Ancap presentó el jueves los estados contables de 2025, con ganancias por US$ 72,5 millones. Dentro de los resultados por participación en empresas, se destaca una pérdida de US$ 33 millones en Cementos del Plata. La mayor parte de esa pérdida —unos US$ 28 millones— corresponde a ajustes contables por deterioro de activos en la planta de cal ubicada en el departamento de Treinta y Tres, un negocio que enfrenta incertidumbres a futuro.
Cada año, las empresas deben revisar cuánto se espera que los activos generen en el futuro. En este caso, al proyectar los ingresos de la planta de cal usando supuestos más cautelosos que los del año pasado, se determinó que el valor real del activo era menor que el que estaba registrado en los libros contables.
Esta mayor prudencia en las proyecciones responde a la fragilidad en el corto horizonte del negocio. El contrato de exportación de cal que Cementos del Plata —subsidiaria de Ancap— tiene con la brasileña Ambar Energía (propiedad del grupo J&F) se prorrogó por última vez en febrero de este año y se extiende hasta agosto. Por esa vía se vende la producción a la central termoeléctrica de Candiota, que funciona a carbón.
La cal viva que se entrega a Candiota es utilizada en la desulfuración de los gases de combustión de la central, que tiene una capacidad de 350 MW. Sin embargo, la función ambiental de la cal uruguaya ha quedado sujeta a la intermitencia de la planta. Esta usina fue poco utilizada en los últimos años por el sistema eléctrico brasileño y, en los meses que operó, no llegó a comprar la cantidad de cal que se había comprometido y que Cementos del Plata debía asegurar por contrato.
Al ser una usina a carbón, habitualmente no es prioridad para el sistema, tanto por costos de generación como por cuestiones de contaminación ambiental.
-
Un único cliente y un contrato "endeble"
Durante el año pasado, en Brasil se discutieron cambios legislativos vinculados con temas de transición energética y del mercado eléctrico. Entre los temas de debate estuvo el uso obligatorio de termoeléctricas a carbón como fuentes de generación y su compatibilidad con compromisos ambientales asumidos por el país, algo directamente vinculado con la operativa de centrales como la de Candiota.
Luego de meses de debate, la Ley 15.269 garantizó la continuidad operativa de la central hasta 2040. Bajo este nuevo marco legal, el grupo J&F negocia ahora con las autoridades del sector eléctrico brasileño los términos específicos del Contrato de Energía de Reserva, lo que definirá las habilitaciones y, fundamentalmente, el orden de prioridad que tendrá la planta dentro del sistema de despacho.
Una vez que se formalice el nuevo marco operativo en Brasil, se espera que Ancap y J&F renegocien las condiciones de su acuerdo bilateral. “Por el momento solo tenemos un contrato hasta agosto que es bastante endeble y no sabemos cómo va a continuar”, afirmó la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, consultada por El Observador durante un taller con periodistas.
El contrato que viene de años atrás funciona como “delivery or pay”. Es decir, Ancap se compromete a entregar una determinada cantidad de cal todos los meses, pero los brasileños no están obligados a comprarla.
La planta de cal de Cementos del Plata, ubicada a 25 kilómetros de Treinta y Tres, ha exportado a Brasil durante los últimos 15 años. J&F es actualmente su único cliente y es a donde se ha vendido la mayor parte de la producción. Este grupo compró la central de Candiota a CGT Eletrosul en setiembre de 2023.
-
Ingreso fijo y carbón nacional: las trabas del nuevo modelo brasileño
La incertidumbre sobre el negocio de cal de Ancap se ha profundizado tras la apertura de un triple frente judicial y administrativo en Brasilia. Según reportaron medios como Canal Solar y O Antagonista, el diputado federal Ubiratan Sanderson presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para suspender el contrato de la central Candiota, alegando un sobreprecio del 50%. En paralelo, el Instituto Arayara inició una acción civil pública para excluir al carbón de las subastas de energía, cuestionando su viabilidad ambiental.
Además, esta fragilidad se confirma en los documentos de una Consulta Pública del Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil. Según la nota técnica, la continuidad de la planta hasta 2040 no responde a una necesidad de eficiencia, sino a una imposición de la Ley 15.269. Esta normativa busca proteger la economía regional y la industria minera de Rio Grande do Sul al obligar al Estado brasileño a contratar carbón nacional, limitando la competencia de fuentes más baratas o limpias.
El punto más crítico para Uruguay aparece en la minuta del nuevo Contrato de Energía de Reserva. El documento revela que la central operaría bajo un modelo de "ingreso fijo": esto significa que la empresa J&F recibiría su pago mensual por el simple hecho de estar disponible, incluso si la central no enciende sus motores.
Bajo este nuevo marco legal, el uso de carbón mineral nacional es una condición obligatoria para la supervivencia de Candiota. Sin embargo, al ser el combustible más costoso y contaminante del sistema, la planta quedaría condenada a ser la última opción de despacho. Mientras el dueño de la central tendría sus ingresos asegurados por contrato, la estatal uruguaya solo lograría vender su cal si la planta efectivamente quema carbón en situaciones de extrema necesidad o sequía, un escenario que los informes técnicos del MME prevén que ocurrirá de forma mínima de aquí a 2040.
La planta de cal es un emprendimiento que ha sido cuestionado desde sus inicios, en el segundo gobierno del Frente Amplio, y en el que se invirtieron en el orden de US$ 140 millones.
En 2020, y luego de una reñida licitación con apelaciones de por medio, Ancap había logrado cerrar un segundo contrato que estuvo vigente hasta diciembre de 2024. El acuerdo por ese entonces con CGT Eletrosul incluía unas 15.000 toneladas por mes, con condiciones de precios inferiores a las que se habían conseguido en los 10 años anteriores.
