Modificar la ley de despenalización del aborto es, para las autoridades sanitarias, una de las prioridades de este año. Los legisladores oficialistas coinciden, pero temen que el debate quede alterado por la visita del Papa a Uruguay. Mientras, ¿cuál es el apoyo de la ciudadanía, según sus características, a que una persona puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo?
¿Qué cambios quieren hacerle a la ley de aborto?
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Aumentar las semanas posibles para interrumpir el embarazo
En Uruguay solo se puede abortar antes de la semana 12 de gestación. Las únicas excepciones son cuando existe una violación (se extiende a 14 semanas) o cuando está en riesgo la salud de la mujer. Pero las unidades académicas y la comparación internacional coinciden en que el tiempo en Uruguay se quedó “demasiado corto”y eso trae problemas de acceso al derecho. Incluso a veces se producen abortos por pronósticos probabilísticos no tan fiables que podrán evitarse.
Argentina, un país mucho más católico que Uruguay, despenalizó permitiendo hasta la semana 14. Colombia, también más religioso, dejó hasta la semana 20 que es previo a que un feto pueda sobrevivir fuera del útero.
Hay casos más extremos como Canadá en donde no hay fecha prevista o Francia donde la interrupción del embarazo es un derecho consagrado en la Constitución.
Pero más allá de comparativos, un trabajo de la ONG Iniciativas Sanitarias explicó los problemas que están detrás de la tiempo tan breve que permite la normativa uruguaya. “Ampliar el plazo a al menos 14 semanas permite contar con tiempo realista para detectar y procesar un embarazo; reduce desigualdades de acceso, sea por barreras logísticas como costos, distancia a centros médicos, trámites, o situaciones de violencia; permite el completo acceso a información médica adecuada para tomar decisiones; armoniza con prácticas comparables en términos de evidencia médica (como el diagnóstico prenatal); y adecuarse a legislación internacional”.
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La inclusión de las mujeres inmigrantes
Como Uruguay había sido el primer país de Sudamérica en permitir la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer, la ley les quita el derecho a quienes residen hace menos de un año en el país. Los legisladores temían un “turismo abortivo”, como si la decisión y el acto de abortar —sobre todo para las más vulnerables— sea tan sencillo que hubiera una avalancha de mujeres haciendo fila.
Catorce años después, el aborto legal ya es una realidad en otros países del vecindario y en buena parte de las zonas más desarrolladas. Sin embargo, una inmigrante reciente que llega a Uruguay y queda embarazada sin planificación ni deseo, queda por fuera de la ley.
Eso contradice el derecho de equidad que promueven las propias leyes migratorias de Uruguay y hasta la base constitucional en que los servicios son de acceso a los habitantes sin importar su nacionalidad de origen.
Cuatro de cada diez profesionales que trabajan con el IVE ponían a la exclusión de las inmigrantes como una de las principales barreras del aborto seguro en Uruguay.
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Desburocratizar equipo interdisciplinario y quitar la semana de reflexión
La ley de interrupción voluntaria del embarazo se concretó tras negociaciones políticas. En el mundo habían países con normas más liberales incluso hace casi medio siglo. Pero en Uruguay, donde ya hubo intentos tras la salida de la dictadura, el caso más concreto lo vetó en el primer mandato de la izquierda, el entonces presidente Tabaré Vázquez. Por lo cual la norma aprobada fue bajo el mandato de José Mujica y con una propuesta del Partido Independiente.
Para que la iniciativa juntara los votos, se incorporó la obligatoriedad de una semana de reflexión y, además, la actuación conjunta y presencial de un equipo interdisciplinario.
En la práctica eso es difícil de que se concrete en tiempo, sobre todo en lugares del interior donde es difícil que coincidan a la vez los distintos profesionales (si es que encima no son objetores de consciencia).
La telemedicina, así como la posibilidad del seguimiento posterior más que el anterior, son parte de la directrices que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Ya en 2022, tras analizar distintos casos, la OMS dio evidencia de que los períodos de espera obligatorios retrasaban el acceso al aborto, a veces hasta el punto de que el acceso de las mujeres al aborto o la elección del método de aborto se veían restringidos en ese contexto. Los estudios demostraron que los plazos de espera obligatorios se experimentaban negativamente, como una restricción del acceso al derecho”.
En Uruguay, donde la tasa de abortos no es de las más altas del mundo, la semana de reflexión mueve la decisión de apenas el 5% de las embarazadas que quieren interrumpir. Y la evidencia ni siquiera asocia a que sea la reflexión como tal.
Iniciativas Sanitarias había dicho que también es necesario eliminar el delito de aborto del Código Penal. Dicen que "es un delito en desuso e injusto: no solo casi no existen condenas por este delito, sino que cuando existen solo recaen en las mujeres más vulnerables".
Algunas unidades académicas de Ginecología proponen que la prescripción de la medicación para IVE no tenga por qué recaer solo en ginecólogos, dado que en pacientes sanas y con los debidos controles hay otros profesionales (incluso no médicos como parteras) que podrían asistir sin riesgo sanitario alguno.
Y por último hay una cuestión más administrativa, y menos legal, de modificar y actualizar el manual de procedimientos para el IVE. Ahí entra la telemedicina entre otros cambios de fondo.
