El Poder Ejecutivo presentará este próximo jueves a representantes de las gremiales empresariales y del PIT-CNT, las pautas para la Décima Ronda de Consejos de Salarios en el sector privado, que se desarrollará en un contexto de dinamismo del empleo y de recuperación paulatina del salario real.
Las negociaciones -que son las últimas antes del comienzo de un nuevo proceso electoral- definirán los nuevos ajustes que regirán al menos para los próximos dos años. La instancia tiene como telón de fondo el compromiso asumido por el gobierno de diseñar pautas que sean acordes para terminar de completar la recuperación del poder de compra perdido durante la pandemia en 2020.
La primera parte de esta ronda incluirá a 164 mesas que comprenden a unos 660 mil trabajadores. Se trata de acuerdos que vencen en su amplia mayoría el próximo 30 de junio.
En ese grupo hay unos 220 mil trabajadores que tienen pendiente recuperar 2,6%, y otros 35 mil donde la recuperación pendiente está encima de esa cifra, según cálculos del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT difundidos este lunes en un taller sobre el tema.
En tanto, hay otros 130 mil que deberán recuperar menos de 2,6%. Por su parte, hay otro grupo de 275 mil trabajadores ya con recuperación completa.
Otro factor a tener en cuenta es que hay unas 50 mesas que tienen el correctivo final de inflación pasada condicionado a la evolución de cotizantes dentro de la actividad. Si esa clausula se activa, y solo se paga una parte del correctivo, la recuperación pendiente terminaría siendo mayor. Los correctivos estarían hoy entre 1,8% para los grupos que ya adelantaron un parte en 2022, y en 5,4% para los que no lo hicieron.
Hasta ahora el gobierno no ha adelantado mayores detalles de cómo será el contenido de las pautas que sindicatos y empleadores podrán tomar como base para negociar los nuevos acuerdos.
Días atrás en un taller con periodistas del que participó El Observador, el director del Observatorio de la Coyuntura Económica de UCU, Javier de Haedo, señaló que una fórmula posible podría ser: aumentos nominales en función de la inflación esperada, recuperación por inflación pasada y aumentos extra para la recuperación de lo perdido antes. A esto se le podrían sumar cláusulas gatillo para compensar desvíos nuevos.
Si se mantiene la lógica de la ronda de negociación pasada, para los componentes de inflación proyectada de los ajustes salariales de la pauta, se considerarían las proyecciones de inflación establecidas en la Rendición de Cuentas. Hasta ahora el MEF proyecta una inflación de 6,7% para el cierre de 2023, y de 5,8% para 2024 y 2025.
El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), señaló días atrás que el compromiso por parte del Poder Ejecutivo de recuperar la totalidad del salario real perdido durante la pandemia “es plausible”. Y agregó que “el proceso de desinflación observado en los últimos meses podría acelerar este proceso.
También afirmó que “incrementos salariales desalineados de la productividad a nivel sectorial podrían constituir una fuente de tensión para el mantenimiento de los niveles de empleo”.
En ese sentido, el CED afirmó que siguiendo el caso español, “se vuelve cada vez más necesario reforzar la institucionalidad” en la órbita del Consejo Superior Tripartito con la creación de una comisión técnica que asesore y realice mediciones sobre la evolución de la productividad sectorial.
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