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"Dudo que la ley de violencia de género se pueda aplicar"

El ministro del Tribunal de Apelaciones cree que las organizaciones feministas deberían abordar de forma más científica el problema de la violencia doméstica

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15 de julio de 2018 a las 05:00

Eduardo Cavalli es uno de los seis ministros del Tribunal de Apelaciones de Familia, lo que lo coloca como una de las mayores autoridades en esta materia que aborda temas tan variados como la tenencias de niños, las obligaciones legales de sus padres o tutores, casos de violencia doméstica y situaciones de menores de edad en infracción con la ley. Por esa razón, fue uno de los tres integrantes del Poder Judicial que participó de las discusiones para definir el presupuesto necesario para implementar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, aprobada el 13 de diciembre en el Parlamento, a pesar de las advertencias sobre que su costo haría muy difícil su puesta en marcha.

La cifra de $ 950 millones (unos US$ 30 millones) requerida para la creación de juzgados especializados en violencia doméstica tal cual lo ordena la norma no fue considerada en esta Rendición de Cuentas, pese a que es considerado apenas un mínimo por el Poder Judicial.

En entrevista con El Observador, Cavalli habló de las dificultades para aplicar esta norma desfinanciada, la crisis de la familia en Uruguay, las debilidades del sistema procesal que atiende a las víctimas de violencia doméstica, y por qué cree que las organizaciones feministas deberían analizar este fenómeno de forma más científica.

¿Cuáles son las situaciones que enfrenta con mayor frecuencia el Tribunal de Apelaciones en materia de familia?
Los casos de disputa por el régimen de visitas, y los de padres que incumplen el pago de pensiones alimenticias. El niño como rehén de una disputa entre adultos en materia de justicia de Familia es pan de todos los días. Tenemos conflictos entre madres y padres, o padres y abuelos, donde planteas una situación de visitas controladas en presencia de un tercero, y no se cumplen y siempre hay una excusa, un problema. Hay niños que pasan toda la infancia judicializados, porque los padres están enfrentados. En materia de tenencia lo más frecuente es que las mujeres impidan que los hombres vean a sus hijos.
Pero una prueba de que vivimos en una sociedad patriarcal son los casos de padres que incumplen el pago de pensiones alimenticias. Hay situaciones frecuentes de padres que se desentienden o que tienen un conflicto con la madre de los niños y que para castigarla le niegan alimentos. No están enfrentados con sus hijos, pero los afectan a ellos. Me parece que como país nos provoca un desgaste descomunal. La familia uruguaya se hizo añicos.

Uno de los temas que aborda un tribunal de familia es el de la violencia doméstica, ¿cómo evalúa el trabajo que se ha hecho con operadores de la Justicia para educarlos en esta materia?
Me di cuenta de que en los años de 1970 era machista. Es que hay cuestiones de la cultura patriarcal que uno las tiene en el ADN porque se crió en una sociedad así. Por eso siempre hay que estar aprendiendo en esta materia. Lo ideal es que hubiera una capacitación sistemática en todo el sistema de justicia porque jueces, abogados, fiscales y técnicos estamos formados en facultades que no encaran esta problemática de género. La Facultad de Derecho en Uruguay te forma muy bien para resolver situaciones como quién hereda qué, o cómo se cobra un cheque, o a solucionar un problema de derecho comercial, pero la formación en casos de violencia de género, que para mí son de derechos humanos, es escasísima o nula.

¿Por qué cree que el tema no cobró esa relevancia?
Por la cultura patriarcal. Pienso que en la Universidad de la República sigue estando. ¿Dónde lo veo? Los problemas de familia son prácticamente la mitad de los asuntos del Poder Judicial, entonces uno pensaría que eso tendría que ser la mitad de la formación, pero el tiempo dedicado al tema es mínimo. Puede que algún profesor lo haga, pero la exigencia con la que se da la materia es muy poca. ¿Cuántos libros escritos por abogados hay publicados por temas de violencia de género? Son poquísimos. Otras materias como en la penal, el derecho laboral o civil, vas encontrar muchas más publicaciones.

Sin embargo, los grupos feministas tienen actividades entorno a las universidades.
El gran talón de Aquiles de los movimientos feministas es que no han sabido reflexionar científicamente cómo deberían ser los procesos de protección de los derechos a nivel de la Justicia. En un juicio se puede tratar a las personas como sujetos de protección o como objetos de protección. Para nuestra justicia las víctimas de violencia doméstica son objetos.

Por ejemplo, cuando querés reclamar la plata de alguien que te chocó el auto primero hablás con tu abogado, que te pregunta qué pruebas tenés y te aconseja sobre qué se debe conseguir, presenta una demanda escrita en la que detalla el tipo de resarcimiento que quiere recibir, la defensa de la otra parte la lee y presenta su respuesta y recién ahí se hace una audiencia en la que el denunciante no habla ante el juez, lo hace su abogado. El juez allí solo decide si el denunciante tiene razón o no.

En violencia doméstica, la presunta víctima si tiene suerte la citan al juzgado, allí al mismo tiempo que ve al juez ve a su abogado, y ahí mismo cuenta su situación. El juez no sabe si lo que ella dice es cierto o no, por lo que se tiene que poner a averiguar. Por eso, el denunciante es una persona que ya en el interrogatorio es mirada con duda por el juez y muchas veces cuando hay personas de situación de contexto desfavorecido esa es la manera de callarla.

¿Cómo cree que debería hacerse?
Nosotros propusimos que antes de pasar por el juez se entrevistara con el abogado defensor, y que este le desarrollara una estrategia de defensa. De esta forma, cuando vaya ante el juez podrá presentar las medidas de protección que pretende para sí. El juez lee eso y después debe escuchar al marido. El marido se defenderá y con base en eso se define.

