Filtración de videos sexuales: ¿qué ha hecho la Justicia en los últimos casos?

Desde que se creó la Ley de violencia basada en género hacia las mujeres promulgada 22 de diciembre de 2017, hay un delito específico que pena la “divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo” con seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.

Según la Fiscalía, el primer caso que se resolvió bajo esta norma ocurrió a mediados de julio de este año: un hombre fue condenado con nueve meses de prisión, condena que, sin embargo, fue sustituida por una serie de medidas, como la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima, además del compromiso a eliminar todo material de contenido íntimo que involucrara a la mujer.

Pero antes que existiera este delito, las víctimas se enfrentaban a la dificultad de denunciar sin el respaldo de una figura delictiva concreta -por lo que los abogados debían utilizar la evidencia en dirección a delitos distintos pero que pudieran resarcir a sus defendidos-  y muchas veces los casos eran archivados.

Antecedentes 

En un video difundido en setiembre de 2012 la boxeadora uruguaya Chris Namús aparecía manteniendo relaciones sexuales con quien alguna vez había sido su pareja, pero la investigación no condujo al caso a una resolución. El mismo destino tuvo la causa de la joven que fue sometida a una orgía en el camping de Santa Teresa en enero de 2014, archivado a solicitud de la fiscal Silvana Pedulla por “falta de méritos”, además de pruebas.

Según explicó el abogado Andrés Ojeda a El Observador, la carencia que había entonces de una figura penal que castigara el acto de la difusión obligaba a la defensa de los denunciantes a buscar otros delitos que permitieran la justificación de procesamientos, y eso hacía más ardua la recolección de pruebas, aunque en ocasiones se lograba justicia.

Así ocurrió con un joven de 20 años que en agosto de 2013 fue procesado por violencia privada y violación tras la difusión de material erótico en que aparecía su exnovia. Pero esos dos delitos fueron imputados porque, a criterio de la Justicia, la víctima había sido forzada a mantener relaciones sexuales, y no porque haya difundido las imágenes.

Una situación similar ocurrió cuando fueron procesados tres jóvenes en enero de 2015, que difundieron un video que los mostraban manoseando a una mujer, a quien al mismo tiempo habían filmado mientras mantenía relaciones sexuales en un descampado en Punta del Diablo minutos antes. La jueza de Chuy, María Noel Tonarelli, encuadró la conducta de los hombres en los delitos de atentado violento al pudor y exhibición pornográfica. Esta última figura pena a quien "ofrece públicamente  espectáculos teatrales o cinematográficos obscenos, el que transmite  audiciones y efectúa publicaciones de idéntico carácter", con hasta dos años de prisión. 

La nueva ley de violencia de género, además, introdujo otra modificación al Código Penal que también contribuye a dar mayor efectividad a la persecución de otro delito de índole sexual: el ultraje público al pudor.

Desde fines de 2017, el artículo 277 bis castiga a aquellos que "mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de trasmisión de datos, contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad será castigado con de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría". Con esta figura, fue condenado semanas atrás en Paysandú un profesor de 74 años, que publicó en su cuenta de Facebook fotos de una exalumna, de 16 años, junto a poemas obscenos.