Pasada la distracción natural que generó en la agenda política y económica el referéndum del 27 de marzo, ahora el Poder Ejecutivo ingresa de lleno en el proceso (siempre complejo) de elaborar la próxima Rendición de Cuentas antes del próximo 30 de junio, en un contexto donde lo que no abundan son certezas. Ahora no ya por cómo o cuándo puede terminar la pandemia sino porque las consecuencias (económicas) de la guerra en Ucrania exacerbaron (y están generando) un dolor de cabeza a cientos de países a lo largo y ancho del mundo por la disparada de los precios. Con este telón de fondo, la mochila de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que se arrastra desde hace dos años, la promesa de bajar impuestos en 2023 y el reclamo de los socios de la colación por sus reivindicaciones, el gobierno deberá resolver cómo administra esas tensiones sin descuidar algunos los equilibrios macroeconómicos.
El Poder Ejecutivo ya está trabajando en el armado de la próxima Rendición de Cuentas. Camilo dos Santos
1 de abril de 2022 5:04 hs
De la pandemia a la inflación, el impuesto más duro
La disparada de los precios y la amenaza de transformarse en un efecto permanente —que genere una inflación por encima de lo habitual— es una variable sensible para cualquier sociedad y se ha transformado en un tema central de la agenda de distintos gobiernos. La estrategia del gobierno de Lacalle Pou ha sido la de responder gradualmente con medidas a corto plazo. La primera (y de mayor visibilidad) fue la que se aprobó la pasada semana con la exoneración de IVA al asado para que el precio de venta no supere los $ 230 por kg, una medida fue bien recibida por la población ya que las ventas se dispararon 50%, según los carniceros. El Estado estimó una renuncia fiscal de alrededor de US$ 1 millón por el mes de vigencia de ese beneficio que se votó en el Parlamento. Previamente se habían liberado permisos de importación de pollo para aumentar la oferta y buscar disminuir su precio de venta al público.
Por su parte, este miércoles en Mercedes el presidente Lacalle Pou comunicó una suba del precio de la nafta ($ 3) y el gasoil ($ 5), menos de la mitad de lo que sugería el último informe de Precio Paridad de Importación (PPI), que marcaba un ajuste de $ 7,5 y $ 15,2% por litro, respectivamente. Además, el mandatario también anunció que se exonerará el IVA a "panificados, fideos y productos similares" de origen nacional y habrá una actitud "similar" para quienes importan esos alimentos por un plazo de 30 días, al igual que el asado. Estas medidas administrativas procurarán (coyunturalmente) moderar la evolución alcista que mostrará en los próximos meses el Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica el INE. Sin embargo, dado la coyuntura internacional actual generada por la guerra, parece poco probable que la fuerte presión alcista que han sufrido granos clave para la alimentación como el trigo o el maíz pueda moderarse drásticamente a corto plazo. Lo mismo ocurre con los aceites comestibles, los fertilizantes, el petróleo o el gas natural, en los que Rusia y Ucrania son actores muy relevantes y cuyo reemplazo por otros proveedores no es sencillo.
Bajo esta coyuntura es más que factible que las autoridades del equipo económico se vean obligadas a extender esas medidas de reasignación de impuestos —que aprobó por 30 días— para evitar que la inflación supere ese siempre temido umbral de los dígitos, como ya le ocurrió a poco en abril y mayo de 2020 a poco de que emergiera la pandemia. Una escalada inflacionaria es el peor impuesto y el más regresivo, ya que castiga más a los que menos tienen.
Asentamientos, pobreza infantil y la baja de impuestos
Mientras el gobierno y las autoridades del equipo económico apelan a las (pocas) herramientas disponibles que existen para contener una escalada global de los precios, hay otros temas donde también se procura avanzar en 2022, que requerirán más recursos del Estado o resignación de impuestos. La erradicación de asentamientos ha sido una promesa de campaña electoral donde los avances han sido magros hasta ahora, más allá de la creación de un fideicomiso por US$ 240 millones que todavía no comenzó a rodar y cuyos plazos de ejecución no suelen ser ágiles.
El otro dato preocupante que recibió el gobierno fue el aumento de la pobreza infantil durante el segundo semestre, un área prioritaria para la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche. El año pasado el gobierno decidió elevar en US$ 50 millones la partidas que se destinan en los programas de primera infancia y fue de los pocos rubros donde se elevó el gasto del Estado. Si bien la pobreza general bajó en el promedio del 2021 en 1 punto respecto a 2020 y unas 35 mil personas dejaron su condición de pobres, los datos del segundo semestre indican que la pobreza en niños de 0 a 6 años creció de 16,1% a 21% entre una mitad del año y otra del año pasado.
Con estos datos sobre la mesa, es probable que el MEF refuerce las partidas de gasto del Estado para los menores de 18 años si mantiene su política de la anterior Rendición de Cuentas.
Por otro lado, si la economía crece como espera el gobierno y el grueso de los analistas privados este año, el camino para poder reducir la carga del IRPF y del IASS para los ingresos más bajos que tributan este impuesto parece estar despejado.
El PIB de Uruguay crecería 3,8% en 2022 de acuerdo a la mediana de los analistas consultados en la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central (BCU) de marzo. El pasado 2 de marzo, el presidente Lacalle Pou asumió el compromiso ante la Asamblea General de "reducir el IASS y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023" si la expansión del PIB alcanza 3,8% como mínimo este año como estimó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en febrero de este año. Asimismo, hay agentes que argumentan que ese número incluso puede quedar corto en virtud de revisiones que hizo el BCU sobre la marcha de la economía en trimestres anteriores. El último Monitor de Coyuntura de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) estimó un crecimiento del 5% para el PIB en 2022. En ese informe, que coordina el economista Javier de Haedo, se indicó que "las reestimaciones de los trimestres anteriores, más el dato del cuarto trimestre del año pasado, dejaron un 'arrastre estadístico' de 3,6% para este año (en lugar del 2,5% que se tenía previamente), lo que ahora permite esperar un crecimiento del PIB cercano al 5% en 2022".
En síntesis, el gobierno se enfrenta a un escenario desafiante para poder contener las presiones inflacionarias de corto y mediano plazo, en un contexto donde las voces de los sindicatos y jubilados por la sostenida pérdida del poder de compra de sus ingresos se sentirán con más fuerza. Acá las autoridades se enfrentan a un dilema, ya que si optan por hacer retoques a las pautas salariales con los ajustes nominales que están previstos para los próximos años, se puede afectar la credibilidad que busca transmitir el BCU para contener las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. Por otro lado, cerrar un tercer año con pérdida de salario real comprimiría en apenas dos años (2023-2024) la recuperación del salario real que proyectó el Poder Ejecutivo cuando presentó su Presupuesto quinquenal. Así, los reclamos, prioridades y tensiones políticas pautarán la discusión de la próxima Rendición de Cuentas, en medio de una guerra cuyas consecuencias hoy están lejos de la certidumbre.