Nacional > EN LA FRANJA DE 13 A 18 AÑOS
Adolescentes de 13 años tienen el mayor promedio de tiempo en prisión en 2020; en 2019 era al revés
En 2020 las penas para adolescentes de 13 años fueron, en promedio, las más largas dentro del intervalo de las personas de entre esa edad y 18 años que fueron condenadas. Ello marca una diferencia con el año anterior, en el que las penas privativas de la libertad para los jóvenes de 13 años eran, en promedio, las más bajas, según da cuenta el informe anual de monitoreo de los indicadores sobre la justicia penal adolescente en Uruguay que redactó la mesa interinstitucional formada por Unicef, Inisa, Ministerio del Interior, Fiscalía y el Poder Judicial, y al que accedió El Observador.
El promedio de las penas de los adolescentes de 13 años en 2020 fue 10,1 meses y en el año anterior habían sido de 5,7. En ese entonces, encabezaban la lista los adolescentes de 16 años con 16,9 meses de promedio. Es decir, también bajaron los promedios de las penas. Hubo tres adolescentes que fueron condenados con medidas privativas de la libertad en 2019 y cinco en 2020. La edad con mayor número de condenados es 17, con 111 el año pasado y 94 el anterior.
Además, hubo modificaciones en cuanto a las penas máximas impuestas. En ese sentido, tuvo efecto la ley de urgente consideración (LUC): aumentó las penas para adolescentes de 5 a 10 años en casos delitos gravísimos.
Las penas más cuantiosas ocurrieron en ambos años por los delitos de homicidio, violación y rapiña. En cuanto al aspecto geográfico, la máxima pena impuesta es 2 veces mayor en Montevideo que en el interior en 2019, y más de 3 veces mayor en 2020 (60 meses versus 15 meses).
Si bien el informe no aporta una explicación específica sobre el porqué de los diferentes cambios, al comienzo aclara que se debe tener en cuenta las modificaciones legislativas que aportó la LUC a mediados del 2020. Además, se eliminó la suspensión condicional del proceso y se habilitó el proceso abreviado para menores.
El primer recurso habilitaba realizar un acuerdo entre la fiscalía y el involucrado para delitos de hasta tres años de penitenciaría que si se cumplía permitía al culpable quedar sin antecedentes penales y volver a obtener el beneficio.
El segundo es un proceso que ya estaba vigente para los adultos, pero que ahora se extendió a los adolescentes. Evita ir al juicio oral (que implica varias instancias y tiende a ser extenso en el tiempo) para habilitar una vía ágil que suele tener una sola instancia.
Implica que el imputado acepta los hechos que se le adjudican y los antecedentes de la investigación y puede aplicarse desde la formalización hasta el momento en el que el fiscal realiza la acusación o pide al juez el sobreseimiento. A raíz de esa aceptación, el fiscal calcula una pena que puede ser disminuida hasta en un tercio (aunque no menor a la mínima prevista por la ley para ese delito). Puede utilizarse siempre y cuando se tipifique un delito con cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, a excepción del homicidio con circunstancias agravantes especiales o agravantes muy especiales. Luego ese acuerdo entre las dos partes (Fiscalía e imputado) se homologa ante el juez, que se cerciora de que se hayan cumplido todas las garantías y que el imputado entienda que con este acuerdo está admitiendo su culpabilidad. Este proceso es irreversible, es decir, no tiene instancia apelatoria posible.
La mayoría de los delincuentes menores de edad cometen delitos contra la propiedad. Pero también hay un menor porcentaje que incurre en delitos violentos. Según dijeron jueces y fiscales, los casos suelen ser similares aunque el resultado sea diferente. Se trata de adolescentes que no tienen contención familiar o referentes. Escapan del sistema educativo, no entran al mundo laboral y terminan en la calle.
Tamara Samudio, integrante del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, detalló días atrás a El Observador que la mayoría se encuentra en la franja de los 16 y 17 años y son jóvenes “víctimas de la exclusión continua de las políticas públicas”. Son expulsados del liceo por alguna falta eventual y despedidos de los trabajos precarios que pueden conseguir.
