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¿Defensa legítima? Se reaviva el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial
El episodio del hombre detenido este lunes por dos guardias de seguridad del shopping de Paysandú luego de intentar robar en un local y estar seis minutos en el piso con las manos, brazos, espalda y nuca sujetados, gritando que le faltaba el aire hasta que murió en el lugar, generó un debate sobre el uso de la fuerza en este tipo de procedimientos.
La muerte también fue utilizada políticamente para advertir sobre las potestades que el nuevo gobierno le quiere dar a la policía con las modificaciones a la ley de legítima defensa que impulsarán y que estarán contenidas en la ley de urgente consideración. La Justicia de Paysandú dictó prisión preventiva por 90 días para los dos guardias y les imputó el delito de homicidio a título de dolo eventual.
Uno de los que planteó el tema fue el diputado del Frente Amplio, José Carlos Mahía, quien publicó en su cuenta de Twitter que deberán “estar atentos” a la ley de urgencia de artículos que promuevan “el gatillo fácil” que “la sociedad uruguaya rechazó en octubre”, en referencia a la reforma constitucional Vivir sin miedo que se votó junto a las elecciones nacionales.
En diálogo con El Observador, Mahía dijo que la legítima defensa “es una aspiración legislativa” del gobierno electo, y no está de acuerdo a que se incluyan en la ley de urgente consideración “contenidos de esta índole sin un debate parlamentario”. En tanto, dijo que este tipo de normas “son de alta vulnerabilidad para la sociedad” y dan “un manto de total impunidad”. Además, dijo que en los últimos años “la solución de seguridad ha ido en el camino del incremento penal”.
El Partido Nacional intenta desde hace varios años aprobar en el Parlamento una ley de presunta legítima defensa policial con la intención de darles más respaldo a los efectivos a la hora de reprimir el delito, un punto que le han cuestionado a la gestión Bonomi.
En 2016, el actual presidente electo Lacalle Pou siendo senador, presentó un proyecto de ley al respecto para garantizarle a los efectivos que no tengan que probar que actuaron en legítima defensa cuando actuaron para defenderse a sí mismos o a otros.
Esa iniciativa fue incluida en el programa de gobierno del Partido Nacional que en su número 67, y luego recogido por el Compromiso por el país de la coalición multicolor, propone “introducir una presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza”.
El artículo 26 específico sobre legítima defensa explicita que quedan exentos en las siguientes condiciones: siempre que se actúe ante una agresión ilegítima; la necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño; y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. “Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias”, agrega el código.
La iniciativa del Partido Nacional también contempla lo relativo a los establecimientos rurales durante la noche “respecto de aquel que se defienda ante el ingreso de personas extrañas a un establecimiento en el que se desarrolle actividad agropecuaria”.
Este punto, anunciado por Larrañaga esta semana tras reunirse con el presidente electo, fue presentado en 2016 en un anteproyecto de ley que señala que “así como la intimidad o la paz domiciliaria es defendible mediante el empleo de violencia, también lo es la propiedad rural, porque los bienes defendibles no son solamente la vida y la integridad física, sino cualquier derecho”.
Larrañaga anunció en rueda de prensa este miércoles que se está estudiando incluir en la ley de urgente consideración una ampliación de la legítima defensa, para que abarque no solo al establecimiento agropecuario que se usa como residencia sino también a “zonas vinculadas a la cercanía” de ese lugar.
Por su parte, el futuro ministro de Defensa, Javier García, afirmó que se plantea extender la legítima defensa presunta a los soldados que trabajen en las fronteras, y anunció que también será incluido en el proyecto de ley de urgente consideración que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento en los primeros días del mandato.
El Código de Procedimiento Policial ya establece en el artículo 31 que el personal “está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros”, o en cumplimiento de los artículos 26, 27 y 28 del Código Penal. Y por eso desde el Ministerio del Interior actual han dicho que no es necesario modificar el artículo del Código Penal.
