Consultada por las estrategias para empezar a "transformar" el transporte, la ministra señaló que tienen "tres áreas" mediante las cuales comenzar a trabajar
La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry
La ministra de Transporte y Obras Pública, Lucía Etcheverry, se refirió, entre otros temas, al funcionamiento del transporte público en Uruguay y destacó si la situación no cambia se podría volver "insostenible".
"Si el transporte público no cambia, es insostenible. Viene perdiendo pasajeros, eso implica perder ingresos, no es eficiente, la gente tiene que destinar más tiempo de su vida para llegar de origen a destino. Entonces, hay que modificarlo", sostuvo en entrevista con el programa Desayunos Infomales (Canal 12).
En este sentido, la ministra señaló que debido a esto, han tenido que mantener "varias reuniones" con diversas intendencias y con los actores del sector, para "empezar a delinear cuáles son las acciones y decisiones que hay que ir tomando" para mejorar la situación.
Consultada por las estrategias para empezar a "transformar" el transporte, la ministra señaló que tienen "tres áreas" con las cuales comenzar a trabajar. Una de ellas tiene que ver con la gobernanza.
"Hoy tenemos el consorcio de Transporte Metropolitano y la STM, que ha cambiado muchas cosas y que ha permitido no ser cautivo de una empresa. Eso se dio en el marco de una modificación de la institucionalidad, no obstante, todavía tenemos competencias del transporte que están en los gobiernos departamentales, lo que hace al transporte urbano, y otras que tienen competencia en el Ministerio de Transporte. Eso implica que hay un ámbito de trabajo con la institucionalidad para definir cuáles son las características que necesita una entidad que defina los mejores niveles de eficiencia del transporte", explicó.
Tras esto, añadió que otro de los ámbitos en lo que están trabajando tiene que ver con el financiamiento. "Hay que garantizar un sistema de financiamiento que permita que se mantengan todos los puestos de trabajo y que las empresas siguen siendo rentables y sostenibles", sostuvo.
Finalmente, comentó que la tercera área de trabajo tiene que ver con la "estructuración de las obras y la tecnología" para el transporte.
"Hoy tenemos una agenda fijada que empieza a concretarse en el mes de mayo y que tiene que ver justamente con ajustar los plazos para la toma decisiones", contó.
"Creo que en el primer semestre o en el segundo vamos a tener los hitos que permitan que la gente pueda seguir en tiempo real cuáles son las decisiones para comprometer esos cambios", dijo y agregó que si el transporte público no recupera pasajeros, "es difícil poder resolver la situación".
Por otra parte, la ministra se refirió a la deuda con el Ferrocarril Central y a la postergación de los pagos por parte del Ministerio de Transporte.
"Nosotros tuvimos efectivamente en el proceso de transición reuniones con el propio ministro sobre este tema y particularmente sobre fines de enero, hubo una reunión en el despacho del propio ministro donde lo que le planteamos fue que dejaran resuelto, bajo las condiciones y las consideraciones que se entiendan pertinentes, lo que fue responsabilidad de ese gobierno, respecto de qué se debe pagar y qué no, porque es durante el periodo del gobierno anterior que se ejecutó la obra. Nos dijeron que sí, que se resolvía y de hecho el 23 de enero del 2025 prestaron el documento firmado por el entonces ministro Falero y por los directivos del consorcio Vía Central, donde se daba la conformidad", comenzó explicando.
"Después de casi 5 o 6 meses de negociaciones, envían el documento con el monto para que sea pago. Pero, lo cierto es que 48 horas antes de la asunción se da marcha atrás por una observación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", continuó.
"Entonces, yo creo que ahí hubo otro tipo de problema. No es por la intervención del MEF porque durante 6 meses estuvieron trabajando y el ministro lo firma. Yo no puedo creer que se firme a espaldas del Ministerio de Economía", sostuvo.
Para la ministra existió "efectivamente" una serie de "incumplimientos" por parte de la administración anterior. "Se nos planteó una cosa y 48 horas antes (de finalizar el mandato) se incumplió. Y lo cierto es que desde el punto de vista de la previsión no estaba el monto", aseguró.
Sobre esto, explicó que "no solo" no estaba el monto del pago, sino que además, desde que el exministro Falero firmó el acta de puesta en servicio del tren, comenzaron a ser exigibles una serie de pagos por "disponibilidad" y esos recursos "no estuvieron previstos".
"Yo creo que el ministro nos dijo una cosa y estaba pasando otra realmente. No le voy a poner la intencionalidad de que quiso mentir, pero lo cierto es que en enero y en febrero, nos dijeron que esto está resuelto, está encaminado, es nuestra responsabilidad y 48 horas antes se cae", señaló.
El febrero, el entonces ministro de Transporte habló sobre el anuncio de una demanda internacional contra el Estado uruguayo por parte del Grupo Vía Central por incumplimientos y falta de pagos desde diciembre de 2023 en el proyecto del Ferrocarril Central, y negó que el Estado haya incumplido el contrato.
En una conferencia de prensa en febrero, el ministro explicó que el contrato con el consorcio –compuesto por las uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE- venció el 24 de diciembre de 2023 y está actualmente en un proceso de negociación, hecho que le impidió ordenar que se le pague a las empresas.
El consorcio constructor de la obra anunció una demanda al Estado por una deuda de US$ 160 millones por la puesta en disponibilidad de la vía férrea desde diciembre de 2023 que ya utiliza UPM para transportar celulosa al puerto de Montevideo.