Con un importante despliegue comunicacional, el gobierno anunció en 2021 que un consorcio de empresas privadas había presentado un proyecto por US$ 1.000 millones para aumentar significativamente la cobertura de saneamiento en el interior del país.
La información fue dada por el presidente Luis Lacalle Pou junto al entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, aunque poco tiempo después el Poder Ejecutivo decidió fraccionar la iniciativa porque era muy costoso realizarla de un tirón.
Así, el proyecto bajó a un tercio –de 124 a 61 localidades– y a fines de 2022, Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que el directorio de OSE había aprobado los estudios de factibilidad, los cuales estimaban en US$ 284,3 millones el costo de la obra. Desde entonces, hasta noviembre del año pasado, las autoridades del gobierno –con varios ministerios a la cabeza– estuvieron analizando cuál era la mejor “solución financiera” para poder ejecutar el proyecto.
La decisión final, comunicada por el entonces secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue realizarlo mediante el “modelo tradicional”. Esto supone que la empresa ganadora de la licitación construya la infraestructura mientras que OSE se encarga de la gestión y el mantenimiento, un método distinto al resuelto para la potabilizadora en Arazatí (San José).
En esa jornada, Delgado señaló que el proyecto costaría US$ 349 millones, ya que incluiría las plantas de tratamiento de Mercedes y Dolores (que estaban por fuera de la iniciativa original). La cifra fue refrendada por las autoridades de OSE y de Ambiente y quedó plasmada en diversos documentos publicados por el gobierno.
El 26 de febrero de este año, las autoridades de OSE y Ambiente destacaron –en conferencia– un nuevo paso: la apertura de la licitación internacional a la que se habían presentado los consorcios “Stiler-Espina” y “Saneamiento del Uruguay” (integrado por Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast). Estos últimos fueron los promotores de la iniciativa privada y tuvieron un beneficio del 12%.
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En paralelo a este proceso, el gobierno consiguió una autorización del Parlamento para otorgar un subsidio desde rentas generales de hasta US$ 30 millones anuales a OSE por 16 años desde 2028 que se utilizará para abonar un préstamo de US$ 325 millones gestionado ante Fonplata para pagarle al consorcio ganador.
En el Parlamento, a partir de información dada por el Ministerio de Economía, el diputado Iván Posada reiteró en su informe en mayoría que el costo estimado era de US$ 349 millones. De ellos, US$ 293 millones correspondían al costo de las inversiones imprescindibles, US$ 30 millones a las plantas de tratamiento adicionales (Mercedes y Dolores), US$ 10 millones al fondo para financiar las conexiones intradomiciliarias y US$ 15 millones de costo estimado para "dos años de contrato de operación y mantenimiento para asegurar que todo esté funcionando bien, antes de que OSE se haga cargo".
Posada señaló que el préstamo de Fonplata era para las “obras propiamente dichas” y que no estaban incluidos en el préstamo el fondo para conexiones y el presupuesto para mantenimiento, que “correría por cuenta del presupuesto de OSE”.
Adjudicación sin anuncio
Sin embargo, en un cambio en la política que venía manteniendo –sin anuncio, conferencia o publicación en la web oficial– el 13 de mayo el directorio de OSE adjudicó la licitación al consorcio “Saneamiento del Uruguay”. El monto fueron US$ 422.243.984 (con leyes sociales y sin IVA), dijeron a El Observador desde la empresa pública.
La cifra representa US$ 73 millones más de la estimada inicialmente y motivó que el director en representación del Frente Amplio, Diego Pastorín, votara con el oficialismo (Raúl Montero y Susana Montaner) pero dejarara estampadas una serie de salvedades.
En su fundamentación, Pastorín señaló que la cotización presentada (US$ 422 millones) podía ascender a US$ 495 millones si se adicionaban “imprevistos y ajuste paramétrico”, cifras que había conocido el mismo día de la sesión.
A su entender, Fonplata “pasó de financiar el 92% del proyecto a financiar el 66%” y el incremento generaba una necesidad de “fondos adicionales de unos U$S 170 millones en el período 2024 - 2026, cuando se ejecutará la obra”.
“Aún se desconoce cómo se va a hacer frente a esta erogación”, señaló.
El director de la oposición agregó que existía un “gran sobrecosto” asociado a los costos de operación y mantenimiento del proyecto, los cuales habían sido estimados y presentados a Fonplata como U$S 15 millones para los 2 años, pero en el contrato ascendían a US$ 50 millones para ese período.
A su vez, mencionó que otra “diferencia de precio” entre la oferta y la estimación de oficina se observaba en las “conexiones intradomiciliarias” que pasaron de costar U$S 10 millones a U$S 23 millones.
Desde OSE reconocieron a El Observador que hubo un incremento de los costos aunque aseguraron que obedecía a mejoras en el proyecto, más conexiones intradomiciliarias y cambios en la operación y mantenimiento de las plantas.
Señalaron que los estudios de factibilidad fueron hechos con un dólar estimado a $44,7 pero en marzo de este año estaba a $37,5. También dijeron que en el período subió el IPC, lo que incidió al alza, y que estaban trabajando en “cómo financiar” el costo final. “Hay cosas que pueden reducirse, y algunas además aparecen luego de terminada la obra, por lo que hay que estudiar el flujo financiero”, dijo uno de los informantes.
Tras la adjudicación de la obra, el expediente fue derivado al Tribunal de Cuentas, que deberá analizar si avala el proceso o si tiene observaciones. Fuentes del organismo dijeron que aún no llegó al directorio por lo que no tiene fecha para ser tratado. En OSE esperan el retorno ya que recién ahí se podrá firmar el contrato con el consorcio ganador y definir las localidades en que comenzarán las obras, las cuales se extenderán por 2 años.
El proyecto implicará la creación de más de 57 mil conexiones de saneamiento, 812 kilómetros de tuberías y redes de alcantarillado y 48 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.
En el último Consejo de Ministros, Lacalle Pou pidió a todo el gabinete “meter pata” en este y otros tres proyectos clave para el gobierno: la planta de Arazatí, el dragado a 14 metros del Puerto de Montevideo y el Plan Avanzar de realojo de asentamientos.