Al respecto, Álvaro Garcé, futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, ha dicho que cuentan con “testimonios de los funcionarios que dicen que están con las manos atadas, que sienten que no tienen respaldo”. En declaraciones al programa Fácil Desviarse de Del Sol el año pasado, dijo que los policías están “en una situación de desventaja” que “debe ser compensada jurídicamente sin excesos y sin llegar a una lógica de gatillo fácil”.
En abril del año pasado, cuando el ministro del Interior concurrió al Parlamento convocado por Javier García, se opuso al proyecto y dijo que el respaldo a la Policía “es en sueldos, en chalecos, en mejor armamento, en vehículos, y todo eso se lo hemos dado”, explicó.
“El respaldo va por ahí y no por una ley. Si los policías son atacados con piedras o insultados, y tiran, van a ser procesados. Para eso se han comprado armas no letales”, dijo Bonomi.
Accionar dudoso
En línea con los planteos políticos, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) también presentó en el Parlamento un proyecto ya que entienden que no tienen garantías para actuar con la legislación actual.
Washington Abdala, abogado de Sifpom y quien ayudó a redactar el proyecto, dijo a El Observador que “hay varios proyectos en la vuelta” aunque “son todos más o menos parecidos”. Abdala mostró interés en conocer el proyecto que se incluirá en la ley de urgente consideración para compararlo con el que presentó el sindicato.
El abogado explicó que aunque el código penal y la ley de procedimiento policial le permite actuar de esta forma al policía en casos de flagrancia, “en algunos casos hubo dudas sobre cuál es el margen exacto en el que tiene que actuar la policía”, pudiendo ser proactiva. Agregó que aunque el marco policial “es bueno”, le faltan “elementos para que interprete el fiscal”.
Actualmente, frente a un caso la fiscalía investiga si los efectivos actuaron de acuerdo al reglamento o si por el contrario se excedieron en el uso de la fuerza. Las modificaciones planteadas por Lacalle Pou implican que cada vez que un efectivo se enfrente a un delincuente armado y lo mate en su defensa no tenga que probar ante la Justicia que actuó para salvar su vida –como ocurre con el resto de los ciudadanos–, sino que se parta de la base que usó su arma de reglamento para defenderse aunque luego la fiscalía pruebe lo contrario.
Esta figura jurídica recibió varias críticas. El año pasado cuando Lacalle Pou anunció que impulsaría esta propuesta en caso de llegar al gobierno, el subdirector nacional de la Policía, Hugo De León, dijo que hay casos en que la policía, “por estrategia o por táctica, es conveniente que tenga que retroceder. Y a veces es conveniente que no actúe. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Policial dice que la policía con su accionar jamás debe provocar un daño mayor al que quiere evitar”, aseguró el jerarca en entrevista con La República.
Mejorar la formación
Para el catedrático de Derecho Penal Germán Aller no es necesario ningún cambio normativo. El profesor opinó que el artículo 26 de Código Penal incluye “todo lo que necesitan los policías” para actuar. En cambio, ampliar el alcance puede “fomentar la idea de que tienen una autorización para llevar a cabo conductas que son inapropiadas desde el punto de vista legal”.
Por otra parte, afirmó que el policía es “el ciudadano que debería estar mejor preparado para aplicar la legítima defensa para él y para terceros”. Para Aller, el debate que “debería darse” en la sociedad es respecto a mejorar la formación policial “con los instrumentos legales que existen”. Al respecto, mencionó un convenio entre el Ministerio el Interior y la Facultad de Derecho de la UdelaR por el cual se dictaban asignaturas de derecho a policías. “Participaban de cada asignatura entre 80 y 100 efectivos, se dictaron casi 14 materias”, recuerda el abogado.
El convenio estuvo vigente durante casi 15 años desde la administración de Guillermo Stirling en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). El abogado, quién también dictó clases en el marco de este convenio, afirmó que “se fue diluyendo” con el tiempo aunque nunca se canceló de forma expresa.
