"La situación del contribuyente frente al fisco es de total y absoluta indefensión"

La Dirección General Impositiva (DGI) cuenta cada vez con más herramientas para seguir y analizar la conducta de los contribuyentes. En los últimos años, la labor del fisco se fue profesionalizando y, junto con ello, fue adquiriendo nuevas potestades. Pero ¿qué ocurre con los derechos de los contribuyentes? En entrevista con El Observador, el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad ORT, Alberto Varela, brindó su punto de vista sobre el tema y mencionó algunos aspectos que a su juicio deberían atenderse para que la relación fisco-contribuyente sea más equilibrada. El experto puso como ejemplos la creación de un sistema de resolución de conflictos que sea más rápido y establecer límites a la duración de las inspecciones, entre otros.

La situación del contribuyente frente al fisco es de total y absoluta indefensión. La relación fisco-contribuyente está cada vez más desbalanceada a favor del fisco. Se ha hecho una acumulación excesiva e insensata de poderes a favor de la DGI, algunos de los cuales son inconstitucionales. Lo único en lo que el Estado uruguayo es eficiente es en cobrar impuestos. El resto, es un desastre. La reforma de la DGI arrancó en 2003, pero nunca termina, porque todos los años en cada Rendición de Cuentas se cuelan dos o tres artículos que le dan más armas al fisco. Eso terminó creando una tan eficiente como peligrosa máquina de cobrar que no tiene nada que envidiarle al IRS (fisco) americano. Y si se le pregunta a los jerarcas de la DGI van a decir que todavía le faltan más poderes. Ahora bien, ¿qué tiene de malo tener una DGI fuerte? Nada. Está bárbaro. Lo que está mal es no haber creado al mismo tiempo un mecanismo de resolución de conflictos ágil y especializado en materia tributaria que le permita a los contribuyentes defenderse de esa máquina cuando los reclamos no se ajustan a derecho. Todos los países civilizados que en algún momento decidieron reforzar los poderes del fisco, en el mismo acto reforzaron las facultades de los contribuyentes.

Establecieron juicios rápidos con jueces especializados para zanjar las disputas. Aprobaron Cartas de Derechos de los Contribuyentes por ley. Crearon los ombudsman tributarios. Eso fue lo que hicieron Inglaterra y Canadá en 1985, Francia en 1987, EEUU en 1988 y muchos otros. En cambio en Uruguay hace 20 años que no se dicta una sola norma importante que refuerce los derechos de los contribuyentes.

Poquísimas o nulas. Yo no lo voy a ver seguramente. Mire el lío que está generando la reforma del Proceso Penal. ¡Como para esperar una reforma en el procedimiento fiscal que debería resolver los problemas entre la DGI y los contribuyentes! Todo el mundo está preocupado en recaudar más sin importar los costos. Ni siquiera está en el radar de los políticos, con alguna honrosa excepción. Hoy en día tenemos una DGI del siglo XXI y un procedimiento para resolver problemas entre la DGI y los contribuyentes del siglo XIX. Es de locos porque el Código de Procedimiento Civil que rige este proceso es de 1878. Ni siquiera del siglo XX.

No, claramente no. El régimen actual solo les permite defenderse a los contribuyentes poderosos, a los muy corajudos o a los que si no pelean se funden por el reclamo. Hay que estar en condiciones de soportar embargos, negativas de Certificado Único, negativas para imprimir facturas y 100 torturas más. Y además peleas con el fisco en la prensa. Y todo durante cuatro o cinco años hasta llegar a una resolución de la Justicia. Solo un 5% del total de inspecciones en los que la DGI dice que hubo adeudo, llegan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la Justicia. Y las sentencias de la Justicia en 7 de cada 10 casos son a favor del contribuyente. ¿Por qué no hay más litigios entonces? Porque hay muy pocos que tengan la espalda para aguantar este vía crucis. La DGI va a decir que no hay más reclamos porque los contribuyentes reconocen que venían pecando. Cada uno que crea lo que le parezca.

El problema principal es la falta de un proceso viable. Pero hay muchas cosas más que hacen a ese desequilibrio. Por ejemplo, el fisco uruguayo no tiene plazo para terminar una inspección y por eso las inspecciones se eternizan. En España, Chile, México, Francia, y en muchos países más hay un plazo. En Uruguay las inspecciones duran en promedio tres años entre que empiezan y la DGI le dice cuánto debe. Ese promedio es demencial. El solo hecho de que una empresa tenga una inspección abierta tanto tiempo le genera una falta de certeza jurídica que distorsiona su actividad y sus inversiones.

Otro ejemplo: la DGI no da facilidades de pago al contribuyente que quiere discutirle su adeudo ante la Justicia. Es claramente un castigo discriminatorio al contribuyente que quiere ejercer su derecho constitucional a discutir una resolución de la administración. Hay que pagar al contado, si puede, y después ir a litigar cuatro años.

Se debería crear un sistema judicial de resolución de conflictos entre contribuyentes y fisco que sea rápido y especializado en impuestos. Se debería poner límites a la duración de las inspecciones, como sucede en España, Chile, México y tantos otros países. Habría que sacarle facultades inconstitucionales a la DGI como la de suspender el Certificado Único a una empresa cuando se le antoja, lo cual paraliza a muchas empresa. Se debería aprobar una verdadera Carta de Derechos de los Contribuyentes por ley y no la fantochada que anda por ahí. Como hicieron España, Australia, EEUU, Francia, Canadá, Reino Unido, México, entre otros. Se debería medir la eficiencia de los funcionarios del fisco no solo a través de metas de aumento en la recaudación sino midiendo la satisfacción de los contribuyentes inspeccionados.

Porque un contribuyente desconforme, que vive el resultado de su inspección como una profunda injusticia; un contribuyente que creía estar pagando bien sus impuestos y la DGI le dice que es un defraudador; un contribuyente que paga únicamente para evitar la asfixia a la que estaba siendo sometido, son síntomas de un sistema de contribución a las cargas públicas enfermo que tarde o temprano va a colapsar. Por eso es importante la opinión de los contribuyentes.