Victoria Mujica y Joaquín Silva
Luego de siete meses de indagatoria policial, la fiscalía logró que la justicia imputara a 18 personas por el caso de explotación sexual a menores, una investigación que todavía no culmina porque hay más requeridos. Los investigadores de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, que llevan adelante el caso dirigido por la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera, realizaron más de 20 allanamientos en tres semanas y encontraron pruebas que vinculan a ciudadanos argentinos y brasileños.
Según dijeron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior, las pruebas recabadas en el marco de la Operación Oceáno también permitieron detectar que al menos uno de los uruguayos involucrados en el operativo se fue del país. Sobre todos ellos se pedirá la captura, explicaron las fuentes. En total hay aproximadamente diez adolescentes identificadas como víctimas y cerca de 30 hombres involucrados como victimarios, por lo que las detenciones continuarán en los próximos días.
La mayoría de los imputados hasta el momento han sido penalizados por delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, salvo en dos casos en los que además se imputó un delito de contribución a la explotación sexual. La fiscalía había solicitado que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", aunque la justicia no aceptó ese pedido en todos los casos.
En la última audiencia, que tuvo lugar este miércoles, también hubo dos indagados que fueron acusados de reiterados delitos de proxenetismo: una mujer y un empresario paraguayo de 48 años, el único que recibió como medida cautelar 60 días de prisión preventiva, porque la justicia aceptó la advertencia de la fiscalía de había riesgo de fuga. Viera planteó que el extranjero tiene antecedentes penales –fue procesado en Maldonado por estafa y falsificación de moneda en 2009–, además de que su participación en la trama es mayor a la de otros imputados porque cumplía un rol intermediario para obtener beneficios económicos de la explotación sexual de las víctimas.
Por esta causa –que es "histórica por la cantidad de gente formalizada", señalaron los informantes– fueron imputados un exjuez de menores; uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas; el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz; un arquitecto, un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua; un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo; además de varios empresarios, más profesionales, psicólogos y algunos docentes.
Entre los empresarios que hoy enfrentan un proceso penal, está Ariel Pfeffer, directivo de Endeavor y uno de los promotores de la iniciativa empresarial "NoscuidamosEntreTodos", que este jueves emitió un comunicado a la opinión pública en el que afirmó tener la "certeza de que durante el proceso que se inicia quedará probada" su "absoluta inocencia".
Dos puntos de inicio
Los últimos días fueron particularmente intensos para los policías de Interpol. Muchos están "casi sin dormir", contaron las fuentes, porque los allanamientos de la Operación Océano se realizan a cualquier hora del día, y requiere mucho trabajo de "información, análisis de información e inteligencia" antes de llevarlos a cabo.
Por lo general, un grupo de efectivos vestidos de civil se instalan en la cuadra o cerca de la zona donde viven los indagados, para determinar con precisión que esas personas sean en efecto las que están buscando. "Paramos con el auto, vemos su rutina, confirmamos que la dirección es correcta, y hacemos una vigilancia antes de proceder a la detención", contaron los informantes.
La investigación policial tiene dos puntos de inicio. El primero data de noviembre del año pasado, cuando una persona que estaba caminando por una calle en Maldonado advirtió que un hombre discutía a los gritos y "forcejeaba" con dos adolescentes, y decidió llamar a la policía.
"Las jóvenes dijeron que él había abusado de una de ellas y el hombre dijo que no era cierto, que eran amigas que conocía de antes", contaron. El hombre que dio esa excusa es el paraguayo que fue imputado por proxenetismo este miércoles.
La denuncia quedó ingresada, y a los dos días una de las adolescentes subió un video a su cuenta de Facebook en el que aparecía el hoy imputado manteniendo relaciones sexuales. El empresario de Paraguay decidió entonces denunciarla por difamación, lo que dio inicio a una de las líneas de investigación. Esta punta se profundizó en Montevideo, porque la menor denunciada vivía en la capital.
Meses después, en marzo de este año, el Departamento de Registro de Personas Ausentes del Ministerio del Interior comenzó a rastrear los pasos de una adolescente que había desaparecido ese mes. Su cuerpo fue encontrado flotando días después en el arroyo Solís Chico (Canelones), pero para entonces los policías de esta unidad habían observado que la joven pertenecía a un grupo de adolescentes que tenían sexo con adultos a cambio de dinero, droga o ingresos a fiestas privadas.
Asimismo, los policías constataron que detrás había "un mundo de explotación sexual de menores", dijeron las fuentes, quienes explicaron que así es como habitualmente ocurre cuando se indaga sobre la desaparición de personas. "Recolectan muchos datos primarios que luego apoyan investigaciones importantes, como ocurrió en este caso", dijeron.
Los funcionarios de esa unidad encontraron que esta menor había mantenido relaciones sexuales con el imputado paraguayo y con otro adulto en un hotel, "y fue así como ambos casos empezaron a vincularse".
El informe forense determinó que la adolescente se suicidó aunque dentro del equipo de investigadores hay quienes no separan una tragedia de la otra. "Una adolescente que está metida en esta trama seguro sufre algún tipo de presión o daño: trataban a su cuerpo como un objeto", indicaron.