La comisión de Hacienda integrada con Transporte avanza con el tratamiento del proyecto para reducir el monto de las multas en paralelo al trabajo que está llevando adelante el Congreso de Intendentes con la misma intención. La idea de los legisladores que impulsan el proyecto es hacerle algunos ajustes para que el tema quede lo más homogéneo posible a nivel nacional.
Actualmente el monto de las multas es igual dentro de los departamentos –donde son competencia de las intendencias– que en rutas nacionales –donde el fiscalizador es el Ministerio de Transporte– porque en 2023 luego de intensas negociaciones se llegó a un acuerdo que permitió unificar valores.
Sin embargo, ahora el Congreso de Intendentes aprobó reducir a la mitad el monto de las multas a excepción de las consideradas más graves (conducir bajo efectos del alcohol, negarse a espirometría, participar en picadas, conducir al doble de la velocidad permitida, no tener libre, no usar casco, no usar cinturón de seguridad y no aplicar las medidas para menores de 12 años) siempre y cuando el infractor abone antes de que se venza la primera cuota de la patente del año siguiente. El proyecto a estudio del Parlamento solo se refiere a las multas por exceso de velocidad y plantea una reducción a la mitad –salvo cuando el exceso sea por más del doble de la velocidad permitida– independientemente de cuánto tiempo pase hasta que se abona.
En ese marco, el Ministerio de Transporte planteó la semana pasada que la reducción del precio esté vinculada al tiempo que pasa desde que se cometió hasta que se paga y que solo se aplique para los “primarios”. La cartera planteó que quienes abonen la multa en los primeros 60 días tengan un 50 % de descuento, y que quienes lo abonen entre los 60 y los 120 días, un 25 %.
A partir de esos insumos, los diputados Sebastián Andújar, Conrado Rodríguez y Álvaro Perrone trabajan para ajustar el proyecto, en diálogo con el oficialismo, para tomar alguno de los planteos realizados.
Andújar dijo a El Observador que una de las ideas que manejan es aplicar algún tipo de restricción temporal para acceder a los descuentos para incentivar la voluntad de pago. Los legisladores no quieren supeditar el pago de multas al pago de patentes (algo que el gobierno de Luis Lacalle Pou prohibió) pero sí establecer de alguna forma que si la multa se paga dentro del año corriente o en los 12 meses posteriores a cometer la infracción se va a acceder a un descuento del 50%.
Por otro lado, también están evaluando la posibilidad de agregar al proyecto uno de los principales pedidos tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Transporte: una nueva normativa que permita fiscalizar de mejor forma las matrículas adulteradas.
Ambas carteras transmitieron en la comisión su preocupación por este asunto y desde el Ministerio de Transporte aportaron que en 2025 registraron más de 330 mil infracciones que no se pudieron multar porque la matrícula estaba adulterada, era ilegible o no existía. El 80% eran motos. Ese mismo año sí se aplicaron unas 218 mil multas.
En ese marco, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, planteó la necesidad de facultar al Ministerio para que pueda aplicar las multas a quienes circulen con matrículas adulteradas (hoy solo puede aplicarlas la Policía Caminera) mientras que el Ministerio del Interior pidió una nueva normativa que establezca que adulterar la matrícula es una “falta en sí mismo”.
Ambos ministerios coincidieron, además, en la necesidad de aumentar el monto de las multas por esta infracción.
“Entendemos que es correcto subir el monto de la multa por matrícula adulterada, pero tampoco alcanzaría solo con eso. Por ejemplo, tenemos que diferenciar las matrículas que tienen desgaste normal, porque pasó el tiempo o porque quizá la chapa no era de buena calidad. Hoy, la persona que voluntariamente quiere sustituir su matrícula por una en buen estado no tiene un trámite fácil para hacerlo. De hecho, le sale más de $ 5.000 y tiene que cambiar la matrícula, no mantiene el número, tiene que hacer una libreta nueva; implica días, con suerte, hacer el trámite en la intendencia que le toque”, lamentó Magnone y planteó la necesidad de buscar “algún mecanismo” con el Congreso de Intendentes para que las matrículas estén en buen estado.
Los diputados todavía no tienen claro si en el mismo proyecto pueden agregar los reclamos que plantean los ministerios o si es necesario hacerlo en una ley aparte. En ese caso se trataría prácticamente en paralelo, dijo Andújar.
En la última sesión de la comisión, el diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu recordó que ya existe un proyecto del blanco Pedro Jisdonian para modificar el Código Penal con el mismo objetivo. Es decir, si bien hay consenso sobre el fondo del asunto todavía falta definir cómo implementarlo.
