Agricultores kenianos luchan contra el legado tóxico que dejó la lucha contra una plaga de langostas

Tras una serie de sequías e inundaciones cíclicas, las variaciones climáticas de los años anteriores habían creado el perfecto caldo de cultivo para que estos insectos se reprodujeran, dando lugar a una de las mayores plagas que azotó el Cuerno de África en 70 años.

Mientras las langostas descendían oscureciendo el cielo y devorando toda la flora viva a la vista, Mohamed Adán y sus compañeros agricultores veían horrorizados como sus cultivos desaparecían, principalmente maíz y productos como tomates, sandías, plátanos y limones.

La región no es ajena a las langostas, a tal punto que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) tenía ya conformado un Comité de Control de la Langosta del Desierto (DLCC) para mitigar los daños.

Incluso así, se produjo el caos. La FAO encabezó una campaña con un presupuesto de US$ 230 millones en conjunto con el Banco Mundial (BM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). El objetivo: ayudar al Ministerio de Agricultura de Kenia a rociar un cóctel de pesticidas en unas 100.000 hectáreas, hogar de 26.650 familias.

Adán, responsable de una familia de 11 miembros, se sintió aliviado. También sus vecinos. Después de un improvisado taller organizado funcionarios del área agrícola del gobierno, donde aprendieron a mezclar los pesticidas con agua para llenar los pulverizadores de mochila, los agricultores partieron para salvar lo que quedaba de sus cultivos.

Sin embargo, a los agricultores no los informaron sobre el tipo de productos químicos que les habían entregado. Tampoco les proporcionaron equipos de protección. En medio del frenesí, Adán derramó accidentalmente la mezcla sobre su torso. En el momento, no pensó en el incidente.

Pasaron horas antes que se lavara con agua y semanas antes que comenzara a sentirse mal producto de un fuerte dolor abdominal, náuseas e incapacidad para orinar. Así comenzó el largo viaje de Adán, que incluye hasta el día de hoy entradas y salidas de los hospitales. Tres años después, se enfrenta a la posibilidad de una sexta cirugía.

"Es difícil calcular a cuánto ascendieron los daños", dice Abubakar Mohammed, de 28 años, uno de los hijos de Adán. "Muchos no se pueden cuantificar", añade. Su padre vendió la mayoría de sus camellos para cubrir las facturas médicas, e incluso así no está seguro de que su salud vuelva a ser la misma.

Secuelas burocráticas

El Ministerio de Agricultura niega haber suministrado pesticidas a los agricultores. Ben Gachuri, oficial de comunicaciones en Garissa, dice que es “imposible que se hubiera ordenado a los agricultores que fumigaran ellos mismos” y que “desde la fumigación final, nadie se ha presentado con denuncias por sufrir los efectos de los pesticidas”.

Por su parte, los representantes de la FAO en el país se negaron a publicar informes sobre errores documentados y la información exacta sobre la composición de los plaguicidas, o su procedimiento de adquisición.

La oficina regional para África Oriental del organismo minimizó su papel en la selección de los productos y negó también la posibilidad que en la fumigación estuvieran involucrados miembros de la comunidad local no capacitados, insistiendo en que sólo “equipos bien capacitados y adecuadamente equipados realizan el rociado, no las comunidades ni los agricultores”.

Sin embargo, en marzo pasado, el DLCC organizó una reunión en Nairobi, la capital del país, para promocionar su “éxito” en salvar la seguridad alimentaria en el norte de Kenia. La reunión, según Christian Pantenius, ex miembro de la FAO que asistió, no abordó los múltiples errores, admitidos internamente por la FAO.

 “Me sentí muy decepcionado”, explica Pantenius, quien trabajó como consultor independiente coordinando la campaña. "Fue una gran oportunidad perdida", dice el experto.

De los 193.600 litros de pesticidas que la FAO adquirió para el gobierno de Kenia, 155.600 eran organofosforados, como fenitrotión y clorpirifos, productos prohibidos en la mayoría de los países occidentales para fumigar cultivos alimentarios o forrajeros por su probada toxicidad neurológica para los humanos y la devastación ecológica que provocan.

No obstante, la FAO los adquirió y distribuyó a miembros de la comunidad no capacitados en contra del consejo de su propio organismo asesor independiente, el Grupo de árbitros de Pesticidas contra Langostas (LPRG, por sus siglas en inglés). En un informe de 2021, el LPRG expresó su inquietud por la elección de productos obsoletos.

“En vista de las crecientes preocupaciones sobre el uso de insecticidas sintéticos y la ausencia de nuevos productos evaluados para el control de las langostas, se debe dar énfasis a los compuestos menos tóxicos ya evaluados en relación con la salud humana y el impacto ambiental”, señaló el organismo asesor.

