"En función de una serie de consultas y solicitudes que hemos recibido por parte de algunos de ustedes respecto de la liquidación, el proceso penal y otras cuestiones vinculadas al caso Goldring, y considerando a su vez que nos encontramos a tan solo un 2% de las adhesiones necesarias para alcanzar la mayoría legal, hemos resuelto convocar a una reunión informativa vía Zoom dirigida exclusivamente a los acreedores que presenten dudas sobre la situación", dice la comunicación que la Liga de Defensa Comercial (Lideco) envió a los damnificados de Custodia de Valores Montevideo (CVM), la empresa de Sara Goldring.
La convocatoria es para este miércoles y las respuestas las dará el gerente de Lideco, Fernando Cabrera. Para ello los abogados de los damnificados tendrán que recabar antes las preguntas que tengan sus clientes para leerlas allí. En el encuentro Cabrera no se aceptará repreguntas ni se admitirán debates, se explicó a El Observador.
El Acuerdo Privado de Reorganización (APR) ofrece devolverles el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que según el Banco Central del Uruguay (BCU) eran US$ 21.800.000 en total.
En las últimas semanas se pasó del 70% de adhesiones del total de los créditos que se habían recabado, al 73% por lo que están a 2% de suscribir el APR.
Si se llegara a esas firmas, la defensa de Goldring podría presentarlo a la fiscalía y pedirle que se cerrara el caso penal antes de que se inicie el juicio.
Como informó El Observador, la jueza de garantía del caso, Diovanet Olivera, redactó el auto de apertura al juicio que establece los fundamentos del juicio contra Goldring destinado al juez del jucio Alejandro Asteggiante. Mientras el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez buscará la condena a 4 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida, los defensores Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez intentarán la absolución.
Una vez que el juez reciba el auto de apertura tiene un plazo de 90 días para fijar la fecha de inicio del juicio. Teóricamente si las partes presentan al juez el acuerdo el juicio podría suspenderse aunque haya empezado.
Fuentes del caso señalaron que ese 2% que falta equivale a unos US$ 500 mil y que si bien hay algún excliente de CVM titular del 3,5% de activos, se trata de los que se mantienen reticentes a firmar y aseguran que no cederán a menos que el ofrecimiento de Goldring mejore.
Quiénes se han mantenido en la negativa de no firmar alegan que Goldring tiene muchos más fondos de los que ha declarado en sus cuentas en Estados Unidos y que para acceder al APR ella tendría que triplicar su oferta actual y eliminar de las cuentas los saldos negativos, así como que acceda a quitar a uno de sus hijos, Darío Cukier, que está en la lista de acreedores quirografarios, y ceder los saldos de sus cuentas a CVM, a favor de la masa de acreedores.
Por otro lado, otras fuentes señalaron como un tema que ha operado a favor del acuerdo ha sido la sentencia de segunda instancia que confirmó el rechazo de una demanda por incumplimiento contractual y fraude presentada por una inversionista contra Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y sus directivos por sufrir pérdidas patrimoniales severas, generó preocupación entre los damnificados.
Si bien la jurisprudencia no es obligatoria en Uruguay, no dejan de reconocer que esa sentencia, que desestimó la responsabilidad civil de Goldring y sus hijos, al considerar que no se acreditaron los presupuestos necesarios para una condena por daños y perjuicios, marca un precedente.