Decía que las mujeres van a los juzgados "si tienen suerte", ¿a qué se refirió?
Los jueces de violencia doméstica reciben entre 70 y 80 llamadas por día, y después llevan a sus juzgados a entre 10 y 15. Todas las demás cuestiones, si la Policía no les contó que hay una situación de riesgo no la llevan al juzgado, porque no pueden tomar tantos casos, es un tema de organización del trabajo.

¿Qué sucede en esos casos?
Imaginate una mujer de la campaña que va a una comisaría del pueblo para denunciar una situación de violencia doméstica. Los policías llaman al tipo, que niega todo. Con esa breve indagatoria policial se llama al juez y este responderá en función de cómo le cuentan el cuento. Capaz que el Policía le dice que el muchacho es bárbaro y que la mujer es rara. Hubo un caso que el juez entendió que la situación no era grave y a través de la policía intimó a la pareja a no agredirse más. Horas más tarde el hombre fue y mató a la mujer.

¿Puede hoy una mujer negarse a ser protegida o dar marcha atrás en una denuncia?
Sí puede, pero con una aclaración.
Puede retirar la denuncia si el juez entiende que lo hizo porque está amenazada o porque culturalmente está acostumbrada al maltrato, entonces tiene la obligación de fijar medidas de protección, como tobillera, medidas de alejamiento. Hace poco llegó la apelación de una mujer que ejercía la prostitución y que pedía que se le quitara la custodia policial. El caso empezó cuando su última pareja le causó lesiones graves. La mujer hizo la denuncia, y se resolvió ponerle tobillera al agresor. El hombre se rompió la tobillera tres veces, por lo que se le puso custodia. La mujer no quería que los policías la siguieran al prostíbulo porque le espantaban los clientes .

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que por qué los jueces no envían a la cárcel a quienes rompen sus tobilleras, si están incurriendo en un delito de desacato a una orden judicial.
Pienso que algo de razón tenía. La Fiscalía como dice (el fiscal de Corte) Jorge Díaz es única y se expresa a través de sus agentes, por lo que tendría que tener una política más o menos coordinada, que permitiera que los fiscales de violencia doméstica puedan derivar el tema a los fiscales penales.

En la Rendición de Cuentas el Ministerio del Interior incluyó un artículo que pretende que los jueces solo puedan disponer custodias policiales o tobilleras en casos de violencia doméstica si cuenta con un informe técnico favorable elaborado por técnicos de la cartera. ¿Qué opina de esta medida?
Me parece que corresponde. Por algo hay separación de poderes. Son temas del Poder Judicial, si un juez resuelve poner la tobilleras el Ministerio del Interior en todo caso podría recurrir a esa decisión, pero no meterse en si puede o no. Es como si mañana el Ministerio del Interior dijera que los jueces solo van a enviar a prisión cuando tenga plazas suficientes en la cárcel.

¿Los jueces disponen demasiadas tobilleras?
Los magistrados uruguayos son muy de ante el más mínimo riesgo aplicar medidas de separación, incluso hasta por teléfono. Antes de llevar a la víctima al juzgado ya se tomaron medidas. Pero solo cuando logran tener peritos que le den un informe de la situación de alto riesgo colocan la tobillera. Prácticamente no se coloca tobillera si no se ve una situación potencialmente homicida.

¿Hay suficientes técnicos para hacer esos informes?
No, no los hay. Por eso lo que se suele hacer es que pedir ante situaciones que se entienden como graves, es que los expertos hagan un informe rápido. Pero no creo que se entreguen demasiadas. No no hay. En general tiene que pedir específicamente en situaciones que entienden como graves que se coloque. Si tenés 30 femicidios por año no es tan disparatado que se coloquen 300 aparatos a la vez. No solo evitas un homicidio, prevenís que un hombre le haga la vida imposible a la mujer.

El Poder Judicial solicitó un incremento presupuestal de poco más de $ 943 millones para cumplir con la "violencia hacia las mujeres basada en género" que fija entre otros puntos la creación de juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual. Sin embargo, este dinero no fue considerado por el Poder Ejecutivo.

Los números son estos: cada 14 minutos hay una denuncia de violencia de género. Esos son 40 mil denuncias anuales. La ley prevé además otro tipo de violencia como por ejemplo gritarle a un una mujer que sea arbitro de fútbol, por lo que se va a agregar una cantidad de denuncias que ahora no existe. Pero además van a ser competentes en casos de abuso sexual infantil. Estimamos unas 120 mil audiencias anuales. Cada juez puede hacer cuatro diarias, y además se necesitan peritos, psiquiatras y psicólogos. ¡Es descomunal!

¿Cree que es aplicable?
Es muy cara, habría que darle un presupuesto enorme. Por eso miro con mucha reserva que sea aplicable. Habrá que hacer lo mejor posible.

Participó de las discusiones sobre este punto cuando la ley era analizada por el Parlamento, ¿se alertó sobre el alto costo que tendría?
Fui por la Asociación de Magistrado y les hice ver estos detalles. Me dijeron que era un problema de presupuesto y no de la ley en sí. Para mi fue medio doloroso, porque a raíz del conflicto por salarios el presupuesto para el Poder Judicial es muy bajo. No hubo aumento en años. Pero es el sistema político quien puede decir qué hacer, porque la gente los eligió. Ahora hay que sentarse a hacer cuentas y ver qué se puede aplicar. Tampoco es que sea una cifra tan escandalosamente alta, aunque si muy alta para el Presupuesto que se le asigna al Poder Judicial.

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