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¿En qué casos la Justicia impone una orden de alejamiento contra un agresor denunciado?

La medida puede ser tomada por los jueces por teléfono y solo basta con que el relato del denunciante sea "verosímil"

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10 de mayo de 2018 a las 17:00

La noticia de que el alcalde del Municipio C, Rodrigo Arcamone tiene una orden judicial de alejamiento de su pareja como medida cautelar a causa de una denuncia por violencia doméstica, generó una nueva tormenta política en la lista 711. De hecho, el jerarca y su sector político definieron de común acuerdo que se alejará de su función a la espera de que la Justicia de Familia de Canelones resuelva sobre su situación, algo que no cayó bien en la interna del Frente Amplio que esperaba que Arcamone renunciara a su cargo.

En una carta, divulgada por el programa Fuentes Confiables de radio Universal, el alcalde dijo tener "absoluta tranquilidad de conciencia" sobre su accionar y aclaró que "la medida cautelar que toma el juez es la habitual ante este tipo de procedimiento", por lo que entendió que era "correcta".

Según explicó el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno, Eduardo Cavalli, el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares, no quiere decir que hasta ahora la violencia doméstica denunciada haya sido confirmada en la Justicia.

Cavalli, quien prefirió no referirse al caso de Arcamone, explicó que para que se fijen medidas cautelares "no es necesario que se demuestre que hubo violencia, sino que hay verosimilitud en la denuncia, es decir, que hay elementos que pueden llevar a pensar que es cierta", explicó el magistrado. El objetivo de estas medidas es la de prevenir la violencia doméstica, agregó.

Las distintas medidas aplicables

Entre las medidas que puede pedir el juez está la de restringir el acercamiento de los agresores a las víctimas, pedir que abandonen el hogar en caso de que convivan, impedir todo tipo de contacto e incluso incautar armas en caso de que éste las posea.

Para que el juez aplique una medida cautelar basta con la denuncia y algún indicio de que es verosímil, por lo que la decisión de fijar una orden de restricción es un paso "muy previo" a definir la responsabilidad de un denunciado.

Por eso, toda medida cautelar es por un plazo determinado, que en el caso de la prohibición de comunicación y acercamiento no puede ser menor a 180 días.

En un paso más, la Justicia puede disponer la colocación de tobillera electrónica, aunque para esa acción se requiere de un informe técnico que constate una gran peligrosidad para las víctimas.

¿Cómo se define que una denuncia es verosímil? La palabra de testigos, la información que pueda aportar la policía sobre si la mujer tiene marcas o si el lugar donde supuestamente se produjo el enfrentamiento tiene desorden, son algunos elementos.

En esta instancia, muchas veces los jueces definen las medias cautelares por teléfono, sin tomar contacto directo con las víctimas y basándose únicamente en lo que dice la Policía. Cavalli explicó que esto es necesario para garantizar la protección de las víctimas, ya que no se puede esperar a hacer toda la investigación para alejarla de su presunto agresor, debido a que eso la pondría en peligro.

Justicia de familia o justicia penal

Según la gravedad del hecho al recibir una denuncia la Policía da cuenta a la justicia de familia o a la penal.

Por lo general las denuncias se derivan a los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual. En los lugares donde no existan éstos juzgados entienden los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior que tengan asignada esa competencia.

Cuando el juez de familia entiende que existe delito debe derivar el caso a un juez penal.

Comete delito de violencia doméstica quien ejerce violencia física, psíquica, sexual, patrimonial o económica, sobre una persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva, de parentesco o de convivencia, con independencia de la existencia de vínculo legal. La pena aumenta de un tercio a la mitad si la víctima es mujer, una persona menor de 18 años, mayor de 65 años o en situación de discapacidad. También se ve agravada si se comete el delito delante de menores. Tiene penas que van de los seis meses de prisión a los dos años de penitenciaría.

En la órbita penal cuando se procesa o formaliza a un indagado –según sea a través del antiguo o el nuevo código del proceso respectivamente-, la fiscalía debe presentar elementos probatorios que permitan asegurar con un alto grado de certeza que el responsable efectivamente cometió un delito.

¿Hay denuncias falsas?

Esos indicios son más fáciles de recabar cuando la agresión es física, pero tienen más dificultades cuando se trata de maltrato psicológico, explicó Cavelli.

Sin embargo, el magistrado opinó que los jueces toman decisiones de establecer medidas cautelares con una "fiabilidad altísima", ya que si bien estas medidas pueden ser recurridas por los denunciados, las apelaciones "son rarísimas".

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