“Si los países utilizan pesticidas que no cuentan con el apoyo de la FAO, como el carbofurano, están en su derecho. La FAO simplemente no los utiliza en las campañas que lleva a cabo ella misma”, dice James Everts, ecotoxicólogo del LPRG.

El experto explica que, por ejemplo, el fipronil es extremadamente eficaz contra las langostas. Everts, no obstante, señala que “las observaciones a gran escala y lo largo del tiempo han demostrado que el producto es una amenaza para organismos ecológicos clave”, razón por las que ha sido prohibido en Reino Unido, aunque aprobado en Estados Unidos, Australia, Bélgica y Países Bajos.

La oficina de la FAO en África Oriental desestimó estas preocupaciones de su propio organismo asesor e insistió en que todos los pesticidas fueron adquiridos a través de canales oficiales y son técnicamente legales, conforme a la lista de la Junta de Control de Pesticidas de Kenia.

Un informe interno de septiembre de 2020 del Ministerio de Agricultura publicado por los medios locales revela que la FAO no llevó a cabo las evaluaciones de impacto ambiental y social requeridas según las leyes locales. El informe también condena la falta de comunicación con las comunidades, en especial en lo referido a la aplicación de los pesticidas.

Por caso, en el condado de Samburu, en el norte del país, se descubrió que el fenitrotión era usualmente utilizado por “personal no capacitado” con pulverizadores de mochila. La dosis de aplicación era peligrosamente alta: 34 litros por hectárea, muchísimo más que la dosis recomendada de 1 litro.

Además, la fumigación frecuentemente se realizaba en días lluviosos, lo que aumentaba el riesgo de escorrentía química. La señal de alerta llegó tiempo después, cuando los campesinos advirtieron una alta mortalidad de abejas.

“Más presión”

Todo ha sucedido, dicen los expertos, a pesar de la disponibilidad de una alternativa más respetuosa con el medio ambiente, como el metarhizium acridum, también conocido como Novacrid, su nombre comercial.

En 2020 se llevaron a cabo pruebas de Novacrid en los condados de Turkana y Marsabit, en el norte de Kenia, con gran éxito: se estima que el 90% de las langostas fueron eliminadas durante la prueba. El LPRG describió al biopesticida como la “opción de control más adecuada” a pesar de “su mayor costo”.

Sin embargo, es poco probable que Novacrid llegue a ser adoptado y utilizado a gran escala. "Los biopesticidas para el control de la langosta no sirven a los intereses económicos de los fabricantes de agroquímicos", explica Pantenius. “Por eso no hay interés en utilizar seriamente biopesticidas. Es una cuestión de voluntad política”, agrega.

La razón es sencilla: los biopesticidas como el Novacrid están diseñado para combatir la langosta del desierto, pero no pueden usarse para el control de otras plagas, a diferencia de los organofosforados más nocivos. “La industria de los pesticidas no quiere depender de ellos. Las langostas van y vienen”, señala Pantenius.

Los gobiernos locales tienen la misma postura. No obstante, el consultor afirma que instituciones como la FAO deberían abogar por una rendición de cuentas más estricta para evitar males mayores.

"La FAO debería comunicar a los gobiernos que quiere ayudarlos, pero que no puede suministrarles productos tóxicos, y no sólo eso. También es importante que los países donantes, como la Unión Europea, el Banco Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ejerzan más presión sobre los gobiernos receptores de la ayuda", enfatiza Pantenius.

Paul Gacheru, director de programas de Nature Kenya, la sociedad de historia natural más antigua de África Oriental, comprende las complejas situaciones que enfrentan gobiernos e instituciones en tiempos de emergencia. Incluso así, cree que es necesario que haya un mayor compromiso con la integridad ambiental, en especial por parte de instituciones globales como la FAO.

“Hay un vacío legal. Las instituciones globales y las empresas se aprovechan de las naciones menos desarrolladas y con políticas más laxas”, explica Gacheru.

Cuando las compañías tienen en producción un pesticida que se ha vuelto obsoleto porque las autoridades locales lo prohíben, inmediatamente buscan venderlo a un tercero. “Una práctica que podría calificarse como de vertido de productos químicos”, dice Gacheru.

Ajeno a las cuestiones regulatorias, pero no ignorante del legado tóxico que dejó en sus tierras y en su propio cuerpo el “éxito” de la campaña contra la invasión de 2020, Adán simplemente quiere volver a algo parecido a una vida normal. Ni siquiera busca necesariamente una compensación. "Sería bueno tener cubiertos algunos gastos médicos", añade como idea de último momento.

(Con información de agencias)