Hace dos años, la pala de una máquina retroexcavadora de un equipo que se dedica a la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar rompió un cable de alta tensión de 6 mil voltios que casi provocó la muerte de un antropólogo. Este hecho provocó la detención de los trabajos en el Batallón N° 13.
Desde UTE repararon los cables, sin embargo, éstos cruzaban el lugar de la excavación lo que impedía continuar con las obras.
Tras darse cuenta de este hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) le pidió a UTE que lo mueva para otra zona. Sin embargo, la estatal se negó a hacerse cargo de las obras.
Finalmente, luego de dos años, se llegó a un acuerdo donde se dividirá en partes iguales el costo de las obras entre el Ministerio de Defensa, el Instituto y UTE.
Según informó El País y confirmó El Observador con fuentes del INDDHH, el Poder Legislativo firmó la resolución que permitiría al instituto gastar el monto que le correspondía y así iniciar las obras.
Siendo una cuestión de "trámites" resta firmar el convenio entre las instituciones para iniciar las obras, que no llevarían "mucho tiempo", de acuerdo le informaron desde el Instituto de Derechos Humanos a El Observador.
Una vez inspeccionada el área y determinada la estrategia, será el propio instituto quien sacará el cable ya que si no, no podrían continuar con las excavaciones.
El Servicio de Material y Armamento del Batallón 13 fue uno de los centros de detención y tortura donde pasaron alrededor de 500 personas entre 1975 y 1977.
El predio (donde no se ha podido trabajar) es de unos 8 mil metros cuadrados y se encuentra justo detrás del galpón militar donde se produjeron dichas torturas. Este centro era conocido como el "300 Carlos" o el "Infierno Grande".
"Hace dos años que estábamos paralizado con un terreno que es muy importante", dijo en entrevista a Monte Carlo y agregó: "Si vamos a excavar allí es porque hay información que nos lleva a ese lugar, por tanto estamos con mucha expectativa".
