Jaime Igorra, arquitecto, militar retirado y fundador del
Frente Amplio, asegura que tanto a él como a sus compañeros del Tribunal de Conducta Política de la coalición de izquierdas no les temblará el pulso si tienen que emitir un dictamen contrario a los intereses del vicepresidente Raúl Sendic, cuyos gastos con una tarjeta corporativa de
ANCAP están a consideración de este organismo partidario. Además, como el tribunal no juzga sino que recomienda acciones al Plenario Nacional, Igorra anunció a El Observador que propondrá cambiarle el nombre por el de Consejo de Conducta Política. El tribunal funciona desde la fundación del Frente Amplio en 1971, pero tuvo especial acción a partir de 1989 cuando de la mano de Tabaré Vázquez accedió por primera vez al gobierno departamental de Montevideo. "Podemos meter la pata, pero no la mano en la lata", dijo Vázquez en ese momento. Además, allí el Frente Amplio aprobó documentos sobre la transparencia en la función pública.
El Tribunal de Conducta Política, hoy por hoy, con el Frente en el gobierno nacional y varios departamentales, ¿qué valora cuando alguien se somete a él?
No, cuando alguien es sometido al tribunal. Porque son los partidos políticos y las departamentales los que pueden pedir al tribunal que analicen la conducta política de tal persona.
La gran mayoría de los casos que trata son faltas comunes, o que se está haciendo algo común, que es no cumplir con el estatuto de las bancadas de ediles o de legisladores. El estatuto dice que se discute un tema en la bancada, lo resuelve y lo acata. ¿Cómo lo acata? Puede ser que toda la bancada esté de acuerdo o algunos no lo estén. Se hace la compulsa de cuántos van a votar y si están en contra menos de la tercera parte, todos están obligados por estatuto a votar. Pueden pedir la palabra en cámara y decir todo lo que quieran, pero por disciplina deben votar. Eso es una falta grave que automáticamente pasa de oficio al tribunal. ¿Qué razón hay para que haya un tribunal? Es la misma que existe en las sociedades profesionales que tienen comisiones de ética, como los arquitectos o los médicos, que ahora están sobre el tapete que por razones de conciencia no quieren actuar en determinados actos. Otros son los tribunales de honor en el Ejército, donde el honor es juzgado por sus pares –cuando los pares que los juzgan tiene honor– y es algo importante.
¿Hay diversos grados de sanción?
El tribunal no sanciona, sino que hace un dictamen y ni siquiera sugiere pena, analiza el comportamiento político y ético, hace un dictamen y lo eleva al Plenario Nacional. Pero le quiero contar que el nombre tribunal confunde, porque no juzga sino que aconseja, por eso propondré que se le cambie el nombre por Consejo de Conducta Política.
¿Tiene plazo para actuar?
No.
¿Y con el dictamen el Plenario Nacional qué puede hacer?
Por ejemplo, desafiliar al involucrado. (El exdirector de Casinos, Juan Carlos) Bengoa, por ejemplo, tiene suspendida la afiliación. El tribunal actuó cuando Bengoa estaba en la cárcel, no había fallo definitivo, faltaban elementos, pero frente a los testimonios hizo un dictamen sobre la conducta de Bengoa y el Plenario le suspendió la afiliación. Es una suspensión de por vida, porque en principio Bengoa tampoco se presentó al Frente Amplio a plantear su situación. Otros se desafiliaron antes de que el tribunal se pronunciara, y como ya no estaban afiliados no le competía al tribunal analizar su conducta.
Además de ser uno de los fundadores del Frente Amplio, el arquitecto y militar retirado Jaime Igorra es uno de los cinco representantes del Frente Amplio en el Tribunal de Conducta Política que tiene en sus manos el análisis del comportamiento del vicepresidente Raúl Sendic en el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP.
¿Los miembros del tribunal se consideran algo así como los guardianes de los principios fundacionales?
