones pueden resultar insuficientes.
Por eso, el grupo de trabajo propone crear un dispositivo especializado de emergencia y establecer una ruta de protección para niños y adolescentes amenazados o heridos de bala. La respuesta debería funcionar las 24 horas, coordinar a los organismos involucrados y poder activarse incluso cuando no exista una denuncia formal.
La protección tampoco debería terminar cuando pasa la emergencia. El documento advierte sobre la situación de los menores que sobreviven a heridas de bala y quedan con discapacidades o necesitan atención prolongada. Actualmente, no hay una ruta institucional suficientemente definida que garantice la continuidad de los cuidados médicos, el acompañamiento familiar y la inclusión educativa.
La protección tampoco debería terminar cuando pasa la emergencia. La protección tampoco debería terminar cuando pasa la emergencia.
El desafío, concluye el informe, es dejar de responder de manera aislada a cada episodio y construir una estrategia que permita anticiparse a los riesgos, proteger a las familias y acompañar a los niños afectados mucho después de que cesen los disparos.
