Alan García y las fichas del dominó

El Lava Jato, una operación conducida por la Policía Federal y el juez Sérgio Moro, de Curitiba, por primera vez en la historia de Brasil corrió casi por completo el velo de la impúdica corrupción que cubre a ese país desde siempre. Entonces surgió una interminable historia de financiamiento de campañas electorales y vidas personales con las “coimas” obtenidas a cambio de contratos de obras públicas: puertos, puentes, carreteras, refinerías, estadios, centrales eléctricas, represas, gasoductos.

Entre 2005 y 2015 la gigantesca firma de ingeniería y construcción Odebrecht, que llegó a tener 130 mil empleados, fue liderada por Marcelo Ordebrecht, un príncipe de la empresa brasileña que viajaba en el mismo avión que los presidentes. Sus contratos incluyeron el parque olímpico de Río de Janeiro, el estadio Maracaná, el nuevo puerto cubano de Mariel, viviendas en Panamá, el aeropuerto Simón Bolívar en Venezuela, o el aeropuerto principal de Mozambique. Pero ante todo fue el principal contratista de las obras que realizaba la estatal Petrobras, la empresa más grande Brasil.

Entre Petrobras y Odebrecht, además, se creó la sociedad Braskem, la sexta petroquímica más grande del mundo, que posee 36 plantas industriales.

Acorralado por el juez Sérgio Moro, el arrogante Odebrecht aceptó haber pagado más de US$ 3.000 millones en sobornos para obtener obras públicas en 100 proyectos en al menos una docena de países. Los presupuestos se inflaban hasta cuatro veces su valor real, y una parte de los excedentes iba a la clase política latinoamericana. Odebrecht se comprometió a pagar más de US$ 3.300 millones en multas a los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil. Fue el mayor arreglo anticorrupción de la historia. 

Con ese acuerdo, y con las delaciones de ejecutivos, banqueros, burócratas y políticos, el caso Lava Jato acabó con las carreras de muchísimos líderes. También llevó a la cárcel a expresidentes como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, u Ollanta Humala, de Perú, liberado en abril de manera provisional.  De hecho, cuatro expresidentes de Perú enfrentan problemas con la justicia por las delaciones de Odebrecht: Alejandro Toledo, quien presidió el país entre 2001 y 2006; Alan García, quien fue presidente en dos períodos (1985-1990 y 2006-2011); Ollanta Humala, primer mandatario entre 2011 y 2016; y Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió en 2016 y debió renunciar en 2018.

Humala y Kuczynski tienen prohibido salir del país, mientras Toledo se refugió en Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. Hasta la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), marchó a la cárcel el 31 de octubre acusada de recibir aportes ilegales de Odebrecht en 2011 para su campaña electoral.

Una ficha tira a la otra. También están bajo investigación o sospecha el actual presidente de Brasil, Michel Temer, el exprimer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, el venezolano Nicolás Maduro o el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cuyos hijos acaban de ser detenidos en Miami.

El sábado pasado Alan García se refugió en la embajada uruguaya en Lima y pidió asilo, por considerarse un perseguido político. El gobierno de Perú entregó el martes al embajador de Uruguay una nota en que destaca que García no es investigado por delitos políticos sino por corrupción, y que en el país rige el estado de Derecho y la separación de poderes, cosas que parecen evidentes.

La sombra del Lava Jato llegó a Uruguay en la forma de sociedades off shore para el “lavado” o tránsito de dinero, lo que incluyó la prisión en Andorra en febrero de Andrés “Betingo” Sanguinetti, dirigente de Peñarol y medio hermano del expresidente Julio Sanguinetti. También hay pistas del paso de dinero de Odebrecht proveniente de Argentina y de la intervención de bancos, abogados y cambistas; y se denunció tráfico de influencias para que a la empresa brasileña OAS se le adjudicara la construcción de la frustrada planta regasificadora en Punta de Sayago.

Alan García apostó a la tradición de asilo, muy apreciada en Uruguay y en casi todos los países de América, que en buena medida se crearon con prófugos, de hecho o de derecho. La institución del asilo tiene límites, por supuesto, como los casos de terrorismo o crímenes particularmente espantosos. Pero alguna vez en la historia estas costas se poblaron con una parte de los perseguidos, descontentos o menesterosos del mundo.