La Justicia condenó a una mujer por su participación en una organización dedicada a cometer fraudes informáticos mediante falsas ofertas laborales, en una maniobra que afectó al menos a 71 víctimas y generó un perjuicio económico superior a seis millones de pesos.
La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Flagrancia de 16° Turno, a cargo de la fiscal Bettina Ramos, en coordinación con la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección General de Cibercrimen, Delitos Financieros y la División de Investigaciones de Zona 2.
Cómo operaba la estafa
De acuerdo con la investigación, la maniobra se desarrolló entre octubre de 2024 y febrero de 2026. El mecanismo consistía en la publicación de avisos de empleo en redes sociales, donde se ofrecían puestos como guardias de seguridad o choferes “VIP”.
Las personas interesadas eran contactadas y citadas a supuestas entrevistas laborales, instancia en la que se les solicitaba documentación personal, fotografías y otros datos sensibles.
Según determinó la Fiscalía, esa información era utilizada posteriormente para gestionar préstamos en instituciones financieras sin consentimiento de las víctimas y para abrir cuentas bancarias a su nombre. El dinero era transferido a cuentas controladas por la organización o a terceros conocidos como “mulas”.
Una estructura organizada
La investigación también estableció que la operativa se realizaba de forma organizada y premeditada, utilizando espacios como coworks o locales gastronómicos para dar apariencia de legalidad a las entrevistas.
Además, se constató el uso de múltiples líneas telefónicas y conexiones a internet, lo que permitió reconstruir la maniobra en el marco de la denominada “Operación Selfie”.
Para reunir evidencia, la Fiscalía analizó declaraciones de víctimas, registros de comunicaciones, informes bancarios y pericias de unidades especializadas en cibercrimen.
La condena
Como resultado, la principal responsable fue condenada mediante proceso abreviado como autora de un delito de asociación para delinquir agravada en concurso con reiterados delitos de fraude informático agravados.
La pena impuesta fue de tres años y seis meses de penitenciaría.
En el marco de la misma causa, otra integrante del grupo, sin antecedentes penales, ya había sido condenada a 12 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas.
