Las repercusiones del traslado de la jueza Mariana Mota se ha convertido en un elemento de controversia dentro del Frente Amplio en donde el Secretariado Ejecutivo le pidió ayer formalmente explicaciones a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al tiempo que el vicepresidente Danilo Astori, y el secretario de la presidencia, Diego Cánepa, opinó que la izquierda tomó el camino equivocado.
Ayer, el secretariado del FA reclamó “la máxima transparencia” de los actos de la Corte de Justicia y solicitó que “se expliquen los motivos del traslado”. “Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a la doctora Mota, contribuiría a descartar toda interpelación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.
Luego de expresar su confianza en los magistrados que han investigado las causas relacionadas con la violación de los derechos humanos durante la dictadura, el Secretariado del FA rechazó “enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que pretenden poner” en duda la adhesión del Frente Amplio a los preceptos constitucionales.
Por su parte, el integrante de la Vertiente Artiguista en ese organo del FA, Daniel Bentancourt, que los miembros del SCJ “parece que estuvieran sentados arriba de un pedestal y que no se las puede invitar al Parlamento” (ver apunte).
En tanto, el constitucionalista e integrante del FA, José Korzeniak, dijo que la Constitución “ni prohibe ni dice que los jueces están obligados a presentarse ante al Parlamento". “Perfectamente pueden decir ‘no vamos y contestamos por escrito’. Pero los parlamentarios tienen derecho a pedir informes”, sostuvo.
En 2001 durante el gobierno de Jorge Batlle sucedió una situación similar cuando el Parlamento convocó a la Suprema Corte para qué explicara con qué criterios concedí la gracia a los presos.
En aquel momento el presidente de la SCJ era Milton Cairoli y la decisión de la corporación fue la de no comparecer ante el Parlamento. “Me acuerdo perfectamente. Convoqué a mis colegas fuera de hora y, por unanimidad, resolvimos que no correspondía ir. Esto que está sucediendo ahora es un poco distinto pero el espíritu de la cuestión es el mismo”, dijo Cairoli a El Observador.
Sostuvo que tanto aquella convocatoria de 2001 como la que ahora propugna el Frente Amplio no tienen antecedentes. “En cuarenta años de carrera nunca lo había visto. Y, por referencias familiares, sé que antes de que yo me iniciara en esto tampoco había ocurrido algo similar”, sostuvo. "No son dioses del Olimpo
“Lo que queremos saber es cuál es la justificación (para el traslado) cuando no había sumarios contra Mota. Además se parte de la base que acá no hay ningún superpoder. Los señores de la Corte no son los dioses del Olimpo que están instalados allá arriba y que nadie les puede pedir explicaciones porque hay independencia de poderes”, dijo a El Observador Daniel Bentancourt, representante de la Vertiente Artiguista en el Secretariado del FA. “Hay una ofensiva de sectores que que se oponen a los cambios y van a utilizar cualquier mecanismo, sea la via judicial, la política o lo que fuere”, agregó.
Risso. "No hay motivos"
El constitucionalista Martín Risso dijo a El Observador el Parlamento puede invitar a la SCJ para pedirle su opinión sobre, por ejemplo, asuntos presupuestales, pero en las decisiones que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia “no hay ningún motivo” para hacerlo. En opinión de Risso, distinto es que se pueda convocar a los ministros del Poder Ejecutivo porque en ese caso la Constitución le otorga potestades concretas de control, pero no corresponde para la SCJ. “A nadie se le ocurriría convocar al presidente de la República para pedirle explicaciones por las decisiones que toma”, sostuvo.
