Proyecto de ley de operador inmobiliario recibe críticas: corporativista e inconveniente

El proyecto actualmente en el Parlamento tiene como objetivo regular la actividad inmobiliaria y se encuentra en el proceso en el que diferentes delegaciones realizan sus planteos en comisiones.

Una de ellas fue la de representantes de marcas internacionales que lo hizo en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Los representantes avanzan en la conformación de la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias y sienten que el proyecto de ley los perjudica.

Martín Díaz, uno de los participantes de la sesión, indicó que el proyecto no los contempla como modelo de negocios. La delegación fue en representación de Re/Max, Keller Williams, Century 21 y Engel & Volkers. “Son las cuatro marcas internacionales de servicios inmobiliarios más grandes del mundo y nosotros las representamos en Uruguay”, explicó.

Esas empresas, por sus características internacionales, buscan atraer inversión inmobiliaria y canalizarla a través de su red de negocios, explicó. Informó que permanentemente reciben auditorías internas lo que las obliga a mantener estándares no solo de servicios, sino de materia laboral e impositiva.

Leonardo Carreño

Comentó que las compañías hace más de 10 años que operan en el país y cuenta con una plantilla de 700 trabajadores en forma directa.

“Todos los que representamos las marcas en Uruguay somos uruguayos”, afirmó.

Andres Breccia, otro de los expositores, aclaró que las empresas están a favor de un proyecto de ley y de la regulación del mercado. Indicó que el modelo de negocios que aplican las empresas es una oportunidad laboral para personas que, por su edad, tienen dificultades de reinserción. Añadió que el 60% de la fuerza laboral son mujeres.

Otro fue John Leaman, asesor de Engel y Vôlkers y crítico con la iniciativa que se discute en el Parlamento. “Este proyecto de ley pretende crear una especie de corporativismo disfrazado porque crea una comisión que pretende arrogarse una cantidad enorme de facultades, como el derecho de juzgar a sus pares en una actividad inmobiliaria que, como todos sabemos, tiene sus roces”, agregó.

Leaman se refirió a uno de los artículos del proyecto de ley con el que se crea el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios. Ese registro será administrado por una comisión honoraria integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las gremiales representativas del sector.  

En diálogo con El Observador indicó que las empresas uruguayas que trabajan con las franquicias internacionales atraen una cantidad importante de inversión al país. Se dedican a ofrecer inmuebles para la compra y también para arrendamiento. Trabajan tanto con compradores uruguayos como extranjeros. “No tienen ninguna diferencia con una inmobiliaria uruguaya”, afirmó.

Para el asesor la propuesta  supone un interés de frenar el ingreso a la actividad a determinados actores del sector. “Claramente se estaría limitando la libertad de trabajo; es eso inconstitucional e inconveniente”, aseguró. Expresó que “pretende cerrarle la puerta, o ponerle una serie de barreras, a una cantidad de gente para defender chacras propias. Y eso no está bien”, dijo.

Durante su participación en la comisión de Diputados enfatizó que el sector inmobiliario debe profesionalizarse y tener un registro. “Tenemos que ver quién lo hace, impedir que actúe gente que tiene antecedentes penales, y si alguien infringe las disposiciones debe ser sancionado, pero por la Justicia, acaso por el Ministerio de Trabajo o el de Educación, pero no por sus propios pares”, comentó.