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Abogado pide que Vivienda pague más de $ 3 millones por demorar en dar hogar a desalojados
El abogado Juan Ceretta, representante de las tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo que por orden de la Justicia de Familia deberán recibir una vivienda digna, presentó este martes un escrito ante la Justicia para que intime al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) a cumplir con la sentencia de condena y pagar una multa por el atraso en dar solución habitacional en uno de los casos.
En el documento, al que accedió El Observador, se exige que la cartera abone un total de $ 3.617.271, porque la ley de Acción de Amparo dispone que el Estado tiene 24 horas para dar solución una vez que recibe una sentencia en contra tras un recurso de amparo. En este caso ya llevan 27 días sin respuesta, y dos fallos –el de primera instancia, el 5 de abril, y el de Tribunal Apelaciones de Familia de 2º Turno, emitido esta semana– que condenan a la cartera.
El cálculo de la sanción económica se basa en lo establecido en la ley, que dispone que por cada 24 horas que pasan sin dar una vivienda, al ministerio se le deberían recargar 100 Unidades Reajustables –$ 139,73 en valores actuales.
"Lamentablemente, nuevamente el M.V.O.T es omiso en sus obligaciones en tanto la sentencia no fue cumplida y por ende, la familia sigue viviendo en la situación descripta a lo largo de la demanda y ahora sí se encuentra ante la inminente incertidumbre de a dónde irán a vivir, ya que debían abandonar su rancho", dice el documento, y agrega: "La suma total de $3.617.271 (Tres millones seiscientos diecisiete mil doscientos setenta y uno) deberá ser depositado en una cuenta del B.R.O.U que solicito se abra a nombre de estos autos por medio de un oficio a la mencionada institución bancaria".
El abogado planifica presentar un escrito idéntico en los próximos días, en relación a la tercera familia que también fue amparada en dos sentencias y que todavía espera por una solución, dijo a El Observador.
Hasta el momento, la secretaría de Estado solo otorgó una casa a una de las familias, porque tenía "stock" para solo ese caso, como dijo días atrás la ministra Irene Moreira.
"Pero justamente esa vivienda estaba designada a una familia que sí había cumplido todos los pasos. Tienen todo una pauta y hoy le tengo que decir: cumplió todo pero espere porque tengo que cumplir con la sentencia", dijo Moreira el 18 de abril. "Preocupa que al no tener ese stock de vivienda, ¿qué pasa si me caen 20 fallos?", insistió.
En la misma línea se manifestó este martes en el Parlamento el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos –también esposo de Moreira–, quien llamó al sistema político a "no aceptar calladamente" lo que a su entender fue una "interferencia" del Poder Judicial en jurisdicciones del Poder Ejecutivo al fallar a favor de los desalojados.
El senador remarcó que al darle una vivienda a una de las familias demandantes, la cartera dejó sin solución a "una familia que había cumplido con todos los requisitos en un proceso de varios meses", y cuestionó que "un magistrado se arrogue el derecho de cogobernar marcando prioridades a quienes fueron elegidos para desarrollar políticas que garanticen ese derecho (al de la vivienda), y menos amparando a quienes reclaman a partir de la comisión de un presunto delito de usurpación".
