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222, 223, 224

La gente tiene derecho a la seguridad y el Estado tiene el deber de darla, si no, volveremos a la ley del más fuerte y eso es perder miles de años

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16 de julio de 2017 a las 05:00

Gran estupor causó el crimen de la pizzería Amauri. Por el hecho en sí: una rapiña a medianoche para llevarse los $ 10 mil de recaudación del día acaba en un asesinato. Por las circunstancias de la víctima: un policía que realizaba vigilancia en el comercio fuera de horario de servicio (lo que se conoce como el 223, que es un servicio de contratación de policías en forma ilegal y donde el efectivo no se identifica como tal). Por las declaraciones del subsecretario del Ministerio del Interior, que pese a lamentar el hecho, pareció más preocupado en que el efectivo policial estaba desarrollando una tarea ilegal (prohibida por la ley Orgánica Policial de 2015), lo que le llevaba a estar más desprotegido, que en su propia muerte. Algo parecido a lo que dijo Bonomi hace unos meses, cuando un hombre se bajó de un auto en Carrasco Norte para defender a una mujer que estaba siendo rapiñada, y se encontró con un tiro mortal. Bonomi terminó recomendando: no se resistan. Por la reacción de la oposición, que no leyó u oyó bien las primeras palabras de Vázquez, (en las que lamentaba el hecho y acompañaba a la familia de la víctima en su dolor), y vieron a un hombre insensible, preocupado solo de los asuntos legales de las actividades policiales extralaborales y no del drama humano que se vivió por parte del policía muerto y su familia, del cajero del comercio y de los propietarios, que por alguna razón decidieron contratar un servicio de seguridad ad hoc, fuese o no legal. Por los debates posteriores sobre el grado de remuneración de la fuerza policial, muy superior a la del pasado pero aún insuficiente. Por la inusual denuncia del Ministerio del Interior contra los propietarios del comercio por violación de la ley de responsabilidad penal, algo que según destacados penalistas es algo descabellado pero que deberá resolver la Justicia.

Y, en definitiva, por el debate sobre la seguridad en general, que es lo que preocupa a la población y que sí pareció estar por fuera de las palabras del subsecretario Jorge Vázquez.

He aquí, sin embargo, el centro de la cuestión. Porque el recurso –aunque sea ilegal, desde que se recortaron drásticamente y quizá con razón las horas dedicadas al servicio 222– a una fuerza de seguridad privada como complementaria o supletoria de la normal, viene impuesta por una triste y creciente realidad. La de que la fuerza de seguridad que debe proporcionar el Estado como su primera función en una sociedad civilizada para eliminar el uso privado de la fuerza, único medio de protección práctico en las sociedades primitivas, no es efectiva o no es percibida como efectiva por la población.

Ya no se trata de proteger el transporte de caudales o de valores, tarea que se realiza con guardias de seguridad privadas pero permitida por la autoridad competente. Tampoco de los variados servicios de seguridad –con o sin personal armado- que brindan empresas habilitadas para hacerlo. Se trata, en cambio, de pequeños comercios, que no tienen capacidad económica de contratar un servicio vigilancia y recurren a lo que ellos (y los prestadores del servicio) consideran una "changa" en horas pico de recaudación. Para el guardia, sea o no funcionario policial, es un ingreso adicional. Para el comercio, una especie de "seguro". Aquí era un policía contratado, y de ahí el enojo del Ministerio del Interior, pero cuántas veces es un sereno desarmado. Allí, el Ministerio del Interior no podría decir nada ni denunciar penalmente a nadie y la tragedia era la misma.

Por eso el problema sigue vigente: hay falta de seguridad, y lo seguirá habiendo aunque las rapiñas bajen 10% o 15% porque subieron de 10 mil a 20 mil en cinco años. Y ahora, cualquier descenso que no vuelva por lo menos a los niveles de 2010 es una discusión estadística.

Hoy, aunque la situación en Uruguay sea mejor que en otros países de la región, es mala. Y aunque los factores que la generan son múltiples, y entre ellos destacan la mala educación y el pésimo sistema carcelario que es una fábrica de reproducción del delito, tanto para mayores como para menores, la cara visible de la responsabilidad está en el Ministerio del Interior.

En materia de seguridad se ha hecho mucho. Pero hay declaraciones inoportunas, como las del ministro Bonomi en el caso del asesinato en Carrasco Norte y ahora del subsecretario Vázquez. La gente viene a decodificar: ¿pretenden que uno no pueda reaccionar cuando ve un asalto? ¿Incluso si la víctima parece más débil? ¿Pretenden que uno no solo no porte armas sino que no porte dinero, tarjetas ni documentos? ¿Habría que salir desnudo de su casa? O, incluso, ¿no habría que quedarse en su casa?

Por eso es lógico, aunque no sea legal, acudir al 223, y mañana al 224, cuando se persiga el 223. Porque la gente tiene derecho a la seguridad y el Estado tiene el deber de darla, si no, volveremos a la ley del más fuerte y eso es perder miles de años. Un lujo que no podemos darnos. Y sobre el cual los gobernantes deben opinar con sumo cuidado porque el horno no está para bollos.

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