Si “Educación, educación, educación” fue el caballito de batalla del expresidente José Mujica, el “Asentamientos Cero” fue la promesa/obsesión del actual presidente Luis Lacalle Pou, desde que se lo recuerda haciendo campaña. Este ambicioso objetivo, que de una u otra manera han intentado abordar casi todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, se vio interrumpido en esta administración por una realidad que no estaba en los planes de nadie: la emergencia sanitaria generada por un virus que aún no da tregua. Con la Rendición de Cuentas presentada ante el Parlamento, el gobierno intenta pedirle permiso a la pandemia para construir el país que el presidente electo prometió en campaña.
Más de 60.000 familias uruguayas viven en asentamientos, según cifras de 2018. Seguramente sean muchas más. Hay discusiones magras sobre si son 150.000 o más de 200.000 los uruguayos que habitan entre el barro y las heces, en pseudo viviendas que no satisfacen casi ninguna de las necesidades básicas, colgados de los cables, sin saneamiento y a veces hasta sin un baño que parezca un baño. La polémica se arrastra en Uruguay desde hace décadas, pero las soluciones siempre han sido parciales e insuficientes, por encima de partidos y políticas específicas.
La prueba más clara está a 20 minutos del Centro de Montevideo, pero también presente en todos los departamentos. La prueba más clara son los miles de uruguayos que siguen viviendo, o que deben mudarse, a estos barrios irregulares. Nadie elige vivir en un asentamiento porque le gusta, una obviedad que elegimos olvidar casi todos los días.
Casi todos los gobiernos intentaron, con mayor o menor énfasis, enfrentar este desafío pero casi nunca proyectando la erradicación. Lacalle Pou quiere “asentamientos cero” y sueña con que ese objetivo cumplido sea la herencia de su gobierno que se recuerde en los libros de historia. Será difícil, sobre todo si se considera que el fenómeno no va siempre de la mano ni siquiera de los vaivenes económicos. El 1° de octubre de 2019 el candidato Lacalle Pou tuiteó:
Una semana atrás Lacalle Pou se reunió con los líderes de la coalición y luego anunció en Twitter que se creará, a través de la Rendición de Cuentas, un fideicomiso para avanzar más rápido en la regularización y relocalización de asentamientos. No es casualidad que haya etiquetado (mencionado con @) a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, de Cabildo Abierto. Todos los coaligados quieren un pedazo de esta torta que se nutre de miseria y la reunión, la segunda entre todos los líderes desde que comenzó el gobierno, no por casualidad consideró este tema.
El número de asentamientos y de personas que viven en ellos es motivo de polémica, sobre todo porque los datos oficiales con los que se cuentan datan del Censo de 2011. El hecho mismo de que en Uruguay no haya estudios oficiales actualizados demuestra el abandono en que hemos dejado a estos 150.00 o 200.000 (ojalá que no más) compatriotas.
Un estudio de la ONG Techo, que trabaja construyendo viviendas básicas en estos barrios, identificó en 2019 657 asentamientos en los que vivían 200.000 personas. Esta organización que congrega sobre todo a jóvenes, ha hecho mucho en primer lugar a la hora de crear conciencia con sus tradicionales “juntadas” de dinero en la calle. Su sistema de trabajo es admirable, y he visto cómo le cambian la vida a una familia en un fin de semana con una casa de madera básica pero digna, separada del barro y la mugre que invade a la mayoría de los asentamientos. Pero es una solución parcial y temporal. Las casas de Techo son una bendición pero no erradican la indignidad de vivir en un lugar no adecuado.
Lo anterior es consecuencia de la pobreza, sí, pero sobre todo de una falta de acceso a la vivienda que no solo tiene que ver con dinero, o al menos no únicamente, y que afecta mucho a las familias más pobres pero también a otros grupos de la sociedad uruguaya. El informe de la ONG señaló entonces que el acceso a la vivienda propia o en alquiler en Uruguay es muy difícil o directamente imposible y que quienes acceden lo hacen en general por herencia o a través de créditos que deben pagar durante casi toda la vida.
