Cuando apenas había sido electo y sin que todavía asumiera en su cargo, el expresidente Tabaré Vázquez manifestó en 2005 la voluntad de buscar consensos entre trabajadores y empresarios para elaborar una ley de negociación colectiva que permitiera acordar salarios y discutir sobre condiciones de trabajo.
Esa salida legislativa fue una bandera que el PIT-CNT tomó de inmediato y que hasta ahora defiende a rajatabla. Su aprobación y posterior puesta en práctica fue un triunfo para la central sindical y una herramienta que es centro de críticas continuas desde las cámaras empresariales. Desde el 2009 los reclamos desde este sector por el alcance de su contenido son moneda corriente.
Pero ahora la decisión del gobierno de introducir modificaciones en la norma, tal como recomendó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2011, genera resquemores entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo, ya envió al Parlamento un proyecto que toma en cuenta las sugerencias realizadas por el organismo. En uno de sus puntos establece cambios sobre la vigencia de los acuerdos, que se conoce como la “ultractividad de los convenios”.
La ley aprobada durante la primera administración del FA, establece que los convenios colectivos mantendrán plena vigencia en todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario. La iniciativa del gobierno propone quitar este punto de la norma y que la vigencia y prorroga de los acuerdos quede a resolución de trabajadores y empleadores que sean parte.
La central sindical tratará el tema hoy cuando se reúna su Secretariado Ejecutivo. Uno de los coordinadores del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a El Observador que “no se aceptarán” cláusulas que “violenten” la ultractividad. “Nosotros asumimos que todo se puede negociar de forma colectiva, pero no nos confundimos. (…) No vamos a permitir que ahora ninguna ley violente derechos que hemos conquistado en el primer gobierno de Vázquez”, afirmó Pereira.
En tanto, el dirigente Richard Read, definió la modificación como “una puñalada trapera”. “Si se aprueba y modifica la ley es nefasto. Significaría que todos los convenios que se lograron con mil quilombos y que tienen por ejemplo una duración de dos años queden de vuelta en cero. (…) Es una cosa increíble que este gobierno le haya resbalado la opinión del movimiento sindical”, dijo Read.
En el PIT-CNT también se considera que este cambio “atenta” contra las conquistas de los sindicatos más débiles. Para el dirigente metalúrgico Marcelo Abdala, el alcance y vigencia de los beneficios ajenos al salario, como feriados pagos, categorías y otras condiciones de trabajo deben ser acordados entre las partes y no debe ser un tema que se incluya en la ley.“Son cosas que después que se acuerdan forman parte del acervo de la mejora de las condiciones de trabajo y no se discuten más, salvo que algún convenio lo diga de forma explícita”, expresó.
La propuesta de quitar este tipo de beneficios fue detonante a fines de 2010 de un conflicto que afectó al sector de la Bebida y uno de los ejemplos utilizados por la central para rechazar ese artículo cuando expresó su posición ante la OIT al año siguiente.
Por otra parte, consultado por El Observador, el asesor jurídico de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Andrés Fostik, prefirió no emitir comentarios hasta conocer el contenido del proyecto elaborado por el MTSS y determinar si es compatible con las observaciones hechas por parte del OIT.
