Advierten por inconstitucionalidad en proyecto de ley de operador inmobiliario

La iniciativa, que está siendo analizada por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, despertó críticas del especialista.

Risso emitió un informe -a pedido de la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias- en el que advirtió que el proyecto de ley contraviene el artículo 7 de la Constitución, que establece el derecho de todos los habitantes a ser protegidos en el goce de, entre otros bienes jurídicos, la libertad en el sentido amplio.

La misma situación se presenta en el artículo 36 que señala que la libertad de empresa puede ser limitada por ley, pero si está basada en razones de interés general, aspecto que al entender de Risso la iniciativa incumple.

El experto advierte que el artículo 2 del proyecto de ley establece su objetivo en la regulación del ejercicio de la actividad de los operadores inmobiliarios “en el marco del ejercicio de la defensa de libre competencia”. Para Risso es “contradictorio con lo que hace el proyecto, ya que, en lugar de promover la libre competencia, limita y restringe las personas que pueden dedicarse a esta actividad”.

 A su vez, añade que varios artículos presentan problemas, inconsistencias y abren interrogantes para su implementación. Refiere al artículo 4 que define al operador inmobiliario como el que asesora, gestiona, tramita, administra, y promueve la venta o arrendamiento de inmuebles abriendo la interrogante de si otros profesiones pueden realizar ese tipo de tareas y si quedará prohibida la contratación directa sin asesores.    

Risso explica que los artículos 9 y 10 de la iniciativa crean el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios que será administrado por una comisión honoraria integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las gremiales representativas del sector. Risso indica que existen problemas con el principio de legalidad, ya que desde su visión es la ley y no el Poder Ejecutivo la que tiene que crear la tasa de registro.

Por último el experto menciona el artículo 12 del proyecto que prevé sanciones por no haberse inscripto  y dice que allí también se viola el principio de legalidad, ya que las sanciones deben preverlas la ley y no pueden remitirse a lo que resuelva el Poder Ejecutivo.