Luego de una reducción de 11% en la cantidad de asentamientos entre 2006 y 2011, en los siguiente cinco años volvieron a crecer a un ritmo de 10% anual. Entre 2017 y 2018 la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) registró 607 asentamientos en todo el país, de los cuales 45 surgieron después de 2011. En ese estudio también queda asentado que la mayoría de quienes terminan viviendo en estos barrios lo hacen por “goteo” y no por un sistema organizado que los lleva hasta un asentamiento (sólo el 7%).
Detrás de las cifras, de cuántas asentamientos, de cuántos viviendas, de cuántos millones de dólares para hacer una calle o para reubicar familias se necesitan, hay unos 200.000 uruguayos que viven en condiciones infrahumanas. De ellos, como siempre sucede en la pobreza, la mayoría son niños que no conocen otra forma de vida que bajo un techo de chapa, una estructura precaria y una humedad y frío que les cala los huesos.
En marzo de 2014 Lacalle Pou señalaba al gobierno del Frente Amplio como “100% incapaz, cuando no ha tenido incidencia directa en la conformación de esta vivienda informal”. Con los gobiernos del FA, dijo, los “asentamientos llegaron a convertirse en una verdadera industria impulsada por motivos electorales o ideológicos (...) En Montevideo, el mayor número de ocupaciones de tierras se produjo durante los años en los que fue intendente el doctor Tabaré Vázquez”.
El discurso se moderó un tanto cuando el precandidato a la interna se convirtió en candidato presidencial. En su programa de gobierno propuso erradicar los asentamientos “en un horizonte de diez años”. En marzo, en su discurso ante la Asamblea General, también hubo lugar para el tema: “Nuestro Gobierno tiene asumido un compromiso claro con cerca de 190.000 uruguayos, que, a pesar de la bonanza económica de estos años, viven en asentamientos. Sabemos que ese tema no se resuelve en cinco años, pero es fundamental mejorar y acelerar las soluciones habitacionales para estas familias”, dijo Lacalle Pou.
El colorado Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda, es una de las piezas clave del presidente en lo que hace a asentamientos. Su cálculo parece atinado y está muy lejos del monto que maneja este fideicomiso, por ahora; en entrevista con El Observador dijo a principios de junio que erradicar 600 asentamientos costaría cerca de US$ 2.000 millones. “Eso supera la posibilidad de cualquier gobierno”. “En los últimos 25 años los asentamientos han continuado en aumento a pesar del esfuerzo de todos los gobiernos”.
El presidente tiene una promesa enorme por cumplir, una que si no logra solucionar al menos en buena parte, será recordada como un triste meme a lo “Educación, educación, educación”. La promesa, si bien es del presidente, involucra ya a toda la coalición y su incumplimiento se le podría “cobrar” a toda la coalición, en particular a Cabildo Abierto, que además está en la búsqueda constante de visibilidad para intentar que el “fenómeno” de 2019 se convierta en un partido asentado.
Si la puja de protagonismos no se vuelve desmedida, todos deberían ser lo suficientemente inteligentes para cinchar para el mismo lado. Pero en política, se sabe, esto no abunda.
El otro desafío del presidente es lograr esos 10 años, o 20, más allá de quién gane las elecciones. En teoría todos los uruguayos queremos que se erradiquen los asentamientos, y sin embargo ningún gobierno lo ha logrado.
En la Rendición de Cuenta se abre un capítulo que puede ser EL capítulo clave de un gobierno que indefectiblemente será recordado por la gestión de una pandemia, pero también por la de la crisis que generó y por lo que logró o no hacer a pesar de todo lo anterior. Los votantes no solemos ser gentiles a la hora de perdonar, incluso si hay explicaciones plausibles. Jorge Batlle y las calamidades que le tocaron en su gobierno, son prueba de ello.
