Economía y Empresas > ESTUDIO DE CPA FERRERE
Advierten que cambios a inclusión financiera puede afectar combate al lavado de activos
Un trabajo realizado por el estudio CPA Ferrere advierte que los cambios propuestos por la ley de urgente consideración en la inclusión financiera, deberán implicar y ser acompañados por un aumento en los controles dado que se puede afectar el combate al lavado de activos.
En el estudio se analizaron los artículos que derogan algunas normativas de la ley, concluyendo que “liberar las operaciones para el uso generalizado de efectivo implica asumir mayores riesgos”, que deberán ser compensados con mecanismos de control más exhaustivos.
El anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo deroga la disposición de que todos los trabajadores y profesionales independientes deben cobrar su salario a través de medios electrónicos. Adicionalmente, se modifica el umbral mínimo que inhabilita a realizar operaciones en efectivo. Actualmente este tope está en 40.000 unidades indexadas (unos US$ 4.100 al día de hoy), y a partir de lo dispuesto en el anteproyecto de ley, dicho umbral pasaría a ser de US$ 100 mil.
Esto implica que para operaciones menores a US$ 100 mil podrá usarse efectivo como medio de pago, no siendo obligatorio el uso de medios de pago electrónicos, u otros instrumentos bancarizados.
En este sentido, el informe elaborado por el gerente en el área de Gestión de Riesgos de CPA, Ariel Jabcovski, señala que “para prevenir el lavado de activos es necesario conocer quién está detrás de cada operación y el origen legítimo de los fondos que se utilizarán”, cuestión que se dificulta cuando el medio de pago es efectivo.
“Los instrumentos de pago electrónicos o bancarizados permiten la trazabilidad de las operaciones, mientras que el efectivo no. Si se implementan controles más exhaustivos sobre las operaciones, independientemente que estas sean realizadas en efectivo, se podría mitigar considerablemente el riesgo de lavado de activos en Uruguay aunque esto supondría recargar, más aún, a los actores obligados a realizar los controles”, se señala.
"La mejora de los controles sería posible si por ejemplo, desde el sector público se compartiera información de utilidad con el sector privado, brindando las garantías legales relativas a la protección de datos personales", agrega el documento.
Por su parte, se recuerda que en 2019 la evaluación del grado de cumplimiento en relación a la normativa internacional para la lucha contra el lavado de activos realizada por el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT), fue en líneas generales positiva, pero una de las vulnerabilidades más importantes detectada “fue la entrada de capitales ilegales desde el exterior”.
Jabcovski sostiene que en una coyuntura en que los depósitos bancarios de no residentes viene en ascenso –en gran medida por la situación económica Argentina-, “es esperable que el efectivo que ingresa desde el exterior también crezca” y si lo hace con menores controles, se estaría incumpliendo el compromiso asumido en la lucha contra el lavado de activos.
En este sentido, el autor cita ejemplos de la Unión Europea, donde 17 de 28 países introdujeron límites respecto al uso de efectivo. En el caso de Grecia, por ejemplo, es el país con el umbral más bajo ubicado en los 500 euros, mientras que el más alto es Polonia, que lo tiene en 15 mil euros. Otros países que definieron lo definieron dependiendo el tipo de operaciones.
