A poco más de una semana de tener que traspasar el poder al mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, concedió el viernes un indulto que dejará en libertad a militares y policías, incluyendo a aquellos responsabilizados por la famosa masacre carcelaria de Carandirú.
En una clara señal hacia las fuerzas represivas, en las que se apoyó durante todo su mandato, Bolsonaro firmó un perdón que es extensivo a todos los agentes del orden que hayan sido condenados por crímenes culposos, o aquellos que hayan sido cometidos por actos realizados en cumplimiento de "su deber de actuar" o "en razón de riesgos" enfrentados por las fuerzas de seguridad.
Ese aspecto beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandirú, en San Pablo, en 1992.
Los agentes fueron condenados en sendos juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca han llegado a ser encarcelados, debido a maniobras judiciales, con las que sus abogados han conseguido dilatar los juicios de apelación en instancias superiores, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, celebró en sus redes sociales: "Hoy se hizo justicia" para los autores de los homicidios en Carandirú, a los que "intentaron arrestar por 30 años", escribió.
La matanza de Carandirú se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de ese presidio, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a casi 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas, sin posibilidad de defenderse o huir.
Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.
El responsable de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero tampoco llegó a entrar en prisión y fue absuelto en una apelación en 2006, pocos meses antes de fallecer asesinado.
La conmoción que produjo la matanza llevó a las autoridades brasileñas a clausurar Carandirú en 2002, y posteriormente se ordenó su demolición para dar lugar a un parque.
