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Acorralado por la protesta social y el Congreso, Lasso redujo el precio de los combustibles
El presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, redujo los precios de los combustibles y de esta forma cedió ante unos de los principales reclamos de las manifestaciones indígenas que sacuden al país hace 15 días y que según el relator especial de la Naciones Unidas Emilio Rafael Izquierdo Miño arrojan un balance provisorio de 5 muertos, 86 presuntas detenciones arbitrarias y centenares de heridos.
La decisión de Lasso, que mediante un decreto había levantado el viernes el cese del estado de excepción que había dispuesto en seis provincias, implica una rebaja de 10 centavos de dólar y deja el precio del diésel y la nafta común en 1,80 y 2,45 dólares, respectivamente, según consignaron las agencias de noticias AFP y Sputnik, valores sin embargo que se encuentran por encima de los 1,80 y 2,10 que reclama la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) que lidera Leonidas Iza.
La determinación oficial se conoció poco después que este domingo y tras casi ocho horas de deliberaciones, el Congreso aplazara hasta la tarde de hoy la tercera jornada del debate sobre la posibilidad de destituir a Lasso, acusado por un sector de la oposición de la "grave crisis política y conmoción interna" que golpea al país desde el 13 de junio.
Luego de más de siete horas de deliberaciones, la sesión fue aplazada cuando todavía quedaban pendientes 20 diputados por hablar del total de 84 inscriptos. El debate sobre una posible destitución de Lasso fue convocado por la bancada de Unión por la Esperanza, afín al expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017). La destitución requiere 92 de los 137 votos posibles en un contexto donde la oposición es mayoría, pero está fragmentada.
Cuando concluyan los debates, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar. De aprobarse la destitución, lo cual hasta el momento parece poco probable, asumirá el vicepresidente Alfredo Borrero, quien según las normas constitucionales deberá llamar a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período, que vence en 2025.
Los cortes de ruta y la toma de más de mil pozos petroleros tienen en jaque a la industria hidrocarburífera, el principal sector exportador, lo que ha generado reclamos por parte de las empresas extranjeras y una creciente tensión con campesinos e indígenas que exigen al gobierno que cese en el otorgamiento la concesiones.
Según el gobierno, la industria petrolera está produciendo al 54 por ciento de su capacidad, el país pierde 50 millones de dólares diarios por las tomas y, si las protestas continúan, podría dejar de producir en las próximas 48 horas. "Aquí no hay un luchador social, aquí hay un anarquista que quiere derrocar un gobierno", aseguró Lasso en declaraciones a la cadena estadounidense de televisión CNN.
Aunque en su mayoría las protestas han sido pacíficas, las jornadas del jueves y viernes se tornaron violentas en Quito. Los enfrentamientos se avivaron con la represión policial. Por el momento, y aunque Lasso ha cedido parcialmente los reclamos de la Conaie, nada ha dicho el gobierno con relación al resto de los pedidos, que incluyen, entre otros puntos, una moratoria de dos años de los créditos bancarios de los campesinos y un control oficial de los precios de los alimentos que integran la canasta básica alimentaria.
Mientras se espera que el Congreso retome el debate en un país que sufrió la salida abrupta de tres mandatarios entre 1997 y 2005 por la presión social, la sede presidencial sigue bloqueada con vallas metálicas, alambres y uniformados. En uno de sus accesos advierte: "En caso de ingreso no autorizado se hará uso de la fuerza letal". En las calles de Quito, según reportan los medios locales, a pesar del fin del estado de excepción persisten los rastros de la militarización ordenada por el gobierno.
Sin mayor respaldo político, Lasso cuenta por ahora con el apoyo de los militares, que cerraron filas en torno de su gobierno. Los relatores especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación se mostraron preocupados por la violencia institucional y exhortaron al representante ecuatoriano ante Naciones Unidas a colaborar en una investigación sobre el accionar del Estado durante las protestas.
"Estamos particularmente preocupados por los actos de violencia por parte de fuerzas policiales y militares en contra de miembros del movimiento indígena del país", escribieron José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas, y su par sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, en una carta dirigida a Emilio Rafael Izquierdo Miño, representante permanente ante la ONU.
