Economía y Empresas > ANÁLISIS - Federico Comesaña

¿Qué tan grave es que Uruguay deba US$ 34.000 millones?

Tres perspectivas para evaluar la situación fiscal

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05 de febrero de 2018 a las 05:00

El déficit fiscal se ha convertido en uno de los principales flancos económicos en los cuales la oposición y los agentes productivos concentran su crítica a la administración de Tabaré Vázquez. Que se gasta mucho. Que se gasta mal. Que se gasta en cosas que no se debería gastar. A veces se critica con argumentos sólidos y otras se cae en una visión caricaturizada de la realidad económica.
Hay tres grandes categorías en las cuales se puede agrupar buena parte de las críticas que recibe el gobierno por el manejo que realiza de las cuentas públicas.

La primera de esas categorías tiene que ver con el cuánto. Esto es, con el tamaño que tiene el gasto público, los ingresos del Estado, el déficit fiscal y la deuda pública. En este terreno hay críticas muy válidas, pero también de las otras. Puede sonar muy grave decir que en 2004 la deuda pública era del equivalente a US$ 14.000 millones y que hoy supera los US$ 34.000 millones. Sin embargo, es un enfoque errado porque implica comparar países diferentes.

En 2004 la economía uruguaya generaba en un año de producción el mismo monto que la totalidad de su deuda. Hoy la deuda representa 64% del valor generado en un año. Y ese es un indicador mucho más relevante. Conforme la capacidad de Uruguay para asumir deuda aumentó es natural que el monto de la deuda crezca.

Visto así, en una visión de largo plazo, la deuda pasó a pesar menos a la economía. Pero eso no es verdad cuando se mira un plazo más corto. Desde el inicio de la administración de José Mujica (2011), el porcentaje de deuda en términos del PIB viene en aumento. Las series trimestrales ubican en el tercer cuarto de 2011 el punto más bajo (55,7%). Desde entonces y con altibajos, la deuda creció más que la economía.

Incluso cuando se deja a un lado aquella deuda que podría ser cubierta con los activos de reserva del Estado en una eventualidad, se percibe la misma trayectoria de deterioro. La deuda neta –así se llama este último indicador–, alcanzó su punto más bajo en el tercer trimestre de 2014 en 21,3% del PIB y hoy trepa a 30,8%.

¿Pero cuál es la gravedad de esa situación? Se dice que un desequilibrio de las cuentas públicas se encuentra en niveles insostenibles cuando mantenerlo en el mediano plazo obliga a la deuda a crecer más rápido de lo que crece la economía. No es el caso de Uruguay si se toma en cuenta las actuales perspectivas de crecimiento económico y el costo internacional de tomar deuda. Sin embargo, está al límite de esa situación y un agravamiento de las perspectivas económicas podría generar complicaciones serias.

El problema del "cuánto" genera hoy un problema de vulnerabilidad, no de crisis inminente. Aumenta el riesgo vinculado a que las cosas no salgan tan bien como se espera y, a la vez, reduce el margen de acción en otras áreas de política, como el combate al atraso cambiario. Pero no se puede calificar de irresponsable el manejo que ha hecho el gobierno de la deuda y sus montos. En todo caso, jugó al límite y asumió riesgos grandes que pueden tener un costo social elevado si se materializan.

El qué y el cómo

Otra categoría de críticas tiene que ver con la eficiencia en el gasto. Sea mucho o poco lo que se gastó y lo que hay que cubrir por encima de los impuestos, ¿se gastó de forma eficiente? O lo que es lo mismo, ¿se podrían haber obtenido los resultados que se obtuvieron en materia de bienestar social gastando menos recursos?

Este nivel de análisis se confunde muchas veces con la tercera categoría de críticas, que tiene que ver con los objetivos que persigue el gobierno a través del gasto, las áreas de asignación y las prioridades de política. Son discusiones diferentes. La primera es instrumental y no ideológica. Dado un objetivo específico, cuáles son las distintas alternativas para alcanzarlo y si la que se eligió efectivamente es o no la más barata. La segunda dimensión implica cuestionar el objetivo mismo y si debería o no el gobierno perseguirlo en función de los otras muchas metas que podría trazarse.
Es una distinción fundamental. Desde el punto de vista del cómo se gasta hay mucho para criticar a las últimas administraciones. El incremento de los recursos –y la dotación de personal– en áreas sensibles como educación, salud y seguridad no se condicen con los resultados obtenidos. Las empresas públicas están sobredimensionadas y sus resultados no están a la altura del gasto que demandan.

Un Estado más eficiente, que haga más con los recursos que ya consume es un reclamo legítimo para cualquier sector de la sociedad. Son los recursos de la gente y las empresas los que permiten cubrir el gasto. Todos los actores sociales deberían velar por eso y algunos estudios dan cuenta de que el nivel de ineficiencia en el uso de los recursos públicos es preocupante en Uruguay.

Sin embargo, cuando se confunde ese reclamo con uno de la tercera categoría, la que tiene que ver con los propios objetivos de política, la cuestión se entrevera y aparecen barreras ideológicas de uno y otro lado de la discusión muy difíciles de saltar. Hacen mal los productores agrícolas en pedirle al gobierno que "revea" las políticas sociales porque resultan costosas. Como también hacen mal el Pit-Cnt y el movimiento estudiantil cuando apuntan a determinados sectores a la hora de proponer aumentos de impuestos para financiar más gasto. Ese es un tema de los partidos políticos cuando se ofrecen como alternativas de gobierno y de la ciudadanía cuando evalúa y elige una de esas alternativas.

Cuando las organizaciones gremiales o sindicatos actúan como políticos –o pretenden ocupar su lugar– es cuando su discurso pierde fuerza y sus reclamos legítimos se desdibujan. Hay varios aspectos a criticar de la gestión de los recursos públicos por parte de la actual administración. Sin embargo, hay que cuidar los espacios y la validez de los planteos resulta fundamental para que la presión sea efectiva.
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