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Aciertos y sinsabores de cinco años de Ana Botín al frente de Santander
El quinto aniversario de la llegada de Ana Botín a la presidencia del grupo Santander se ve ensombrecido por dos hechos relevantes: la baja cotización de las acciones de la entidad -el lunes cerraron la sesión en 3,61 euros por título mientras que cuando accedió al cargo lo hacía a 5,92 euros (ajustado por operaciones financieras)-, y el contencioso jurídico que el banco mantiene con Andrea Orcel, que se anunció hace un año que iba a ser nombrado consejero delegado del grupo, pero meses después el banco decidía no hacerlo.
Al tiempo ha tenido buenas noticias, como la exclusión del banco como posible responsable penal en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional por la crisis de Banco Popular.
En la noche del 9 al 10 de setiembre de 2014 Emilio Botín, padre de Ana, falleció y pocas horas después el consejo del banco, tras una reunión previa de la Comisión de Nombramientos, decidió por unanimidad cumplir con los deseos del fallecido y nombrarla su sucesora.
El movimiento, tan rápido, tenía como objetivo evitar cualquier vacío de poder dentro y que no hubiera discusión sobre quién debía ocupar el puesto.
La sucesión
Los cinco años transcurridos desde esa fecha han sido trepidantes para el grupo. Ana Botín se encontró una organización manejada con firmeza por su padre que no dudó en mantener posiciones que los mercados no acababan de entender. Su decisión, por ejemplo, de no reconocer los efectos que la crisis económica estaba teniendo sobre la entidad parecía llevar a un cierto callejón al banco.
La negativa a reducir el dividendo, aunque se pagara mayoritariamente en acciones, la necesidad de ir vendiendo piezas estratégicas del grupo -la colocación parcial de acciones del banco en Brasil o México, por ejemplo-, la venta de la ciudad financiera (la sede corporativa del banco) o parte de la gestora de fondos de inversión para generar ingresos inmediatos aunque redujeran los futuros, mostraban el momento por el que atravesaba Santander. Todo ello unido a las presiones de los supervisores, que no hacían sino recordar que tenía evidentes problemas de recursos propios.
Gran cambio
Por eso Ana Botín no dudó, apenas dos meses después de su llegada a la presidencia, en nombrar a José Antonio Álvarez, hasta entonces director financiero del grupo, nuevo consejero delegado en sustitución de Javier Marín. Suponía el primer gran cambio, junto con el de algunos de los miembros del consejo de administración, que mostraba hasta dónde quería llegar la nueva presidenta.
En enero de 2015, pasado el día de Reyes, el banco anunció una ampliación de capital de 7.000 millones de euros al tiempo que la reducción en un 66% del dividendo que el banco repartía entre sus accionistas. Suponía un duro golpe, especialmente para los pequeños poseedores de acciones, que veían por una parte cómo se diluía su participación y cómo la retribución de ésta mermaba de manera significativa. A cambio la presidenta anunció su deseo de acabar con el scrip dividend y volver al dividendo en efectivo. Algo que, cinco años después, no solo no ha ocurrido sino que en la última junta de accionistas, el pasado marzo, se anunció que se pospondrá indefinidamente.
Ana Botín ha ido desprendiéndose de los principales colaboradores de su padre a lo largo de estos años. Los últimos en ser cesados en sus responsabilidades, la semana pasada, fueron Juan Rodríguez Inciarte (que fue uno de los hombres de mayor confianza para operaciones arriesgadas que tuvo Emilio Botín) y Antonio Basagoiti (el último representante de una de las familias fundadoras del antiguo Banco Hispano Americano, que fue presidente de Banesto hasta su absorción por Santander). Antes habían dejado su sitio la práctica totalidad de ejecutivos y buena parte de los consejeros nombrados por Emilio Botín.
Cambio de estrategia
Botín no se ha limitado en estos años a modificar la estructura de gobernanza elaborada por su padre. También ha deshecho parte de las operaciones que aquel llevó a cabo en medio de la crisis. Recientemente ha recuperado buena parte de la participación que salió a Bolsa de Santander México y antes había hecho lo mismo con Santander Brasil. Igualmente ha recomprado la ciudad financiera del banco y rompió la alianza de su gestora de fondos de inversión con otra firma internacional cuyo objetivo final era sacar a Bolsa una parte.
