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Actualización del Instituto Nacional de Colonización, ¡ya!
Por el Ing. Agr. Carlos María Uriarte, especial para El Observador
Aprovechando que en estos últimos tiempos el Instituto Nacional de Colonización (INC) ha sido noticia por diferentes razones, entendemos oportuno encarar –de una vez por todas– un análisis más profundo de su realidad y de su futuro.
A lo largo de la historia, de alguna forma u otra se ha preferido evitar tratar este tema, y se ha optado por continuar con la inercia de su funcionamiento, a pesar que sus debilidades, las que seguido se ponen de manifiesto.
El acceso a la tierra en el Uruguay es un tema de suma importancia considerando su carácter de justicia social, de uso y conservación del territorio nacional.
Probablemente después del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental de José Artigas de 1815, la creación del INC con la ley 11.029 del 12 de enero de 1948 sea el hecho más importante para atender una necesidad tan vigente como sentida y justa, como lo es el acceso a la tierra.
Convengamos de que si no contáramos con el INC hoy sería imposible crear una herramienta de esta dimensión para atender el acceso a la tierra.
Con sus aproximadamente 600 mil hectáreas (400 mil ha en propiedad), conforma el capital más importante que los uruguayos hemos ahorrado para cumplir con un fin determinado.
De ahí la importancia e imperiosa necesidad de trabajar en su actualización para tratar de corregir sus debilidades históricas.
El INC actual, salvo honrosas excepciones, está lejos de representar el espíritu inicial de su creación. Desde sus inicios, la ideología y la política han influido en su accionar, desnudando sus debilidades.
El Estado ha destinado cuantiosas sumas de dinero de todos los uruguayos para el INC, principalmente para la compra de campos.
Su capacidad de compra se incrementó en el gobierno anterior, a través de la ley 18.187 del 2007 y de la ley 18.756 del 2011, pero no se atendió debidamente su capacidad de asignación y/o administración.
Mas de 118 mil hectáreas fueron adquiridas entre 2005 y 2017. Pero cuando este gobierno asumió el INC tenía unas 50 mil hectáreas sin adjudicar. Por esta razón, se consideró pertinente suspender las compras de tierra hasta tanto se distribuyeran todas.
Entendemos que la dimensión del capital de todos los uruguayos con que hoy cuenta el INC es más que suficiente para cumplir con su misión. Por eso en la Ley de Urgente Consideración (LUC) se eliminó una de sus fuentes legales de financiamiento.
Por otra parte, el uso de estos fondos públicos ha carecido de la necesaria transparencia, o al menos se los ha dado a destinatarios de dudosa capacidad empresarial como para usufructuarlos eficientemente.
Pero tan preocupante como eso es que producto de su accionar se han proliferado minifundios, que en la mayoría de los casos son unidades productiva y económicamente inviables.
El daño ambiental observable en muchas colonias (sobre todo debido al uso esquilmante de los suelos) es otra de las debilidades que se deben corregir.
Vemos con muy buenos ojos que al fin se realice una auditoría al INC, y que la decisión de hacerla se haya tomado por unanimidad de los integrantes de su directorio. Es el primer –e indispensable– paso para la necesaria actualización del INC que lo adecue a los momentos actuales.
La realización de una auditoria nos da la oportunidad para transparentar el proceso de adjudicación de tierras por parte del instituto, despejando dudas. Pero, además, podría dar la oportunidad para identificar áreas de mejoras operativas.
Más allá de la auditoria, puede ser el momento para redefinir el rol del INC, manteniendo el fin de promover el acceso a la tierra al que más precisa, pero hay que añadir que éste debe tener además aptitudes para asumir esa responsabilidad, propendiendo a la transferencia de la propiedad de la fracción cuando el colono cumpla con las obligaciones impuestas por el instituto, eliminando cualquier otro tipo de condicionantes.
La redefinición del rol del instituto tiene que apuntar a que el objetivo final sea que el colono sea viable, y pueda acceder a la propiedad de la fracción.
El INC deberá apuntar a promover la permanencia de los buenos colonos en sus fracciones, con el traspaso de la propiedad del bien como objetivo final del proceso cuando se cumplan las obligaciones establecidas a priori.
La función del INC no se puede limitar a la adjudicación de tierras, debiendo priorizar recursos en generar las condiciones para que cada unidad productiva adjudicada sea económicamente viable y sostenible.
Además, se debería concretar la creación de instrumentos crediticios que fortalezcan la capacidad del INC.
Se debería promover la sinergia entre el INC y fondos con posibilidades de invertir en activos de este tipo (por ejemplo, las AFAPs).
La creación de un Fideicomiso de tierras donde el INC sea el fideicomisante es una opción ya planteada que debería concretarse.
La promoción de fondos rotatorios que faciliten el acceso a tecnologías es otra de las herramientas que se podrían promover.
La integración del directorio es otro aspecto que evidencia la urgente necesidad de repensar al INC. Sin ánimo de entrar en ninguna evaluación personal, y teniendo en cuenta que desde el punto de vista institucional su integración es aceptable, la designación de los representantes de estas instituciones históricamente ha sido parte del bolsón de cargos políticos que se reparten en cada elección, lo que no nos asegura que sean representativos de las organizaciones que componen el directorio, ni tampoco que sean idóneos y aptos para desempeñar esa función.
Una institución de esta magnitud debería ser dirigida por gente capaz y comprometida con el objetivo de la misma, y sin compromisos de ninguna otra índole.
El Grupo Agro de Ciudadanos antes de las últimas elecciones en su documento AGROUY 21 ya adelantaba la necesidad de una actualización del INC adaptándolo a los tiempos actuales. Muchos de sus preceptos están en este documento.
En resumen, no deberíamos mirar más para el costado y encarar una actualización en serio de esta fantástica herramienta que es el INC.
Creemos que el foco debería estar en mejorar el uso de este profuso capital, y en la preservación de los recursos naturales que se confían a cada colono.
Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder este valiosísimo recurso.
