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El daño de las ocupaciones
La ocupación del frigorífico Las Moras, ubicado en La Paz (Canelones), por parte de un grupo de trabajadores sindicalizados, en reclamo de aumentos salariales, es un sinsentido, aunque tristemente amparado en un equivocado marco legal que trastoca las reglas de juego que necesitan las empresas para hacer negocios y competir. El decreto 165/006 y la ley de negociación colectiva 18.566 legitimaron la ocupación de los lugares de trabajo –que se considera una modalidad del derecho de huelga– carece de razonabilidad, sentido común y de toda lógica, tres principios o valores que deberían prevalecer en cualquier ordenamiento jurídico en un régimen democrático. Es por eso quizás que en estos años la actuación mayoritaria de los jueces ha acogido los pedidos de la desocupación, no solo por parte de empleadores sino también de empleados no sindicalizados que no comparten esa radical medida de lucha que, en el mejor de los casos, termina con una pérdida millonaria y, en el peor, con la quiebra de la empresa.
El sindicato del frigorífico Las Moras reclama un aumento del 64% para el sector de la faena y 40% para el de carga. Quiere un incremento de salarios por encima de lo que estipula el convenio del sector y otros beneficios.
La empresa, por su lado, que ha respetado a rajatabla los convenios colectivos del sector, propuso un aumento de 7% real y un beneficio de productividad en base a la cantidad de animales faenados, una cifra promedio de ocho mil al mes. El argumento es que en las condiciones económicas actuales, si otorgara los aumentos reclamados enfrentaría graves problemas por el incremento de costos de una firma exportadora. Las Moras vende el 80% de su producción en el exterior y China es el mercado más importante.
La ocupación paralizó toda la cadena de producción, afectó el cumplimiento de contratos firmados y lo más seguro es que pierda clientes.
La paralización total de la actividad, sumado a los problemas que conlleva una planta industrial cerrada, representa una pérdida de US$ 30 mil por día, según datos de una empresa que tiene 387 trabajadores y, además, es responsable de empleos indirectos en sectores como el transporte de hacienda y el de productores de ganado.
Los trabajadores tienen todo el derecho de aprobar una huelga en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo. Nadie cuestiona ese derecho constitucional. Pero una medida radical de protesta como significa ocupar una fábrica, prohibir la entrada a sus propietarios e impedir trabajar y producir, violan otros principios fundamentales como la libertad de trabajo de los no adherentes a la medida de lucha, el derecho de iniciativa económica del empresario y el derecho de propiedad.
En ese marco, Elizabeth Misa, directora de Las Moras, ha expresado con una gran franqueza el desamparo que siente por hacer frente a un pleito donde el Estado no actúa como árbitro, sino que apoya los puntos de vista y acciones del gremio.
La situación es tan absurda que ni los clientes de China comprenden cómo es posible que los propios dueños del frigorífico –por la vía de los hechos– hayan sido echados de sus propias instalaciones. Los ocupantes ni siquiera ‘autorizaron’ a retirar la documentación para el pago a proveedores.
