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Ancap levantará recurso de su sindicato y seguirá adelante para sumar un privado al negocio del pórtland
A mediados de este mes la Federación de Ancap (Fancap) presentó un recurso administrativo ante el Directorio del ente que dejó temporalmente suspendido el procedimiento competitivo para incorporar un socio privado al negocio del pórtland.
Consultado sobre el tema, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, afirmó que este jueves el Directorio levantará el recurso. “Lo vamos a levantar en función de que la demora causa perjuicios y pone en riesgo el proceso, y eso genera potenciales pérdidas mayores para el negocio. El argumento es una traba administrativa válida, pero que se levanta relativamente fácil”, aseguró a El Observador.
En las próximas horas, la empresa estatal también comunicará que la primera etapa del proceso se extiende hasta el 15 de noviembre.
“No vamos a hacer lugar al recurso porque tenemos pruebas de que eso va en contra y afecta los márgenes de Ancap. Es perdidoso y no es un buen negocio para Ancap”, había dicho a El Observador días atrás el representante del Partido Nacional en el Directorio del ente, Richard Charamelo.
El llamado en marcha prevé dos etapas. Por un lado, una etapa preparatoria que se reactivaría y que consiste en la convocatoria a expresiones de interés y acceso a información detallada de los negocios de cemento y cal. También prevé reuniones con los interesados a fin de intercambiar consideraciones sobre la visión futura de los negocios y las posibles formas de asociación.
En estos días Ancap ya recibió varios planteos de empresas, pero no pudo responderlos dado que el recurso dio lugar a un efecto suspensivo que impidió al ente la realización de cualquier acción.
La segunda etapa es la contratación. En función de los elementos surgidos en la etapa anterior, Ancap elaborará las bases y condiciones del llamado público a asociación y definirá los términos de la convocatoria.
Las etapas son independientes y no vinculantes, por lo que no es excluyente la participación en la etapa de llamado a expresiones de interés y diálogo competitivo para poder participar de la licitación para la contratación posteriormente.
Por esa vía se apunta a “revertir la situación económica deficitaria” que desde hace 20 años tiene esa área de producción de la empresa, y también “realizar las inversiones requeridas para restablecer la competitividad en el mercado nacional”, había señalado la empresa. El data room técnico realizado meses atrás tuvo 17 interesados.
La división pórtland acumula números en rojo desde hace dos décadas años, con pérdidas de unos US$ 10 millones anuales en promedio. Ancap espera cerrar el proceso en el primer semestre del año que viene, según han manifestado sus autoridades.
“Procedimiento inconstitucional”
La semana pasada Fancap presentó un documento elaborado por el abogado y catedrático de derecho administrativo, grado cuatro de la Universidad de la República, Álvaro Richino, a través del cual se afirmó que el procedimiento que lleva adelante Ancap es “inconstitucional”, consignó El País.
“El recurso tiene que ser recibido y analizado. En caso de que sea rechazado por Ancap, se habría agotado con la vía administrativa y se habilita la presentación de una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)”, afirmó Richino en esa oportunidad.
Los cambios en el negocio del supergás
Desde su construcción, dichas plantas –propiedad de Ancap– han sido operadas por las distribuidoras Acodike y Riogas a partir de contratos de alquiler, que también incluyen conceptos que regulan la relación entre los actores de la distribución de supergás. Estos contratos vencen en febrero de 2023 y ya se había anunciado que no serían renovados en las actuales condiciones
La licitación aprobada por el Directorio fue impugnada por las empresas distribuidoras de supergás vía un recurso administrativo contra la decisión. “A la brevedad vamos a levantarlo y vamos a seguir adelante con el llamado. Fue un recurso muy administrativo, muy de formalidades. Vamos a decir que se cumplieron todas las formalidades y que no hay fundamentos para ese recurso”, dijo Stipanicic a El Observador.
