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Alianza Nacional calificó como "absolutamente descabellada" resolución de la Inddhh
El sector del precandidato blanco Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, calificó de "absolutamente descabellada" la resolución que emitió este lunes la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y cuestionó la "oportunidad política" del pronunciamiento.
Juan Andrés Ramírez, abogado e integrante de la comisión técnica encargada de defender el plebiscito, señaló este martes en conferencia de prensa que el documento divulgado por la institución es "absolutamente descabellado porque pone en manos de la Corte Electoral la competencia y el deber jurídico de impedir un plebiscito constitucional".
El organismo cuestionó en la resolución -aprobada por mayoría y no por unanimidad de sus integrantes- la validez del plebiscito nacional para reformar la Constitución en materia de seguridad, así como del pre-referéndum que busca derogar la ley Trans. Respecto al primero de ellos, la resolución sostiene que los "progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos son irreversibles, de modo que siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos, pero no restringirlo". Además, pidió que los organismos estatales competentes se pronuncien "a favor o en contra" de estos "procedimientos de reformas constitucionales o legislativas que vulneran los derechos humanos".
Larrañaga, en tanto, afirmó que lo que subyace de la resolución es una "visión ideológica de la mayoría frenteamplista" que "domina" al Consejo Directivo de la institución. "No queremos restringir ningún derecho, la reforma no viola ningún tratado y ningún principio constitucional", aseguró el senador.
Y agregó que si la Inddhh "verdaderamente se preocupara y se ocupara de los derechos humanos", en lugar de "amagar criticar" y "colar" su resolución en la campaña electoral lo que debería hacer es pronunciarse a favor de ella.
Para Larrañaga, lo que sí hace la reforma es "defender el derecho de los uruguayos honestos y trabajadores que viven acechados por las rapiñas y por los hurtos". La reforma constitucional que impulsó Alianza Nacional y que recogió más de 405 mil adhesiones propone cuatro modificaciones a la Constitución en materia de seguridad. De esta manera, prevé la creación de una Guardia Nacional dotada de 2 mil militares, la creación de la figura de la reclusión permanente revisable, el cumplimiento efectivo de las penas y la regularización de los allanamientos nocturnos siempre que haya sospechas fundadas y una orden judicial.
El exdecano de la Facultad de Derecho, Alejandro Abal Oliú, que también integra junto a Ramírez la comisión técnica que defiende la reforma, remarcó que la Inddhh es un órgano creado por ley y no por la Constitución. "Según esta insólita teoría esbozada por la institución ahora la Corte Electoral tendría que juzgar los contenidos y ya no los procesos por los cuales se aprueba un plebiscito o un referéndum", ironizó y remató: "Es una locura".
Al igual que Ramírez -con quien redactó, entre otros abogados, la propuesta de reforma constitucional- Oliú cuestionó la "oportunidad" en la que la institución se pronunció. "Catorce días antes de las elecciones (internas) sale una resolución de esta naturaleza. ¿No suena raro?", se preguntó.
Los juristas descartaron que las medidas consistan en una regresión en materia de derechos humanos. Ramírez afirmó que la Constitución uruguaya debe ser entendida como "evolutiva" y que la prohibición de los allanamientos nocturnos fue pensada en 1830, en un contexto muy diferente al de 2019. Además, los abogados precisaron que en ningún otro país de América Latina están prohibidos los allanamientos en horas de la noche.
