13 de octubre de 2026 21:38 hs

El penalista Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marset, contó cómo es el complejo entramado judicial internacional que rodea al narcotraficante uruguayo, a su expareja Gianina García Troche y a otros integrantes de su núcleo familiar.

El profesional, que encabeza la coordinación de las defensas a nivel transnacional, detalló las estrategias legales de cara al juicio fijado para 2027 en Estados Unidos y cuestionó los procedimientos aplicados en Paraguay y Bolivia durante una entrevista con Todo un tema de El Observador streaming.

Un entramado judicial internacional y la estrategia defensiva

Moratorio explicó que su rol principal consiste en la coordinación y el ordenamiento de la información entre los distintos equipos legales que actúan en paralelo en países como Estados Unidos, Paraguay y Bolivia. Al tratarse de un caso penal internacional donde las decisiones en una jurisdicción repercuten directamente en las demás, la labor requiere una visión global del proceso.

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En relación con el proceso que se instruye en el sistema federal estadounidense, el abogado confirmó que la defensa optó formalmente por la vía del juicio oral y público.

"Nos declaramos no culpable, lo que le estamos diciendo a la fiscalía es que cuáles son los hechos que le buscas imputar, porque no son hechos probados, son imputaciones. Ahora próbalo y lo vas a probar en un juicio donde van a citar a testigos", explicó.

El abogado indicó que el inicio del juicio por jurados está agendado para el 11 de enero de 2027, tras una serie de audiencias preliminares destinadas a la selección del jurado —un proceso que involucra a entre 80 y 100 candidatos— y la resolución de mociones técnicas.

Cuestionamientos a la jurisdicción y a la expulsión desde Bolivia

Uno de los ejes principales en los que trabaja la defensa apunta a cuestionar la legalidad del traslado de Marset desde territorio boliviano hacia los Estados Unidos, un movimiento que, según remarcó, no se ajustó a los carriles formales de la extradición.

"No fue una extradición. El 12 de marzo firmaron la entrega el gobierno boliviano con la DEA. El 13 de marzo lo detuvieron y el 14 de marzo estaba en Estados Unidos. Fue un proceso donde no hubo abogado, no hubo defensa, no hubo posibilidad de impugnar".

Para Moratorio, esta modalidad vulneró la normativa migratoria boliviana, la Constitución de dicho país y el tratado bilateral vigente, lo que genera consecuencias jurídicas de peso respecto a los principios de especialidad y doble incriminación que rigen en la cooperación penal internacional. Asimismo, la defensa interpuso mociones previas para debatir la competencia territorial del Tribunal del Distrito Este de Virginia en Alexandría para juzgar los hechos imputados.

La situación procesal de la familia y los cuestionamientos a la justicia paraguaya

El caso también abarca la situación de los familiares del ciudadano investigado, particularmente la de Gianina García Troche, madre de sus hijos, quien permanece privada de libertad en Paraguay bajo prisión preventiva. El abogado calificó la medida cautelar como una "pena anticipada" y denunció dilaciones indebidas en el proceso.

"La madre de los hijos de Sebastián Marset hace dos años que está presa en una prisión preventiva infundada y que no se sostiene, porque nosotros le pedimos o nos acercamos a un acuerdo o que comience el juicio".

Moratorio añadió que la defensa ha agotado las vías recursivas mediante habeas corpus y apelaciones, y sostuvo que la falta de resolución pronta vulnera las garantías procesales básicas. Paralelamente, señaló que otros familiares, como sus hermanos Diego y Jimena, recuperaron la libertad en instancias previas, mientras que la situación de Tatiana es evaluada por los equipos legales locales.

Finalmente, el representante legal se refirió al impacto personal y familiar del proceso, señalando que los menores se encuentran escolarizados en Paraguay con apoyo de su entorno, a la espera de las resultancias de las instancias judiciales previstas en el vecino país.

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