A la carga contra las AFAP

Es obvio que detrás del proyecto de ley sobre los cincuentones, tema que divide al Poder Ejecutivo, hay un renovado intento de debilitar a las AFAP. El justo reclamo de decenas de miles de aportantes al sistema previsional de cuentas individuales puede ser adecuadamente atendido a un costo fiscal muy inferior al del plan enviado al Parlamento, defendido por el PIT-CNT, algunos sectores del Frente Amplio y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. No solo tres técnicos de alto nivel lo explicaron claramente a los legisladores. Coincide en general con su evaluación el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contrariando la posición de Murro.

El proyecto actual supone que hasta 70 mil trabajadores activos abandonen las AFAP y vuelvan al sistema de reparto del Banco de Previsión Social (BPS) como forma de mejorar sus ingresos al momento de jubilarse, corrigiendo un problema de diseño de la reforma previsional de 1996. Al momento de ser enviado el proyecto al Parlamento, el BPS estimó el costo del proyecto en US$ 2.550 millones en las próximas décadas. Pero el MEF calculó posteriormente que la cifra treparía a US$ 3.700 millones, ante lo cual ha propuesto una fórmula adecuada y menos gravosa, a un costo 70% inferior al previsto. Consiste en que los aportes previos a 1996 de los hoy cincuentones sean volcados por el Estado a sus cuentas personales en las AFAP. Si junto con este procedimiento se extendiera a 65 años la edad jubilatoria, los cincuentones no perderían ingresos al momento de su retiro y el país se ahorraría más de US$ 2.000 millones.

La propuesta del ministro Danilo Astori y su sector es doblemente conveniente. Por un lado, atiende el reclamo de un grupo minoritario de trabajadores cuyos ingresos van de medios a altos. Por otro, evita un voluminoso gasto público, de impacto en la situación fiscal aunque se extienda a lo largo de más de cuatro décadas. Pero al anular que los cincuentones abandonen inexorablemente las AFAP para volver al BPS, la fórmula de Astori diluye el viejo objetivo del PIT-CNT y de varios sectores frenteamplistas de fracturar el sistema de cuentas personales. Esta ofensiva tiene una mezcla de oposición ideológica al sector privado y la propensión a la desmesura estatista que caracteriza la estructura institucional del país.

Ni siquiera los más acérrimos defensores de esta tendencia ignoran que la creación de las AFAP no fue un capricho privatizador sino una salida imperativa para evitar el colapso del sistema previsional de reparto del BPS. Cuando se armó la reforma, estudios técnicos que nadie refutó fundadamente en su momento concluyeron que en un máximo de 10 años el Estado ya no podría solventar el pago de las jubilaciones. Si en el proceso reformista existió un perjuicio para parte de los trabajadores, es pertinente corregirlo. Pero la lógica más elemental exige que la corrección sean tan justa como lo menos costosa posible. La fórmula que respalda el MEF contempla ambas exigencias. La contenida en el proyecto de ley a estudio del Parlamento, en cambio, triplica el costo fiscal exclusivamente para usar esa diferencia como arma de ataque contra las AFAP. Es una forma segura de retrogradar, en el campo de la seguridad social, al ruinoso estatismo a ultranza que tanto mal le sigue haciendo al país. l