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Asentamientos: las "decisiones políticas" que debe tomar el gobierno para definir cómo usar los recursos
Los senadores discuten de dónde sacar los recursos para el fideicomiso sobre asentamientos. El gobierno define cómo usar ese dinero. Mientras, un particular avisa en redes sociales que tiene un terreno a disposición para los que quieran ir a “marcarlo”. El Ministerio de Vivienda reacciona y junto con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior logran, al menos por ahora, frenar la posible conformación de un nuevo asentamiento en camino Repetto, cerca del arroyo Manga.
La realidad, coinciden todos los que trabajan en este tema, avanza mucho más rápido que las respuestas que pueden llegar en forma de política pública. Sin embargo, administraciones de todos los partidos intentan buscarle una solución a este tema y lo primero en lo que se pone el foco es en los recursos que siempre son menos de los necesarios. En la Rendición de Cuentas, el gobierno intenta crear un fideicomiso de unos US$ 100 millones quitándole dinero al Instituto de Colonización para fortalecer los programas de erradicación de asentamientos. Pero, ¿Cómo se van a usar esos recursos?
“En Uruguay, y en otras partes del mundo, terminamos discutiendo sobre la fuente de financiamiento y no sobre el destino (de los recursos)”, resumió el economista Grabiel Oddone entrevistado por radio Sarandí el lunes 27. La falta de recursos, agregó el socio de CPA Ferrere, termina siendo un argumento que se “utiliza” para no hacer algo que sería “costoso políticamente” decir que no se quiere hacer.
Y mientras en el Parlamento los senadores buscan alternativas para no quitarle recursos al Instituto de Colonización, el Poder Ejecutivo todavía no tiene claro cómo y en dónde va a utilizar el dinero. A grandes rasgos, la idea es profundizar los programas que ya existen, agregando las distintas herramientas aprobadas en esta administración –como la declaración de emergencia sociohabitacional-,
“El fideicomiso nos ayudará a profundizar y ampliar los programas que estamos ejecutando en nuestro ministerio. Es por ello por lo que lo consideramos una herramienta para continuar ejecutando las políticas públicas creadas en esta administración y dirigidas a esta temática”, según dijo en el Parlamento la ministra de Vivienda, Irene Moreira.
Pero todavía faltan tomar “decisiones políticas” junto con el presidente, Luis Lacalle, para definir cómo se van a usar los recursos, según dijeron a El Observador fuentes del Ministerio de Vivienda.
En el gobierno estiman que con los US$ 100 millones del fideicomiso, que permite duplicar el gasto promedio en este rubro, podrán intervenir o relocalizar unos 25 asentamientos. ¿Cuáles van a ser? Todavía no está definido. Si la distribución de la plata se hace proporcional a la cantidad de asentamientos, el 70% de los recursos terminaría en Montevideo y Canelones. Esta posibilidad, entienden en el ministerio, alimenta la contraposición, que sobrevuela la discusión parlamentaria, de campo versus ciudad.
La otra posibilidad, que ya se manejó en conversaciones con el presidente, es intervenir al menos un asentamiento por departamento. La intención de la cartera de Vivienda, en tanto, es utilizar cerca del 70% de los recursos directamente en la vivienda y el restante 30% en el barrio. “70% casa, 30% foco de luz y cuneta”, graficó una fuente. El ya existente Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), sin embargo, distribuye los recursos al revés.
De todos modos, la cartera no se cierra a utilizar solo el PMB sino que también apelará al Plan Juntos y al Plan Nacional de Relocalizaciones. La idea es priorizar aquellos asentamientos que estén en terreno público y que cumplan con la Ley de Ordenamiento Territorial porque, si cumplen con esas condiciones, es más fácil y más rápido intervenir.
Otro elemento que puso la Ley de Urgente Consideración (LUC) sobre la mesa es la posibilidad de que Mevir intervenga en asentamientos que sean urbanos. “Un asentamiento en Artigas o Rivera puede tener un componente mucho más rural que de ciudad”, agregó la fuente. Por eso, el organismo de las viviendas rurales sería más adecuado que otros programas. Al mismo tiempo, la idea es trabajar en coordinación con las intendencias para hacer más efectivo el trabajo.
La experiencia
La intervención en asentamientos se divide en dos grandes “circunstancias”. Por un lado están aquellos que ubicados en zonas no aptas para urbanización (terrenos inundables, contaminados, etc.) deben ser relocalizados y, por otro, los que pueden ser intervenidos en el mismo lugar.
La experiencia internacional, que también se ha aplicado en Uruguay en las últimas décadas, dice que lo ideal es reconfigurar los asentamientos en el lugar y no moverlos siempre y cuando estén cerca de servicios, según dijo a El Observador el director del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Lucio De Souza. Para el académico es fundamental “construir ciudad” y no enfocarse solo en la vivienda porque las respuestas que se centran en ese aspecto “históricamente han dado malos resultados”.
“Piensen qué van a hacer estos niños en unos años en este barrio”. La frase, que ahora recuerda De Souza, la dijo el geógrafo e intelectual inglés, David Harvey, en noviembre de 2015 durante una recorrida por las obras del Plan Juntos en Batlle Berres junto a autoridades locales.
El sentido es el mismo: la necesidad de brindarle oportunidades de formación a los niños más allá de lo que puede ofrecer la escuela.
La respuesta, agrega De Souza, debe ser integral para ser efectiva en el largo plazo aunque reconoce la dificultad que genera la falta de recursos.
A todo esto, si finalmente se aprueba el fideicomiso y se lo nutre con recursos, el gobierno podrá intervenir en 25 asentamientos (de los 600 que hay en Uruguay), en el mejor de los escenarios, recién a mediados de 2022.