En estos años la entidad ha visto cómo aumentaban sus beneficios gracias especialmente a la franquicia brasileña, que se ha convertido en la más importante del grupo, al tiempo que se recuperaba el banco en España, debido a la mejora de la economía y a la adquisición de Popular, mientas que el banco en el Reino Unido perdía parte de su peso interno debido a la continuación de los problemas con la venta de seguros y a la mayor presión regulatoria de las autoridades británicas.
Sin duda, uno de los hitos de Santander fue la compra de Popular por un euro, tras la resolución decidida por las autoridades europeas tras reconocer el propio banco su incapacidad para poder abrir sus oficinas al día siguiente por falta de liquidez. Santander fue el único banco que presentó una oferta en la noche del 6 de junio de 2017, después de que las autoridades decidieran amortizar todo el capital de Popular y los bonos convertibles contingentes, así como transformar 2.000 millones de euros en deuda subordinada en nuevo capital.
Con esta operación Santander recuperó el primer puesto en el ránking de entidades por su actividad en España, al tiempo que conseguía ganar una importante cuota de mercado, tanto en el segmento de particulares como en el de las pequeñas y medianas empresas. Popular siempre había sido el modelo de banca retail en el que se había fijado Ana Botín. A pesar de los intentos de los inversores perjudicados por la resolución de involucrar en la causa penal al banco, el juez instructor decidió sacarlo de la investigación, aunque eso no excluye que pueda decidirse en el futuro su responsabilidad civil.
La compra exigió que Santander volviera a llevar a cabo una ampliación de capital, en esta ocasión por encima de los 7.000 millones de euros en su mayor parte para recapitalizar a su nueva filial, hoy integrada completamente en Santander España, y para elevar de nuevo sus niveles de solvencia, porque Santander está a la cola entre los bancos comparables en lo que se refiere a ratio de solvencia.
Durante el último año y medio la organización en España se ha dedicado a integrar los dos bancos. Ahora acaba de iniciar el proceso de cierre de oficinas redundantes y de salida del personal sobrante de las sucursales, lo que sin duda ha sido aprovechado por sus competidores para arañarle cuota en el mercado nacional.
Un dolor de cabeza
El fichaje como futuro consejero delegado de Santander de Andrea Orcel, procedente de UBS donde ocupaba la máxima responsabilidad de banca de inversión del grupo suizo, suponía que en cuatro años Botín habría tenido tres consejeros delegados. Orcel llegaba a Santander para ayudar a la modernización de la entidad; para resolver algunos problemas relevantes de asignación del capital según los negocios del grupo y para promover la digitalización del grupo, que había quedado retrasada respecto al resto de competidores.
Problemas sobre quién se hacía cargo de la remuneración aplazada, más de 50 millones de euros, a la que Orcel tenía derecho por su trabajo anterior en UBS, así como la distribución de tareas entre la presidenta y el consejero delegado, aunque esto último no se reconozca públicamente por ninguna de las partes, hicieron que el consejo de Santander decidiera el pasado enero volverse contra la decisión que habían adoptado en setiembre y anunciara que Orcel no iría a trabajar a Santander.
Esta misma semana se conoció que Orcel reclamó a Botín, en diciembre de 2018, que todos los directivos del banco dependieran de él y que solo él mismo despacharía con la presidenta. Todo ello envuelto en "mi ejecución, tus decisiones". En la práctica suponía que Botín perdería el control sobre la entidad, algo a lo que nunca ha estado dispuesta a renunciar.
A todo ello habría que añadir las presiones de los supervisores europeos, proclives a que haya una clara diferenciación entre las funciones de los presidentes y las de los consejeros delegados, presiones que van en la misma dirección de lo que pretendía Orcel.
Tras la decisión de no incorporar a Orcel, las dos partes mantuvieron conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo económico satisfactorio, pero no ha sido posible tanto por las exigencias del financiero italiano, reclama judicialmente más de 100 millones de euros por un hipotético incumplimiento de contrato, como por haberse conocido que a partir de enero, Orcel habría grabado sin conocimiento de la otra parte las conversaciones mantenidas en busca del acuerdo.
La cuestión está ahora en manos de la Justicia y fuentes conocedoras señalan que la posibilidad de un acuerdo previo es muy pequeña, sobre todo, por la gran desconfianza surgida por las grabaciones hechas a escondidas y su posterior utilización en la demanda presentada ante los tribunales.
Esta es la piedra que ahora más aprieta en el calzado de Ana Botín.
(Expansión - RIPE)
