Escaló como suelen explotar los escándalos en Twitter. Si bien la polémica no comenzó ahí, tomó una vertiginosa dinámica de red social gracias dos eximios tuiteros como son los argentinos Alberto Fernández y Patricia Bullrich, además de presidentes (él de Argentina y ella del partido Propuesta Republicana). Una denuncia, doblemente desmentida, por supuestas coimas en la fallida negociación oficial con el laboratorio Pfizer fue la mecha que encendió la bomba. La pelea irá, ahora, a la Justicia: según adelantó el jefe de Estado, le iniciará acciones legales a la dirigente macrista cuando termine el decretado confinamiento, el lunes 31.
"Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de Astrazeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba". El relato de la exministra de Seguridad macrista en el canal LN+ fue desmentido, primero, por el propio laboratorio. "Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios", fue el comunicado de la empresa farmacéutica. Y luego desde el propio gobierno.
La fallida negociación con Pfizer fue utilizada por la oposición para sembrar sospechas en paralelo al vacunatorio VIP, el escándalo que hirió al operativo de inoculación oficial ante la opinión pública. En la Casa Rosada no querían volver a manchar el mantra de "vacunar, vacunas y vacunar", en el inicio de un nuevo confinamiento y cuando se pretendía celebrar un arribo récord de dosis. Este mismo martes, con su par mexicano Andrés López Obrador, Fernández festejará el cumplimiento de la promesa de recibir 4 millones de las demoradas vacunas de Astrazeneca con producción nacional.
Durante la pelea política, que fue amplificada por funcionarios, arribó al aeropuerto de Ezeiza un lote de 609.965 dosis del componente 1 de la Sputnik V. En 48 horas, Argentina recibió un total de 1.657.565 vacunas.
Después de Pfizer llegó la desmentida del exministro González García, que habló para, después de su carta de renuncia hace tres meses, volver a minimizar la polémica que lo terminó eyectado de la función pública. "Decirlo sin ninguna prueba, impunemente favoreciendo el odio, la desesperanza, y además metiéndose nada menos que con el honor de la persona y sin ni siquiera dar la mínima prueba", le reprochó a Bullrich. El sanitarista, que insistió con la versión de que el término "negligencia" en una ley frustró las negociaciones, también anticipó acciones legales.
La jefa de Propuesta Republicana (PRO) no se quedó atrás. Por Twitter, negó que Pfizer la hubiera desmentido. "(González García) delegó la negociación en una exempleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K", insistió Bullrich.
"He instruido a mis abogados a que el próximo lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación", anunció, poco después, también en su cuenta de Twitter, Fernández. "En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad", le dedicó.
En despachos oficiales la indignación reinó y el nombre de Bullrich sonó como una "lección ejemplificadora" de que "hay un límite para injuriar". Otro análisis menos jurídico y más político sostuvo que la subían a un ring electoral (quiere ser candidata por Ciudad) en desmedro de su propio jefe político, Mauricio Macri, y otros emergentes del espacio, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
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