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13 de mayo 2021 - 5:01hs

El Poder Ejecutivo se apresta a poner en marcha la reforma integral del mercado de combustibles, que planea implementar de manera gradual a partir de este año, y en cuatro etapas.

Un primer paso, hasta ahora postergado, se daría el mes próximo cuando se empezaría a aplicar el mecanismo de fijación de tarifas que tendrá como referencia el Precio Paridad de Importación (PPI) relevado mensualmente por el Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Cuando entre a regir en plenitud ese sistema, todos los meses se utilizará como base el PPI, es decir, el precio (teórico) que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que comercializa Ancap, más un factor (X de sobreprecio) de ajuste diferenciado para cada producto, que irá disminuyendo hasta converger de manera gradual a los valores de PPI en un plazo máximo de tres años, y cumpliendo hitos de avances mínimos anuales.

Ese cambio forma parte de la etapa 0, en donde también se prevé que entre el precio de planta de Ancap y el precio máximo se interpondrá un precio máximo intermedio transitorio (precio en que los distribuidores venden a las estaciones) que determinará la Ursea.

El Poder Ejecutivo considera que en esta etapa transitoria, la regulación del mercado de combustibles hasta hoy ejercida a través de Ancap debe ser asumida por Ursea. Aunque en esta etapa todavía no habrá cambios de peso en las reglas de juego, sí se entiende necesario ir ajustando el marco legal y reglamentario, mientras  la Ursea se prepara para diseñar y aplicar las nuevas reglas a partir de las políticas que dicte el Poder Ejecutivo.

El pedido del MIEM

En ese contexto y a partir de un exhorto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Directorio de Ancap resolvió el martes denunciar los contratos de distribución sin plazo que actualmente une al ente con los sellos Ducsa, Axion y Petrobras (hoy en manos de DISA), que se darán por terminados el próximo 1° de julio, según la resolución a la que accedió El Observador.

La decisión adoptada por mayoría del Directorio también abarca a contratos de suministro con grandes clientes como Dikamsa, Alur, Gasur, Acodike, Riogas, Conaprole, Cutcsa, AFE y la Intendencia de Paysandú.

El Poder Ejecutivo entiende que los nuevos contratos deberán considerar las modificaciones del sector previstas en la ley de Urgente Consideración (LUC), y en los decretos posteriores que están comenzando a dictarse. En ese sentido se considera que los acuerdos “deberán ser esencialmente de suministro de combustibles, evitando cualquier regulación contractual sobre el funcionamiento del mercado”, dice el documento enviado en febrero pasado al Parlamento.

Los contratos celebrados anteriormente además de establecer requisitos entre las partes, también incluían los requisitos que debían cumplir los otros actores de la cadena, como transportistas y estacioneros. “Ancap ha venido cubriendo roles de regulador, proveedor y operador comercial en el sistema de distribución”, dice el informe del Comité de Expertos publicado en diciembre de 2020.

En el esquema ahora propuesto para el mercado, las condiciones de los contratos futuros las negociará Ancap con cada sello, pero de acuerdo con los criterios que defina la Ursea en el marco de la nueva regulación. El ente ya no tendrá injerencia en lo que pase en el resto de la cadena, es decir de la puerta de sus terminales hacia afuera.

 “Será la Ursea la que dictamine qué se va a hacer con los contratos de distribución. Ya no va a ser Ancap el que los haga directamente, sino que le van a fijar las condiciones con las cuales va a vender a los sellos (…) El exhorto del MIEM es a no innovar y a que todo lo que venga vinculado a lo que dice la LUC tiene que ser pasado a la Ursea”, dijo a El Observador, el director de Ancap por el Partido Nacional, Richard Charamelo.

Además, existen dos fallos arbitrales a partir de dos procesos promovidos por Axion y Petrobras en el pasado, donde se dictamina que las partes tienen que negociar de buena fe nuevos contratos. Con la renegociación también se estaría cumpliendo con lo dispuesto por los fallos arbitrales.

Nicolás Scafiezzo Refinería de La Teja.

Ancap tampoco podrá seguir otorgando permisos de nuevas estaciones o aprobar el traslado de puntos de ventas. De hecho el ente ya remitió a la Ursea una lista de 12 puestos de venta que tienen en proceso alguno de estos trámites y que todavía no están operativos. Ahora será el regulador quién deberá expedirse.

Por otro lado, el MIEM le encomendó esta semana a la Ursea la aprobación de una reglamentación que contemple varios puntos, como la definición de las nuevas condiciones y requisitos para ser distribuidor de combustibles, y para operar una estación de servicio, así como cláusulas prohibidas en contratos del sector, entre otros puntos.

También se deberá definir la metodología que aplicará Ursea para determinar técnicamente un precio máximo de venta de combustibles de las empresas distribuidoras a las estaciones de venta que integren su red. La fecha  límite sugerida para contemplar esos aspectos es enero de 2022.

“Improvisación e incertidumbre”, según director del FA

El representante del Frente Amplio en el Directorio de Ancap, Walter Sosa, no acompañó la decisión de denunciar los contratos, y argumentó que todavía no se tiene la nueva regulación de Ursea en el marco del artículo 228 de la LUC, aun cuando ya pasaron 10 meses desde la promulgación de la ley. También señaló que la Asamblea General del Parlamento no analizó ni definió si adoptará posición sobre el informe con recomendaciones que envió el Poder Ejecutivo para el mercado de combustibles.
Sosa añadió que tampoco conoce el texto de los borradores de los contratos de suministro que se pretenden promover con los clientes de Ancap.
“Estas indefiniciones a su vez no permiten aquilatar cuál será el impacto que podrían tener en Ancap y en toda la cadena del sector y, por ende, en el abastecimiento y sostenibilidad del sistema. (…) Todo lo anterior genera un nuevo escenario de inestabilidad que sumado al preexistente en Ancap, tanto en materia económica financiera como por las limitaciones para realizar las necesarias inversiones, ingreso de personal, gastos operativos, etcétera; agravan la situación. En síntesis, este exhorto del MIEM y la resolución que el Directorio de Ancap aprobó por mayoría agregan un capítulo más de improvisación e incertidumbre”, argumentó Sosa al votar negativo, según el escrito al que accedió El Observador.
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