Abogada de Blas señala demora "injustificada" de la DGI en un proceso que lleva cuatro años y considera irregular

El organismo sostiene que Javipark SA, una sociedad de la que Blas es apoderado, utilizó a la inmobiliaria Blas Propiedades para vender inmuebles cuyo “ingreso o renta bruta consignado era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, según la resolución de la DGI a la que accedió el semanario. Las sanciones que la DGI pretende imponer también comprenden al empresario Oscar Adorno, titular de Javipark; al escribano José Luis Robatto, miembro Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle; al también edil nacionalista, Darwin Correa; y a dos escribanas que son funcionarias municipales.

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Con respecto a la acusación de la DGI, Sotto dijo que “no existió beneficio económico por parte de Blas” y que de los 108 padrones que integran el fraccionamiento, los negocios cuestionados por la DGI son únicamente 15. “Blas no es propietario de los terrenos ni integra la sociedad contribuyente. Y otro dato no menor es que el procedimiento donde se pretende imputar la multa es un procedimiento administrativo plagado de irregularidades, donde no se han respetado las garantías del debido proceso. Se diligenciaron pruebas a espaldas de todos los investigados lo que incluso facilitó la presión a algunos testigos”, dijo la profesional, que explicó que recién ahora que la DGI firmó la resolución se inicia un expediente al que pudo acceder la parte acusada.

Además, la abogada afirmó que el caso se maneja “en función de los tiempos electorales”, en relación a que la primera denuncia se presentó en 2014 antes de las internas y ahora, ante la inminencia de una nueva campaña, las actuaciones de la DGI "vuelven a ser noticia". En 2014, la DGI presentó una denuncia penal contra Blas que está en la Justicia del Crimen Organizado. Blas es el principal dirigente de Luis Lacalle Pou en Maldonado.

Sotto agregó que en el medio del procedimiento se cambiaron los criterios de imputación y los montos que se pretenden reclamar. Señaló también que Javipark intentó pagar la deuda que fijada en 2014 en $6.711.764 aclarando que no reconocía los adeudos y que la DGI no aceptó el pago. Finalmente, la empresa pagó bajo protesta.

Ahora, el juzgado civil de 14 turno no hizo lugar a la solicitud de prórroga de los embargos que pidió la DGI y señaló la demora de la DGI en tomar el acto administrativo. “No corresponde continuar prorrogando el mismo (embargo) sin que se acredite con total claridad por la parte actora, la existencia de una causa o motivo no imputable a la Administración en la obtención de un acto de determinación firme”.

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“Y precisamente, en el caso, la DGI se limitó a reiterar su pedido de prórroga, sin aportar elementos objetivos y claros que indiquen la existencia de una causa o motivo que le haya impedido lograr un acto de determinación firme a pesar del extenso transcurso de tiempo transcurrido, circunstancia ésta que conduce a rechazar el pedido de prórroga peticionado”, argumentó el juez en la resolución del 21 de agosto pasado.

No obstante, agregó que si la DGI "constatara el peligro de lesión o frustración del derecho de cobro del crédito fiscal, o advirtiera que los contribuyentes han iniciado procesos de vaciamiento patrimonial, podrá –claro está- solicitar medidas para proteger el derecho de cobro del crédito fiscal". Esta resolución del juzgado fue apelada por la DGI.

Por último, Sotto precisó que la multa que la DGI pretende imputarle fue recurrida por lo que no está firme y aclaró que la inmobiliaria Blas quedó absolutamente desligada de responsabilidades por a la propia DGI. “Luego de actuaciones inspectivas no hubo reproche alguno por parte de la administración”, aseguró.