Amenazas a víctimas y una supuesta red de trata: las razones detrás del desafuero de Gustavo Penadés

Así consta en el escrito entregado por la vicepresidenta Beatriz Argimón a los senadores que integran la Comisión de Constitución y al que accedió El Observador.

La fiscal informó al Senado, en el documento que remitió con fragmentos del expediente del caso, que hasta el momento son ocho víctimas las que declararon y que las aún menores de edad tienen entre 13 y 17 años. Además argumentó que hay otras cuatro víctimas que aún no han podido declarar.

Además fundamentó el pedido de desafuero en que pretende tomarle declaración anticipada ante la Justicia a las víctimas y a que le urge acceder a pruebas que hasta el momento le han sido negadas. 

Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad pasar el pedido de desafuero al pleno, que finalmente lo tratará este miércoles. En paralelo a esta decisión, el histórico dirigente del Herrerismo comunicó su renuncia al Partido Nacional y a distintos cargos que ocupaba en representación de los blancos. 

La fiscal advirtió además que el caso podría pasar a ser investigado por Crimen Organizado. “Es oportuno aclarar al Parlamento en ocasión de desafuero, que, si bien hasta el momento se han solicitado diversas medidas en los juzgados letrados en lo penal de capital, no descartamos que la investigación sea trasladada a los juzgados letrados especializados en Crimen Organizado, según el número de imputados que se reúnan en la investigación, que al momento son dos personas", afirma en relación a un pasaje del documento, consistente de unas 60 páginas. 

Sobre las pruebas que reunió hasta el momento, la fiscal hace referencia a "amenazas" que recibieron las víctimas de abuso. En particular menciona el caso de un adolescente de 17 años que fue encontrado muerto a balazos en Sayago, un crimen que todavía no fue aclarado. 

"Se ha hecho público a través de las redes, por Romina Papasso, una noticia acerca del homicidio de un adolescente de 17 años de edad, ocurrido en el día de ayer, a quien se lo vincula como posible víctima del denunciado Penadés", escribió Ghione en relación al asesinato que ocurrió el pasado 17 de abril. 

Por ese crimen fue citada a declarar Romina Celeste, quien había apuntado a una supuesta relación entre ese asesinato y una red de trata de menores. La fiscal señaló que podría ser un tema de drogas y "algunas de las víctimas declarantes aseguran que el joven asesinado había salido muchas veces con el senador Penadés".  

Al respecto de ese homicidio, la fiscal agregó que luego otros adolescentes también vinculados al senador se "asustaron" y no quisieron acercarse a prestar testimonio. Mencionó el caso de un adolescente de 15 años que declaró "muy asustado" haber sido amenazado por Instagram en un perfil que le solicitó amistad y le advirtió que no declarara porque él también había contactado a otros adolescentes. 

Pero no fue la única víctima que recibió amenazas. "La Fiscalía ha reunido información de otras posibles víctimas que presuntamente han recibido amenazas por la causa de explotación sexual". 

"Los investigadores de Fiscalía, en una carrera contra el tiempo, tratamos de ubicarlos", argumenta la fiscal de Delitos Sexuales en otro pasaje donde se refiere a que los "explotadores" siguieron teniendo aun durante la investigación "acceso fácil" a las víctimas. 

El rol de Sebastián Mauvezín

Junto a Penadés la Fiscalía tiene como indagado al profesor de Historia Sebastián Mauvezín, acusado de oficiar como "reclutador" de menores para el senador y otros adultos. 

Sobre Mauvezín la fiscal pidió que se levante el secreto bancario. "En ese marco se investiga también a Sebastián Mauvezín, quien cumpliría el rol de 'reclutador' de adolescentes, que los contacta con distintos hombres mayores de edad a fin de su explotación sexual, y a cambio de dinero", señala el escrito. 

"De esa labor de reclutamiento de los menores de edad, Mauvezín recibe intercambio de dinero por parte de los presuntos explotadores", agrega. 

Ghione afirmó que "en la mayoría de los casos" el contacto era realizado por Mauvezín, quien le buscaba "adolescentes al senador". Esto fue relatado por los adolescentes y las víctimas "hoy mayores de edad". 

"Y así también lo hacía el propio senador, de ahí la urgencia de ambos (junto con Mauvezín) de borrar la evidencia y cerrar las páginas de Instagram que aún podrían contener mensajes o que mostraban los perfiles que usaban", señala en ese sentido. 

Cámaras de moteles, perfiles en redes y otras pruebas

En otra parte del expediente remitido al Parlamento consta que Ghione pidió al motel Séptimo Cielo de Montevideo las cámaras de vigilancia del lugar, con urgencia, ya que los registros se borran luego de dos meses.

"La Fiscalía está en conocimiento de que este hotel tiene cámaras que filman el ingreso de los vehículos por razones de seguridad de al menos dos meses; pero ya lo hemos hablado con el gerente del hotel y también lo hemos solicitado formalmente por mail pero las filmaciones no han sido entregadas", advierte Ghione en la fundamentación del petitorio librado para pedir esos registros. 

También pidió a la empresa Meta, propietaria de redes como Instagram y Facebook, que informe los datos de registro de Mauvezín y direcciones IP, tanto para la creación como para el acceso hasta el presente, con indicación de fechas y hora.