No. Son una garantía para el elector. El Frente es una coalición que se formó para cambiar cosas y teníamos que darle garantías al elector de que hay cosas que no se admiten. Vamos a suponer la peor situación para el vicepresidente de la República: el Frente lo desafilia y se le pide la renuncia. Él puede decir y con razón: ¿Cómo voy a renunciar si me debo a quienes me votaron y no al Frente?, entonces no renuncia. No es más representante del Frente y punto. Lo mismo con un ministro o jerarca. El tribunal puede analizar su conducta y el Plenario se pronuncia y lo desafilia, pero puede pasar que el presidente no acate lo que el partido dice y lo mantenga. Con el vicepresidente, por ejemplo, la banca no se le puede pedir porque no es del partido. Por eso esto es una garantía partidaria, y es un sector político el que pide el análisis de parte del tribunal. Hubo gente dentro del Frente que cuestionó el comportamiento del secretario general de la OEA (Luis Almagro), y querían que el tribunal analizar a su comportamiento. Es imposible, porque Uruguay lo único que hizo fue presentar su candidatura por voluntad de la OEA, no del Frente Amplio. El Frente lo podría desafiliar, pero no tiene consecuencias sobre su cargo.
¿Eso no le resta importancia a los dictámenes del tribunal?
Yo creo que no, porque en un sistema se requiere la voluntad del elector y no creo que un elector vote a un dirigente cuestionado moral y éticamente por su propio sector.
¿Ha cambiado la percepción de la ética en la izquierda?
Para el Frente no ha cambiado, para algunos de sus integrantes su comportamiento deja mucho que desear. Cuando personalidades del país decidieron formar el Frente Amplio para que transformara el país, ¿quién ponía en dudas la ética de Seregni, de Licandro, de Batalla, de Crottogini, de Villar? Basta ver la reunión del 5 de febrero de 1971 para ver qué solo los fascistas podían dudar de la ética de esa gente. Ahora, del 18% de los votos pasamos a tener el 52% y hay dolores de crecimiento. Y mucha gente que quiere crecer en política va a los partidos con más probabilidad y ahí viene de todo.
¿El gobierno desgasta en ese sentido?
Yo no veo desgastado en eso a Vázquez, a Astori, a Nin. Ahora, ¿me dice Gonzalo Mujica?, el tribunal dictaminó que incumplió con el reglamento de bancada. La declaración de él es que incumplía y dio sus razones, pero se mantuvo en su posición.
¿Se es riguroso o se es condescendiente con el compañero indagado?
Hay honestidad en el análisis de la situación y un pronunciamiento independiente. Ni el presidente del Frente Amplio se inmiscuye. No obstante, el dolor que pueda generarnos es una herramienta necesaria.
Cuando llegue el momento de evaluar a Sendic uno puede pensar que si se lo señala se le hace el caldo gordo a la oposición o a los medios. De hecho, hubo compañeros desde el presidente para abajo que lo defendieron.
En el tribunal no hay esa valoración. Y cuando se tuvo que pronunciar, se pronunció.
¿Aunque electoralmente lo afecte?
¿Qué es bueno electoralmente? ¿Que se haga la vista gorda de un error del compañero? Mire lo que pasa en otros países. Por eso estoy convencido de que es una garantía para el elector, esto no es una farsa. Y si entendemos que tenemos que ser severos con el vicepresidente Sendic lo seremos.
Sendic, en investigación
El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio está integrado por los abogados Nicolás Grab y María Elena Martínez, el médico Enio Martínez, el ingeniero Jorge Brovetto y los arquitectos Juan Carlos Ferreira y Jaime Igorra. Igorra aclaró que en el caso de Raúl Sendic, el tribunal tomó el caso "de oficio" luego de que el vicepresidente expresara su voluntad de ser indagado por el organismo. La doctora Martínez se excusó porque es funcionaria del Parlamento, con lo cual en este caso no habrá empate si es que los integrantes difieren. Cuando hay empate, el presidente desempata. Sendic ya declaró y no se descarta convocar a más gente al tribunal, que no tiene ni se fijó un plazo para pronunciarse.
