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En esta carta, la semana pasada hice hincapié que nadie de toda la escala jerárquica del Instituto Nacional de Rehabilitación ni del Ministerio del Interior se había hecho cargo del gravísimo hecho de que el pasado 8 de noviembre un recluso, Víctor Pereyra, hubiera matado a puñaladas a su compañarero de celda, el celebre Marcelo “Pelado” Roldán, lo hubiera colgado por los pies del techo, hubiera abierto sus vísceras y se las hubiera comido tras cocinarlas. Y que luego de semejante acto de barbarie, hubiera llamado a la guardia para entregarse. Al llegar la policía, Pereyra se limitó a mostrar la cabeza de Roldán en un balde. Dijo que no era nada personal. Simplemente argumentó que su compañero de reclusión pasaba insultando a su madre.
De ese hecho, nadie se hizo responsable y sigue sin hacerse responsable. Nadie asume su responsabilidad cercana o remota por lo ocurrido. Parece como si un pájaro hubiera levantado vuelo. A nadie le preocupó, ni del gobierno ni de la oposición, y nos preguntábamos si eso se debía a que Roldán era un delincuente que había pasado más de la mitad de su vida en la cárcel y tenía varios asesinatos encima. Todo realmente muy lamentable, porque el Estado debe velar por la seguridad y el buen trato de los reclusos, sea cual sea el delito que hayan cometido. Todos somos iguales ante la ley, aunque luego del episodio protagonizado en Artigas el pasado lunes por el ministro del Interior y su guardia personal empezamos a pensar que hay algunos ciudadanos más iguales que otros.
El pasado jueves se confirmó que, en el ámbito jerárquico gubernamental, del tema de las cárceles nadie se hace cargo. El 11 ocurrió una muerte en la cárcel de Libertad. Las autoridades del establecimiento dijeron que ella se debió a una herida de arma blanca provocada entre reclusos. El Ministerio del Interior hizo suya esa versión y por casi dos meses no hizo investigación alguna al respecto. No se hizo cargo, e incluso en su página web figuraba ese motivo.
El pasado jueves se confirmó que, en el ámbito jerárquico gubernamental, del tema de las cárceles nadie se hace cargo.
Pero quien sí se hizo cargo fue el comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, quien luego de una minuciosa investigación determinó e informó al Parlamento que el recluso Carlos Alberto Nuñez, que estaba a punto de salir en libertad y que tenía buena conducta, murió a raíz de un disparo innecesario e irregular realizado por un guardia del penal desde muy corta distancia. También destacó la mala atención que recibió Nuñez, siendo atendido en último lugar, y cuando se llegó a el no había nada hacer. Se había desangrado.Petit, con los escasos recursos con que cuenta la oficina del comisionado, hizo mucho más para descubrir la verdad de los hechos que el Ministerio del Interior. Y tuvo lo fundamental: voluntad de buscar la verdad de los hechos y deseo de hacerse cargo de algo de lo que, si bien no es responsable, sí está en su órbita de actividad. Petit no se lavó las manos como sí pasó con el INR y con el Ministerio del Interior en este caso y posteriormente en el de Roldán. Y su acción sí tuvo consecuencias. Pequeñas consecuencias, pero consecuencias al fin. El viernes el Ministerio del Interior decidió cesar de su cargo al director Gonzalo Larrosa. El hilo se corta por lo más delgado. Se va el director del INR y asume el subdirector. ¿Qué cambia? ¿Es simplemente una cuestión de hombres o de nombres, o es una cuestión de política carcelaria? ¿Basta un cambio de director? No parece.
Hay una investigación en curso para determinar la responsabilidad material de los hechos que Larrosa dice desconocer. Pero hay algo más grave: nadie se hace cargo ni de Nuñez ni del Roldán. Y las cosas siguen pasando. Lo de Nuñez el 11 de octubre, lo de Roldán el 8 de noviembre. Lo primero no evitó lo segundo. Lo primero aún está bajo investigación y nada se movió. Nadie se hizo cargo. Fue necesaria la denuncia de Petit para que algo se moviera.
Pero la responsabilidad en las organizaciones, como explicábamos en el artículo anterior, sube hacia la cúspide. Aún hay mucha tela para cortar de lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir en nuestros establecimientos carcelarios. Por lo pronto, las cárceles no pueden depender del Ministerio del Interior y no se puede esperar más a que se haga realidad un proyecto para transferirlas a Educación y Cultura a partir de 2021. Ya la situación no da para más demora.
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